¿Abre Mercadona hoy por la huelga general? Las tiendas podrán funcionar, pero con posibles cambios

A 11 de noviembre de 2026, las propuestas de los Sindicatos de Inquilinas no forman una única ley pendiente de aprobación. Hay que distinguir entre el nuevo programa «Casas para vivir», que todavía es una plataforma de reivindicaciones, las iniciativas anteriores sobre alquileres temporales y de habitaciones, y los decretos de vivienda que el Congreso rechazó en octubre.

1. «Casas para vivir»: propuestas sin una iniciativa legislativa conjunta

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentó este programa el 9 de noviembre. Según explica Demócrata este 11 de noviembre, sus medidas, a diferencia de anteriores propuestas, no están articuladas alrededor de una iniciativa legislativa concreta. Por tanto, no corresponde describirlas como una ley en comisión o pendiente del Senado.

El programa identifica las normas que pretende cambiar y plantea estos bloques:

• Vivienda vacía y usos turísticos: cesión obligatoria de viviendas desocupadas al parque público y prohibición de pisos turísticos en determinados municipios.
• Fiscalidad y parque público: impuestos sobre la acumulación de viviendas, cambios en Patrimonio e IRPF, eliminación de beneficios de las socimis y financiación para ampliar el parque público.
• Estabilidad residencial: renovación automática de contratos y prohibición de desahucios sin alternativa habitacional digna.
• Precios: un nuevo sistema territorial de alquileres máximos y mecanismos para declarar zonas tensionadas cuando la comunidad autónoma no actúe.
• Derechos colectivos: estatuto de personas inquilinas, negociación colectiva y reconocimiento legal de la huelga de alquileres mediante consignación de las rentas.
• Otras garantías: medidas contra la discriminación y los desalojos extrajudiciales, además de una reforma constitucional para reforzar el derecho a la vivienda.

Su estado es, por tanto, el de propuestas públicas que requieren traducción normativa, no el de reformas ya aprobadas. Así se presentó también el plan en la información del 9 de noviembre.

2. Alquileres de temporada y habitaciones: rechazo inicial y recorrido posterior

La primera proposición impulsada por los sindicatos, expediente 122/000119, pretendía extender las garantías del alquiler habitual a los contratos temporales y de habitaciones. El Congreso rechazó su toma en consideración —la votación para decidir si empieza a tramitarse— el 17 de septiembre de 2024. Aquella propuesta quedó cerrada sin pasar a comisión, como recoge la documentación del Pleno.

Pero ese rechazo no resume todo el recorrido posterior. Demócrata informó del inicio de los trabajos de ponencia de una nueva propuesta sobre alquileres temporales y habitaciones el 18 de noviembre de 2025, también vinculada a las demandas sindicales. La ponencia es el grupo de diputados que prepara el texto dentro de la comisión (información sobre la ponencia).

Con la disolución de las Cortes para las elecciones del 29 de noviembre, las proposiciones parlamentarias ordinarias que seguían pendientes caducaron. Por ello, ese recorrido no equivale a una reforma actualmente pendiente de aprobación: debe retomarse en la nueva legislatura.

3. «Decreto Maricarmen» y decretos de octubre

El denominado «decreto Maricarmen» fue un texto reivindicativo trasladado a las fuerzas parlamentarias: contratos con renovaciones automáticas, congelación de rentas, control del alquiler temporal y protección frente a desahucios. No era por sí mismo una norma oficial aprobada (propuesta de septiembre).

Los dos decretos de vivienda aprobados después por el Ejecutivo, que no deben confundirse con el texto sindical, fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre de 2026 y quedaron sin efecto. No están pendientes de votación ni en vigor por aquella aprobación inicial (rechazo parlamentario).

En España, el papel de los sindicatos en la convocatoria y desarrollo de huelgas viene determinado sobre todo por el artículo 28.2 de la Constitución (derecho de huelga) y por el Real Decreto-ley 17/1977, de Relaciones de Trabajo, interpretado y matizado por una abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Aunque el derecho de huelga pertenece a los trabajadores individualmente, en la práctica son los sindicatos quienes articulan y ordenan la mayoría de las huelgas.

1. Titularidad y papel de los sindicatos en la convocatoria

El derecho de huelga es de los trabajadores, no de los sindicatos como personas jurídicas. Sin embargo, los sindicatos tienen competencias y funciones clave:

• Impulsar y decidir la convocatoria: los sindicatos pueden acordar convocar una huelga en un ámbito determinado (empresa, sector, territorio) si representan a los trabajadores afectados o cuentan con su respaldo suficiente. Habitualmente esa decisión se adopta en los órganos internos del sindicato (comités ejecutivos, órganos de rama, etc.).
• Actuar como sujetos legitimados “colectivos”: los sindicatos más representativos, y en general los que tienen implantación en el ámbito afectado, son los legitimados para impulsar las huelgas de carácter sectorial o general, más allá de una sola empresa.
• Convocar huelgas en nombre de los trabajadores: la convocatoria formal suele ir firmada por el sindicato o sindicatos promotores, lo que otorga claridad sobre quién asume la dirección del conflicto y con quién ha de negociar la empresa o la patronal.

2. Obligaciones formales de los sindicatos en la convocatoria

Cuando la huelga es convocada por un sindicato, le corresponden varias obligaciones jurídicas clave:

• Comunicación previa (preaviso): debe notificarse la huelga con una antelación mínima (en general 5 días naturales; 10 en servicios públicos esenciales), indicando:
  • Ámbito personal y territorial (a qué trabajadores y centros afecta).
  • Fecha de inicio y, si se conoce, duración o carácter indefinido.
  • Motivos concretos de la huelga (reivindicaciones).
  • Sindicatos o personas que la convocan.
  El incumplimiento del preaviso puede llevar a la declaración de ilegalidad de la huelga.
• Constitución del comité de huelga: una vez convocada, deben designar un comité de huelga (máximo 12 personas) que representará a los trabajadores en el conflicto. Suele estar compuesto por representantes sindicales y miembros del comité de empresa o delegados de personal.
• Deber de negociar: el comité de huelga, impulsado y apoyado por los sindicatos, tiene la obligación de negociar de buena fe con la empresa o la patronal durante la huelga para intentar una solución pactada (acuerdo, preacuerdo, laudo, etc.).

3. Competencias durante el desarrollo de la huelga

Durante la huelga, los sindicatos ejercen varias funciones relevantes:

• Dirección del conflicto: orientan la estrategia (duración de la huelga, posibles paros parciales o totales, ampliaciones de ámbito, etc.) y canalizan las decisiones colectivas de los trabajadores en asambleas.
• Información y apoyo jurídico: informan del alcance de la huelga, de los derechos de quienes secunden o no el paro, y asesoran ante sanciones, represalias o vulneraciones del derecho de huelga.
• Piquetes informativos: organizan piquetes, cuya función legítima es informar y persuadir, no coaccionar. El límite está en la libertad de trabajo de quien decide no secundar la huelga; la coacción o violencia puede generar responsabilidades penales y laborales.
• Intervención en servicios mínimos: en los servicios esenciales, la autoridad competente fija los servicios mínimos y la empresa designa el personal que los cubre. Los sindicatos no los fijan, pero:
  • Pueden impugnar ante los tribunales los servicios mínimos que consideren abusivos o desproporcionados.
  • Pueden asesorar a los trabajadores designados y vigilar que la empresa no utilice los mínimos para desactivar el derecho de huelga.

4. Responsabilidades y límites jurídicos de los sindicatos

El ejercicio de estas competencias está sometido a límites:

• Legalidad de la huelga: las huelgas convocadas con fines ilícitos (por ejemplo, vulnerar la libertad sindical de otros, o con objetivos puramente políticos ajenos al ámbito laboral) pueden ser declaradas ilegales. En tales casos, los sindicatos pueden asumir responsabilidades civiles (daños y perjuicios) si se demuestra actuación ilícita y culpable.
• Respeto a la libertad de trabajo: los sindicatos no pueden impedir por la fuerza el acceso al trabajo ni coaccionar a quienes deciden no sumarse; la jurisprudencia distingue con claridad entre piquete informativo legítimo y coacción.
• Proporcionalidad y buena fe: tanto en la convocatoria como en el desarrollo de la huelga y las negociaciones, se exige actuar de buena fe y con proporcionalidad respecto de las reivindicaciones y los medios utilizados.

5. Capacidad de representación y firma de acuerdos

Finalmente, los sindicatos que convocan la huelga y forman parte del comité están legitimados para:

• Negociar y firmar acuerdos o preacuerdos con la empresa o la patronal que pongan fin a la huelga, siempre que cuenten con el respaldo de los trabajadores afectados (habitualmente a través de asambleas y votaciones internas).
• Asumir el seguimiento y control de los compromisos alcanzados en esos acuerdos (plazos, implantación de mejoras, garantías de no represalia, etc.).

En síntesis, los sindicatos no son los titulares del derecho de huelga, pero concentran en la práctica las funciones de convocatoria, organización, representación y negociación, dentro de los márgenes que fijan la Constitución, el Real Decreto-ley 17/1977 y la jurisprudencia.

Para declarar un municipio zona de mercado residencial tensionado, debe acreditarse al menos uno de los dos umbrales económicos del artículo 18 de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Además, hay que justificar el riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible y tramitar una declaración formal: cumplir un umbral no produce la declaración automáticamente.

1. Basta con cumplir uno de los dos umbrales

El artículo 18.3 exige una memoria con datos objetivos que acredite alguna de estas circunstancias. Son alternativas, no requisitos acumulativos:

• Esfuerzo económico superior al 30 %. La ley exige que «la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler […] más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares». Por tanto, no se calcula únicamente la mensualidad del alquiler o de la hipoteca. El umbral debe superarse: situarse exactamente en el 30 % no basta por esta vía.
• Precios que crecen por encima del IPC. El precio de compra o alquiler debe haber experimentado, durante los cinco años anteriores a la declaración, un crecimiento acumulado «al menos tres puntos porcentuales superior» al crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.

La segunda comparación se hace con el IPC autonómico, no con los salarios ni con el IPC nacional. Como ejemplo ilustrativo, si ese IPC aumentó un 15 % en cinco años, el precio de compra o alquiler tendría que haber aumentado, como mínimo, un 18 %.

2. Debe justificarse el problema de acceso a la vivienda

La memoria no puede limitarse a señalar que los precios son elevados. Debe fundamentar un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda asequible para la población residente, teniendo en cuenta también la formación de nuevos hogares.

Además, la resolución debe explicar las deficiencias del mercado para atender la demanda de vivienda habitual a un precio razonable, según la situación socioeconómica de la población, las dinámicas demográficas y las características del territorio.

3. Son obligatorios los estudios y la información pública

El artículo 18.2 establece estas exigencias:

• Preparación del expediente: obtener indicadores de precios de alquiler y venta, su evolución, la renta disponible de los hogares y el esfuerzo económico para acceder a una vivienda.
• Información pública: poner a disposición de la ciudadanía los datos y estudios que sustentan la declaración, incluidos los relativos a población, hogares, oferta, precios y tipos de vivienda.
• Resolución motivada y comunicación estatal: justificar la delimitación y comunicarla al departamento estatal competente en vivienda. La ley prevé una resolución ministerial trimestral con la relación de zonas declaradas.
• Plan específico: establecer medidas para corregir los desequilibrios detectados y un calendario de desarrollo.

4. Quién declara, qué territorio abarca y cuánto dura

La declaración corresponde a la Administración competente en vivienda, conforme al reparto competencial y a su normativa reguladora. Una petición municipal no sustituye esa declaración.

No tiene que abarcar todo el municipio: la ley permite delimitar ámbitos territoriales y contempla expresamente municipios con uno o varios ámbitos declarados. El artículo 18 no exige un número mínimo de habitantes.

La vigencia inicial es de tres años. Puede prorrogarse anualmente mediante el mismo procedimiento, si persisten las circunstancias y se justifican las medidas públicas adoptadas para mejorar la situación.