La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este sábado 14 de noviembre que la Dirección General de la Guardia Civil continúa exigiendo informes y pruebas médicas a agentes que se encuentran de baja, pese a que esta obligación fue eliminada de la normativa que regula la incapacidad temporal del personal del Cuerpo. La organización considera que se está utilizando un modelo de citación anterior a la legislación vigente que puede vulnerar el derecho a la protección de datos personales y ha decidido trasladar el caso al delegado de Protección de Datos de la Guardia Civil.
La controversia surge a raíz de una citación para reconocimiento médico remitida a un agente en situación de incapacidad temporal, en la que se le ordenaba acudir con "las pruebas e informes médicos actualizados de su patología". Según denuncia AUGC, esta exigencia reproduce una obligación que ya fue cuestionada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y que el Consejo de Estado obligó a retirar durante la tramitación del Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero, que regula la gestión de las bajas médicas de los guardias civiles y se encuentra en vigor desde el pasado 26 de febrero.
Los servicios jurídicos de la asociación han facilitado al agente afectado un escrito dirigido al responsable de Protección de Datos de la institución para solicitar que se corrija esta práctica. AUGC reclama que se elimine cualquier referencia a la obligatoriedad de aportar documentación clínica, que se informe expresamente a los trabajadores de su carácter voluntario y que todas las unidades dejen de utilizar los formularios anteriores a la nueva regulación. La asociación concede un plazo de dos meses para obtener respuesta y advierte de que, si no se atiende su reclamación, estudiará acudir directamente a la AEPD.
El conflicto se produce después de meses de enfrentamientos entre los representantes profesionales y la Dirección General por la aplicación del nuevo sistema de incapacidad temporal. Aunque la normativa de febrero pretendía unificar los procedimientos de seguimiento y control de las bajas, AUGC sostiene que determinadas instrucciones internas han mantenido obligaciones que quedaron fuera del texto finalmente aprobado.
Un formulario anterior a la ley que sigue exigiendo documentación médica
El origen inmediato de la denuncia está en un modelo de citación incluido en unas instrucciones del Mando de Personal de diciembre de 2024, cuando todavía no se había aprobado el actual real decreto sobre incapacidad temporal. Estas instrucciones fueron sustituidas por otras en abril de 2026, pero, según la documentación descrita por AUGC, el formulario anterior continúa utilizándose para convocar a agentes de baja a reconocimientos médicos.
El escrito no solo solicita que el trabajador acuda con sus informes y pruebas diagnósticas, sino que también contiene una advertencia sobre las posibles consecuencias disciplinarias de negarse injustificadamente a un reconocimiento o a las pruebas médicas correspondientes. La asociación considera especialmente problemático que ambas indicaciones aparezcan juntas, porque pueden inducir al agente a interpretar que la entrega de toda su documentación clínica es una obligación cuyo incumplimiento podría ser sancionado.
La organización recuerda que la Guardia Civil mantiene una estructura jerarquizada y un régimen disciplinario específico, por lo que las comunicaciones oficiales tienen una importancia particular para quienes las reciben. En su opinión, resulta difícil considerar voluntaria la aportación de informes cuando el documento que acompaña a la citación la presenta como una exigencia y advierte de consecuencias por el incumplimiento de otras obligaciones médicas.
El caso no se limita a una discrepancia sobre la redacción del impreso. Según el relato del agente afectado recogido por AUGC, durante el reconocimiento un especialista le reprochó que no hubiera aportado una determinada prueba diagnóstica, aunque sí había entregado el informe médico en el que se valoraban sus resultados. El facultativo le habría advertido de la posibilidad de convocarlo nuevamente para realizar otra revisión y, al terminar la consulta, le habría denegado una copia del informe elaborado durante el reconocimiento.
Se trata de hechos relatados por la asociación a partir de la experiencia del afectado, sin que por el momento conste una resolución administrativa que haya determinado las posibles responsabilidades derivadas de este episodio. AUGC considera, no obstante, que lo sucedido demuestra que la exigencia de documentación no se limita al contenido formal de las citaciones, sino que también puede trasladarse a la práctica durante las revisiones médicas.
La asociación advierte además de que el modelo utilizado no recoge las referencias al Real Decreto 67/2026 ni la información sobre el tratamiento de datos personales que exige la normativa europea, una circunstancia que considera especialmente relevante porque se solicita información relativa a diagnósticos, enfermedades y pruebas clínicas.
El Consejo de Estado ya obligó a eliminar esta exigencia del real decreto
La disputa tiene su origen en la elaboración de la nueva normativa sobre incapacidad temporal de la Guardia Civil. Durante su tramitación, el proyecto contemplaba que los agentes de baja tuvieran que aportar la documentación médica que estuviera en su poder cuando se les requiriera para justificar su situación.
AUGC se opuso a esta previsión al considerar que suponía una intromisión desproporcionada en la información sanitaria de los trabajadores. La controversia llegó primero a la Agencia Española de Protección de Datos, que analizó el proyecto en su informe 002/2025, de 3 de febrero de 2025, y cuestionó la proporcionalidad de la obligación.
En su valoración, la AEPD concluyó que el tratamiento de datos planteado "no parece proporcionado", teniendo en cuenta que los servicios médicos de la Guardia Civil ya disponen de mecanismos para realizar reconocimientos y comprobar la situación de los agentes sin necesidad de exigirles indiscriminadamente toda la documentación clínica que poseen.
La Administración intentó modificar posteriormente la redacción de la norma. En la memoria del proyecto sostuvo que se había eliminado "el carácter de estricta obligación" de la entrega de informes, pero el Consejo de Estado consideró que la nueva formulación seguía imponiendo de hecho el deber de facilitar esos documentos.
En su Dictamen 904/2025, de 13 de noviembre de 2025, el órgano consultivo exigió suprimir la obligación y formuló una observación esencial, lo que obligaba a modificar ese aspecto para que la disposición pudiera aprobarse de acuerdo con el Consejo de Estado.
Finalmente, el real decreto aprobado por el Gobierno recogió una fórmula distinta. Su artículo 19.2 establece que el personal de la Guardia Civil "podrá aportar" la documentación médica que tenga en su poder y resulte relevante para determinar su situación de incapacidad, mientras que el artículo 22.3 permite presentar durante los reconocimientos los informes que el interesado considere oportunos.
La diferencia resulta fundamental: la normativa permite aportar informes para justificar una baja, pero no establece una obligación general de entregar las pruebas y el historial médico personal a requerimiento de la Administración. Esta distinción constituye el principal argumento jurídico de la reclamación presentada por AUGC.