El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado improcedente el despido de un trabajador de Correos que acumulaba más de 21 años de contratos temporales y ha condenado a la empresa pública a elegir entre readmitirlo o abonarle una indemnización de 45.920,06 euros, a la que se suman otros 1.000 euros por los perjuicios derivados del abuso de la contratación temporal. La resolución reconoce que el empleado debía tener la condición de personal laboral fijo desde octubre de 2008, cuando superó un proceso selectivo para acceder a una plaza estable, aunque finalmente no consiguió uno de los puestos ofertados.
La sentencia 851/2026, identificada como STSJ M 12109/2026, supone un cambio respecto a la decisión adoptada inicialmente por el juzgado de lo Social, que había reconocido al trabajador como indefinido no fijo y fijado una indemnización de 22.960,03 euros. El tribunal madrileño eleva ahora esa cantidad y rechaza los argumentos de Correos, que defendía que la antigüedad del empleado debía computarse desde 2022 y no desde 2003, debido a las interrupciones entre los sucesivos contratos.
El caso vuelve a situar bajo el foco judicial la utilización prolongada de contratos temporales para cubrir necesidades permanentes en las empresas públicas. Sin embargo, el fallo no significa que cualquier empleado que haya acumulado años de temporalidad pueda convertirse automáticamente en fijo. En este procedimiento resultó determinante que el trabajador hubiera superado previamente un proceso de selección para acceder a un puesto estable, circunstancia que el tribunal consideró suficiente para aplicar la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo.
Despedido mientras estaba de baja tras más de dos décadas en Correos
La relación laboral del afectado con Correos comenzó el 26 de abril de 2003, cuando empezó a prestar servicios para la empresa pública mediante contratos de duración determinada. Durante los años siguientes continuó desempeñando tareas de reparto en distintos destinos hasta incorporarse a una oficina de Colmenar de Oreja, en Madrid. En octubre de 2008 participó en un proceso selectivo convocado por la compañía para acceder a un puesto de personal laboral fijo y consiguió superar las pruebas, aunque su puntuación no fue suficiente para obtener una de las plazas disponibles. Pese a ello, siguió trabajando para Correos mediante sucesivos contratos temporales.
Su último contrato comenzó el 7 de febrero de 2023 y contemplaba que permanecería en el puesto hasta que este fuera cubierto definitivamente mediante los procedimientos de selección de la compañía. En aquel momento percibía un salario de 1.939,91 euros brutos mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas. El 21 de mayo de 2024 inició una baja médica como consecuencia de un accidente laboral y, mientras permanecía en situación de incapacidad temporal, Correos adjudicó su plaza a otro trabajador que había conseguido un puesto fijo en una convocatoria de ingreso.
La empresa decidió extinguir su contrato el 18 de septiembre de 2024, alegando que se había producido la cobertura definitiva de la vacante. Un día después comenzó la relación laboral del empleado al que se había adjudicado la plaza. El repartidor, que llevaba más de dos décadas vinculado a Correos, rechazó la decisión y acudió a los tribunales para solicitar el reconocimiento de su condición de fijo. También reclamó que el despido fuera declarado nulo o, subsidiariamente, improcedente, además de una indemnización de 30.000 euros por el abuso de la temporalidad.
El juzgado de primera instancia estimó parcialmente sus pretensiones, pero no le reconoció la condición de fijo, sino la de indefinido no fijo, una figura utilizada en el sector público cuando se constata una relación laboral indefinida sin que concurran todos los requisitos para acceder a una plaza permanente. El trabajador recurrió esta decisión y Correos presentó otro recurso para cuestionar el cómputo de su antigüedad.
La clave de la sentencia: aprobó las pruebas para ser fijo, aunque no obtuvo plaza
El TSJ de Madrid ha dado la razón al trabajador en una de las cuestiones fundamentales: su relación laboral debía considerarse fija desde el 20 de octubre de 2008, manteniendo la antigüedad reconocida desde abril de 2003. Para alcanzar esta conclusión, los magistrados aplican la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia 475/2026, de 11 de mayo, que abrió la posibilidad de reconocer la fijeza a empleados públicos sometidos a una contratación temporal abusiva cuando hubieran superado previamente un proceso selectivo para acceder a un puesto permanente.
La jurisprudencia distingue entre quienes han aprobado las pruebas exigidas para acceder al empleo público, aunque finalmente no obtuvieran plaza, y quienes han trabajado durante años mediante contratos temporales sin superar un procedimiento de selección de esas características. En el primer supuesto, el Supremo considera que pueden entenderse acreditados los principios de igualdad, mérito y capacidad, exigidos para acceder al empleo público, lo que permite reconocer una relación laboral fija cuando posteriormente se produce un abuso de la temporalidad.
Aplicando este criterio, el tribunal madrileño considera que Correos no podía justificar la extinción del contrato como una simple finalización de una relación temporal. El empleado debía haber sido reconocido como fijo y, por tanto, su cese debía examinarse conforme a las reglas aplicables a esa condición laboral. La Sala concluye que el despido fue improcedente y obliga a la empresa pública a escoger entre dos alternativas: readmitir al repartidor en las condiciones anteriores al cese, con los salarios de tramitación correspondientes, o abonarle una indemnización de 45.920,06 euros.
A esa cantidad se añade una compensación independiente de 1.000 euros por los perjuicios asociados al abuso de la temporalidad. En consecuencia, si Correos opta por extinguir definitivamente la relación laboral mediante indemnización, la suma de ambas cantidades alcanza los 46.920,06 euros. La declaración de improcedencia, por tanto, no supone que el trabajador recupere automáticamente su puesto: la elección entre la readmisión y la indemnización corresponde a la empresa, en los términos establecidos por la resolución.
La Justicia pide investigar el abuso de temporalidad en Correos
La sentencia también aborda las consecuencias de mantener durante años a un empleado en una situación de inestabilidad contractual. Aunque el trabajador no acreditó perjuicios económicos específicos derivados de cada contrato temporal, el tribunal entiende que la prolongación abusiva de esa situación puede justificar una compensación adicional, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de establecer medidas efectivas frente a estas prácticas.
En este caso, la indemnización adicional se fija en 1.000 euros, una cantidad inferior a los 30.000 euros que había solicitado inicialmente el afectado. Los magistrados toman como referencia los criterios establecidos por la jurisprudencia y el régimen sancionador previsto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para valorar las consecuencias del incumplimiento.
Además, el TSJ de Madrid ha acordado remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de que examine los hechos y tramite, si corresponde, el procedimiento sancionador por las irregularidades detectadas en la contratación.
La resolución se suma a otros pronunciamientos judiciales relacionados con el abuso de temporalidad en Correos y en distintas administraciones públicas. Durante los últimos meses, varios tribunales han analizado casos de empleados que acumularon numerosos contratos para desempeñar funciones que respondían a necesidades estructurales, una práctica que puede dar lugar al reconocimiento de derechos laborales e indemnizaciones cuando concurren los requisitos legales.
No obstante, la sentencia no establece que todos los trabajadores temporales del sector público tengan derecho a convertirse en fijos por el mero transcurso del tiempo. La doctrina del Supremo exige examinar las circunstancias de cada relación laboral y, especialmente, si se ha superado un proceso selectivo que permita acreditar los principios constitucionales de acceso al empleo público.
En el caso de este repartidor, los 21 años de contratación temporal, junto con la superación de las pruebas de acceso en 2008, han resultado determinantes para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconozca su condición de fijo y declare improcedente el despido. Correos deberá afrontar ahora las consecuencias económicas y laborales de una relación que comenzó en 2003 y terminó cuando el trabajador todavía se encontraba de baja médica.