Vox y PP han solicitado al Tribunal de Cuentas que abra una investigación por posible responsabilidad contable en la Diputación de Badajoz, a raíz de la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la plaza que se le adjudicó de forma irregular, según la sentencia, en la institución provincial pacense.
En sendos escritos de denuncia, a los que ha tenido acceso Europa Press, ambas formaciones piden al órgano fiscalizador que incoe actuaciones previas y requiera diversa documentación a la Diputación de Badajoz.
Vox reclama que se solicite “información y documentación adicional acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas” en relación con los contratos enjuiciados, “incluyendo hasta la fecha actual, así como de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos”.
El partido de Santiago Abascal sostiene que existen “indicios racionales” de que los importes satisfechos por la Diputación de Badajoz al hermano de Sánchez con cargo a fondos públicos alcanzaron los 280.845,63 euros entre 2017 y 2024.
“Este es un saldo deudor injustificado en las cuentas de dicha entidad, en la medida en que los puestos de trabajo habría sido creado y provisto de forma irregular y la persona perceptora no habría desarrollado de forma efectiva y regular las funciones inherentes al mismo. Por tanto, es susceptible de generar responsabilidad contable para el propio perceptor y para quienes autorizaron, ordenaron o no impidieron dichos pagos”, expone Vox en su denuncia.
Además, la formación pone el acento en que resulta “igualmente procedente” que el Tribunal de Cuentas requiera a la Diputación de Badajoz datos sobre las retribuciones abonadas a Luis María Carrero, que fue asesor en la Presidencia del Gobierno y posteriormente ocupó un puesto en la institución provincial.
Vox subraya que, en la documentación remitida, no figura informe alguno sobre las cantidades cobradas ni sobre las tareas efectivamente realizadas por Carrero en ese puesto, “a diferencia de lo sí documentado respecto de David Sánchez”.
Con ello, pretende “esclarecer si dichas cantidades guardan la debida correspondencia con una prestación de servicios efectiva o si, por el contrario, pudieran constituir un saldo deudor injustificado (alcance) susceptible de generar responsabilidad contable”.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS DE “MENOSCABO”
Por su parte, el PP solicita que se requiera a la Diputación de Badajoz la remisión de los expedientes de creación, provisión y modificación de las plazas ocupadas por Sánchez y Carrero, así como los contratos, nóminas, posibles indemnizaciones y una relación de los medios materiales y personales puestos a su disposición.
Los populares también interesan que se practique una liquidación provisional del alcance y que la pesquisa se amplíe tanto a los perceptores como a los gestores ya identificados, además de “a cualesquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando las responsabilidades contables directas y subsidiarias”.
El objetivo es que, una vez cuantificado el alcance, “se ejerciten las acciones de responsabilidad contable frente a quienes resulten responsables, con reintegro de cantidades e intereses”.
Los 'populares' argumentan que “concurren indiciariamente la condición de gestores de fondos públicos, conducta contraria a la normativa presupuestaria y de personal, daño económicamente evaluable; y relación de causalidad”, y recalcan que la jurisdicción contable es independiente y compatible con la penal, “sin que el resultado penal impida exigir la responsabilidad contable por los mismos hechos”.
Sin perjuicio de la liquidación definitiva que corresponda al Tribunal de Cuentas, el PP calcula de forma “provisional, orientativa y no vinculante” que el puesto de Sánchez como “coordinador/jefe de la Oficina de Artes Escénicas” generó 416.798,82 euros en retribuciones, mientras que el de Carrero como “jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas” supuso 113.200,76 euros, lo que se traduciría en un “menoscabo provisional” cercano a 530.000 euros entre ambos.
Asimismo, remarcan que “la responsabilidad contable no se circunscribe al perceptor de las retribuciones, sino que alcanza a quienes, en el ejercicio de funciones de gestión, manejo o administración de fondos públicos, intervinieron en la creación, provisión, informe, aprobación, modificación o mantenimiento de las plazas”.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Sánchez y Carrero a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.