La huelga general de este miércoles ha reabierto el debate sobre los límites legales de los piquetes y los derechos de los trabajadores y empresarios que deciden mantener su actividad. La legislación española reconoce el derecho fundamental de huelga en el artículo 28.2 de la Constitución, pero también protege la libertad de quienes optan por no secundarla. Los piquetes pueden informar, repartir propaganda y solicitar adhesiones, pero no están autorizados a imponer la participación mediante amenazas, intimidación o violencia, ni a causar daños en establecimientos comerciales. (((Siga aquí el directo)))
El artículo 6.6 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece que los trabajadores en huelga pueden efectuar publicidad de esta de forma pacífica y recoger fondos sin coacción alguna. Por su parte, el artículo 6.4 dispone que debe respetarse la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse al paro.
Esto significa que ningún piquete puede obligar legalmente a un empleado a abandonar su puesto, impedirle mediante coacciones el acceso al trabajo o forzar a un empresario a cerrar su negocio. La actividad informativa y de persuasión está protegida, siempre que se desarrolle por medios pacíficos.
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Entrar en comercios, romper puertas o bloquear accesos
La normativa tampoco concede a los piquetes un derecho general a entrar en establecimientos contra la voluntad de sus responsables, ocupar sus instalaciones, romper puertas, escaparates o mobiliario, ni impedir físicamente la entrada y salida de clientes y trabajadores.
La sentencia 69/2016 del Tribunal Constitucional establece que las coacciones y los actos vandálicos quedan fuera de la protección del derecho de huelga. El tribunal examinó actuaciones dirigidas a conseguir el cierre de un establecimiento mediante intimidación y recordó que la libertad de empresa y la libertad de trabajo también están constitucionalmente protegidas.
La entrada en un local abierto al público no constituye, por sí sola, una infracción: lo determinante es la conducta desarrollada y si se emplean medios ilícitos.
¿Qué consecuencias penales pueden tener estas actuaciones?
Las conductas que excedan los límites legales pueden dar lugar a responsabilidades penales, civiles o administrativas, dependiendo de los hechos. El artículo 172 del Código Penal castiga las coacciones con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según su gravedad y los medios empleados.
Los destrozos pueden constituir delitos de daños conforme al artículo 263, mientras que las agresiones físicas pueden ser perseguidas como delitos de lesiones. La responsabilidad debe determinarse individualmente y exige acreditar la participación de cada persona en los hechos. El Tribunal Constitucional ha reiterado que el ejercicio del derecho de huelga no justifica actuaciones violentas contra trabajadores, empresarios o terceros.
Qué pueden hacer los trabajadores y comerciantes afectados
Los trabajadores que quieran acudir a su puesto y encuentren bloqueados los accesos pueden comunicarlo inmediatamente a su empresa y solicitar la intervención policial cuando existan amenazas, daños o impedimentos materiales. Los propietarios de establecimientos pueden denunciar los hechos y aportar grabaciones, fotografías, testimonios o documentación de los desperfectos. La jurisprudencia constitucional distingue entre la presión legítima para promover una huelga y la intimidación que anula la libertad de decisión de otras personas. En su sentencia 137/1997, el Tribunal Constitucional confirmó que impedir mediante intimidación el acceso al lugar de trabajo excede los límites del derecho de huelga, incluso cuando los obstáculos sean intermitentes.