Emilio Delgado (Frente Amplio) exige a Sánchez la destitución de Marlaska por las cargas policiales contra piquetes

El ministro del Interior dirige el departamento responsable de la seguridad ciudadana y ejerce el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sus competencias también abarcan instituciones penitenciarias, extranjería y protección internacional, procesos electorales, protección civil y tráfico, dentro de los límites que establece cada legislación sectorial.

La referencia principal es el artículo 1 del Real Decreto 207/2024, que distingue entre las materias atribuidas al Ministerio y las funciones propias de su titular. Esta distinción es importante: dirigir una materia no significa que el ministro resuelva personalmente todos sus procedimientos.

1. Dirección del Ministerio y responsabilidad política

El artículo 1.2 atribuye expresamente al ministro «la dirección de todos los servicios del Departamento», el mando superior de las fuerzas estatales de seguridad y la dirección de las competencias ministeriales sobre Administración penitenciaria. También remite a las funciones generales de los ministros del artículo 61 de la Ley 40/2015, además de las atribuciones que establezcan otras leyes o normas especiales.

Su actuación se integra en la política del Gobierno. Conforme al artículo 2 de la Ley del Gobierno, el presidente dirige y coordina la acción gubernamental, sin eliminar la competencia y responsabilidad directa de cada ministro en su gestión.

2. Seguridad ciudadana y fuerzas policiales

Interior propone y ejecuta la política gubernamental de seguridad ciudadana. Bajo la dirección del ministro, este ámbito comprende:

• Dirección y coordinación policial: mando superior de la Policía Nacional y la Guardia Civil y coordinación de sus servicios y misiones.
• Protección de derechos fundamentales: promoción de las condiciones para ejercerlos, especialmente la libertad y seguridad personales; también las competencias departamentales relativas a reunión y manifestación.
• Lucha contra amenazas delictivas: actuaciones contra terrorismo, crimen organizado, trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo relacionado con este tráfico.
• Seguridad especializada: competencias sobre seguridad privada, protección de infraestructuras críticas y ciberseguridad dentro del ámbito ministerial.
• Cooperación internacional: coordinación policial con organismos como Europol e Interpol y con los mecanismos del espacio Schengen.

El artículo 2 del real decreto sitúa muchas de estas tareas en la Secretaría de Estado de Seguridad, que actúa bajo la inmediata autoridad del ministro.

3. Extranjería, fronteras y protección internacional

El Ministerio ejerce las competencias que le atribuye la legislación de extranjería. Incluyen actuaciones policiales sobre entrada y salida del territorio nacional, investigación de redes de inmigración ilegal y gestión integrada de fronteras. También tiene atribuido el régimen de protección internacional, apatridia y protección de personas desplazadas. No debe confundirse este ámbito con la totalidad de las políticas migratorias, pues existen competencias de otros departamentos.

4. Prisiones, elecciones, emergencias y tráfico

• Instituciones penitenciarias: dirección de las competencias ministeriales sobre administración y régimen penitenciario, desarrolladas mediante sus órganos especializados.
• Procesos electorales: realización de las actuaciones necesarias para su desarrollo; esta atribución no equivale a dirigir todos los órganos que intervienen en unas elecciones.
• Protección civil: ejercicio de las competencias estatales atribuidas al departamento en protección civil y emergencias.
• Tráfico y seguridad vial: dirección de las competencias ministeriales en estas materias y de las atribuidas sobre movilidad sostenible.

5. Límites y reparto de funciones

La competencia del ministro es de dirección superior, mientras que numerosas actuaciones corresponden a secretarías, direcciones generales y otros órganos. Además, el artículo 1.6 exige ejercer las atribuciones del departamento en coordinación y sin perjuicio de las competencias de otros ministerios. Por tanto, su alcance concreto debe leerse junto con la legislación sectorial aplicable a cada decisión.

Emilio Delgado Orgaz ha estado vinculado a Izquierda Unida, Izquierda Castellana, Podemos y Más Madrid. Su carrera institucional se ha desarrollado principalmente en la Asamblea de Madrid, donde es diputado desde 2015; en octubre de 2026 fue elegido cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid para las generales del 29 de noviembre, sin que esa candidatura suponga una salida de Más Madrid. (Demócrata, trayectoria; Demócrata, candidatura).

Sus comienzos: militancia y actividad social

Nacido en Madrid en 1976 y vecino de Móstoles, Delgado es integrador social. Antes de consolidar su presencia institucional trabajó con menores y jóvenes en riesgo de exclusión y participó en movimientos sociales y proyectos vecinales. Esa experiencia forma parte de su trayectoria previa a los cargos públicos, que no comenzó con su llegada a Podemos. (Demócrata, perfil biográfico).

En sus primeras etapas militó en Izquierda Unida e Izquierda Castellana. En 2003 concurrió a las elecciones a la Asamblea de Madrid en el puesto 21 de la candidatura de Izquierda Castellana, sin obtener escaño. Las fuentes consultadas no precisan las fechas completas de alta y baja en ambas organizaciones. (El Confidencial, perfil).

Podemos: entrada en la Asamblea y responsabilidad orgánica

Tras el ciclo de movilizaciones del 15-M se incorporó a Podemos, dentro del sector próximo a Íñigo Errejón. En las elecciones autonómicas de mayo de 2015 consiguió su primer escaño en la Asamblea de Madrid. Ese fue el comienzo de su trayectoria parlamentaria autonómica. (Demócrata, trayectoria).

También ocupó la Secretaría de Organización de Podemos en la Comunidad de Madrid, responsabilidad que abandonó en 2016 en un contexto de discrepancias organizativas con la dirección regional. Conviene distinguir esa dimisión de su marcha posterior a Más Madrid: dejar el cargo interno no significó abandonar entonces su acta de diputado. (El Confidencial, trayectoria).

Más Madrid: continuidad autonómica y etapa municipal

En 2019 se incorporó a Más Madrid y renovó su escaño en su candidatura. Volvió a obtener representación autonómica en 2021 y 2023. Actualmente es portavoz adjunto del grupo parlamentario de Más Madrid. (Historial electoral; Asamblea de Madrid).

En el ámbito municipal fue elegido concejal de Móstoles en mayo de 2023 y renunció al acta en enero de 2026 para concentrarse en su actividad autonómica. Esa etapa se sumó a su papel como referente local de Más Madrid. (Las Provincias, perfil).

Durante 2025 y 2026 planteó la posibilidad de encabezar la candidatura autonómica. Tras las diferencias internas con Mónica García, el acuerdo de mayo de 2026 situó a García al frente del proyecto regional y orientó a Delgado hacia el Congreso. (Demócrata, acuerdo interno).

Frente Amplio: candidatura estatal, no nueva militancia acreditada

En octubre de 2026 Frente Amplio acordó que Delgado encabezara su lista por Madrid para el 29N. Se trata de su candidatura electoral estatal, mientras continúa identificado como dirigente de Más Madrid. Tampoco debe confundirse su colaboración pública con Gabriel Rufián con una militancia en ERC: son vínculos políticos diferentes. (Demócrata, designación; Demócrata, acto conjunto).

El Parlamento español no puede destituir directamente a un ministro mediante una votación individual. Puede reprobar su actuación y pedir su cese, pero esa decisión no obliga jurídicamente a apartarlo. Para provocar un cambio de Gobierno, el Congreso dispone de la moción de censura, que afecta al Ejecutivo en su conjunto, no a un ministro aislado.

1. El cese individual no requiere un procedimiento parlamentario

La regla decisiva está en el artículo 100 de la Constitución: los miembros del Gobierno distintos de su presidente «serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente». Por tanto, la decisión política corresponde al presidente del Gobierno; el Rey formaliza el cese mediante un acto refrendado, sin decidir por iniciativa propia qué ministro debe abandonar el cargo.

No hacen falta una votación previa del Congreso, una autorización del Senado ni una reprobación. Tampoco corresponde a las Cámaras elegir al sustituto. El Tribunal Constitucional ha confirmado esta distribución de competencias: el Congreso otorga su confianza al presidente, mientras que este elige a los miembros del Gobierno para su nombramiento real (STC 136/2011).

2. La reprobación: presión política, no destitución

Si lo que se pretende es que el Congreso exija políticamente la salida de un ministro, puede promoverse una reprobación. No es una moción de censura individual ni un procedimiento con efecto automático de cese. Puede articularse mediante una proposición no de ley —una propuesta de resolución— o una moción consecuencia de una interpelación, es decir, de un debate sobre la actuación del Gobierno.

Los pasos, conforme a los artículos 184 y 193 a 195 del Reglamento del Congreso, serían:

• Presentación: un grupo parlamentario presenta el texto ante la Mesa. Si deriva de una interpelación, debe hacerlo al día siguiente de su debate.
• Admisión y debate: la Mesa comprueba los requisitos y se tramita la iniciativa, con posibilidad de presentar enmiendas.
• Votación: se aplica, como regla general, la mayoría simple: más votos favorables que contrarios, con el cuórum necesario.

Aunque resulte aprobada, el ministro puede continuar en el cargo. El Senado también ejerce control político, pero tampoco puede cesarlo individualmente.

3. La moción de censura: sustituir al Gobierno entero

La vía parlamentaria para retirar formalmente la confianza al Ejecutivo es la moción de censura constructiva: debe proponer un nuevo presidente. Los artículos 175 a 179 del Reglamento establecen esta secuencia:

• Presentación de un escrito motivado, firmado por al menos una décima parte de los diputados, con un candidato que haya aceptado.
• Admisión por la Mesa y comunicación al Gobierno y a los grupos. Durante los dos días siguientes pueden presentarse mociones alternativas.
• Debate del motivo de censura y del programa del candidato. La votación no puede celebrarse antes de transcurridos cinco días desde la presentación.
• Aprobación por mayoría absoluta, en votación pública por llamamiento.

Si prospera, el Gobierno debe presentar su dimisión y el candidato obtiene la confianza del Congreso sin otra votación de investidura. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. No se destituye únicamente al ministro cuestionado: se sustituye la presidencia y cesa el Gobierno en conjunto.

4. Otros controles no producen el cese

Las preguntas, comparecencias y comisiones de investigación permiten exigir explicaciones y esclarecer responsabilidades. Sus conclusiones pueden aumentar la presión para una dimisión o un cese, pero no sustituyen la decisión del presidente. En definitiva: reprobar sirve para expresar rechazo; censurar permite cambiar el Gobierno; cesar individualmente a un ministro corresponde al mecanismo del artículo 100.