El Boletín Oficial del Estado ha difundido este jueves el anuncio del Ministerio de Justicia relativo al segundo intento de licitar el contrato para levantar la Ciudad de la Justicia de Valladolid. El valor estimado asciende a 49.980.407,45 euros, una cifra que supone un notable incremento respecto a los 42,07 millones con los que se sacó a concurso en la primera licitación de marzo, que finalmente quedó desierta.
El propio BOE precisa que este anuncio fue remitido el pasado 12 de junio al Diario Oficial de la Unión Europea. El nuevo procedimiento fija un presupuesto de 49,98 millones de euros, casi 8 millones más que en el intento inicial, y mantiene el mismo plazo de ejecución de 30 meses.
El calendario establece que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de julio, mientras que la apertura de sobres se iniciará a partir del día 22 del mismo mes.
La primera licitación arrancó en marzo con fecha límite para presentar propuestas el 21 de abril. Posteriormente, el 18 de mayo, la Secretaría de Estado de Justicia hizo pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público la declaración de desierto del concurso, al que únicamente concurrió una oferta, la de la UTE Vilor Infraestructuras-Vilor Instalaciones.
El contrato contempla la construcción de una nueva sede judicial en el entorno del antiguo colegio El Salvador, entre la plaza de San Pablo y la calle Cardenal Torequemada, con el objetivo de concentrar y unificar las actuales sedes judiciales dispersas por la ciudad.
En la licitación anterior ya se preveía un plazo de ejecución de 30 meses y la intención del Ministerio y de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid era que el complejo estuviera terminado en 2029.
Distribución de los edificios del Campus de la Justicia
De acuerdo con el pliego sometido a licitación, el conjunto se organizará en tres inmuebles. El edificio denominado “San Pablo”, con cuatro plantas y un pequeño volumen de cinco alturas a modo de torreón, albergará 26 juzgados —15 de primera instancia, cinco de lo Social, cuatro de lo Contencioso-Administrativo y dos de lo Mercantil—, además de despachos directivos, sala de juntas, área de Fiscalía, servicios de tramitación, mutualidad general judicial, servicio procesal y Registro Civil.
Tal y como señalan los pliegos iniciales, el torreón pretende “cerrar” la esquina del edificio que da a la plaza de San Pablo, buscando reproducir el efecto de las torres del Palacio Real o del Palacio de Pimentel, situados en este mismo entorno urbano.
En el edificio “Cardenal Torquemada”, de tres plantas, se ubicarán ocho juzgados de reserva, los servicios de ejecución, la secretaría de coordinación provincial, la Fiscalía de Menores y los dos tribunales de la Sección de Menores. El diseño incorpora un “patio inglés interior” para generar una planta semisótano destinada a las salas de vistas.
El tercer inmueble, denominado “Torquemada 2”, acogerá el Instituto de Medicina Legal. La propuesta arquitectónica para el Campus de la Justicia define el conjunto como un edificio “ambivalente en el que coexisten dos facetas”: por un lado, “serio y estricto en el que se administra la Justicia” y, por otro, con “una faceta cálida y agradable como lugar de trabajo diario de los funcionarios y de servicio al ciudadano”.
El proyecto también persigue adaptarse con precisión a la complejidad del entorno urbano en el que se levantará el futuro complejo, cumpliendo las exigencias urbanísticas para facilitar una tramitación ágil de la licencia.
Fachadas, aparcamientos y reorganización judicial
Las fachadas orientadas hacia la plaza de San Pablo, la calle Cardenal Torquemada, la calle Rondilla de Santa Teresa y la parcela municipal donde se construirá el aparcamiento público se ejecutarán con prefabricados de hormigón arquitectónico tridimensional. En cambio, las fachadas que miran a la plaza por la que se accederá al Instituto de Medicina Legal se resolverán con prefabricados de hormigón arquitectónico plano.
El diseño prevé 39 plazas de estacionamiento de uso “privado”, de las que 13 se situarán en un sótano y 26 en superficie en el patio interior. Además, el proyecto recomienda levantar cuanto antes el aparcamiento disuasorio previsto en el PGOU en la calle Rondilla Santa Teresa —parte de la parcela del antiguo Hospital del Río Hortega— “lo antes posible” para que, cuando entren en funcionamiento los edificios del Campus de la Justicia, esta zona de la ciudad esté preparada para absorber la afluencia de usuarios.
El Ayuntamiento ha señalado recientemente que espera adjudicar en las próximas semanas las obras de urbanización de este estacionamiento. Según recogen los pliegos, la Ciudad de la Justicia permitirá reorganizar las actuales 38 sedes judiciales de Valladolid, que pasarán a distribuirse en tres ubicaciones: el Tribunal de Justicia y la Audiencia Provincial en la sede de la calle Angustias 21, los órganos de jurisdicción penal en la sede de la calle Angustias 40 —edificio de los Juzgados— y los órganos de jurisdicción civil en la nueva Ciudad de la Justicia.
Esta reordenación, según se indica en la documentación, dará “solución a los problemas funcionales, de obsolescencia de las instalaciones y de dispersión de sedes, posibilitando un crecimiento de la planta judicial y eliminando el gasto en arrendamientos”.