Feijóo propone una "ley de nietos vasca" para que quienes huyeron de ETA puedan votar en el País Vasco y Navarra

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo Álex Zea - Europa Press

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Pronóstico de DemócrataParticipación abierta, no es una encuesta

El PP incluirá la iniciativa en su programa electoral para el 29N y prevé anunciarla este lunes en Pamplona. La reforma permitiría participar en las elecciones de sus territorios de origen a personas que tuvieron que marcharse por las amenazas terroristas, aunque residan actualmente en otras comunidades

Alberto Núñez Feijóo quiere reformar la legislación electoral para que las personas que abandonaron el País Vasco y Navarra por las amenazas y la violencia de ETA puedan volver a votar en sus territorios de origen, aunque residan en otra comunidad autónoma. El presidente del PP presentará este lunes en Pamplona una propuesta que su partido ha denominado "ley de nietos vasca" y que formará parte de su programa para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La iniciativa, adelantada por El Español y recogida también por El País, pretende facilitar la participación voluntaria de quienes tuvieron que marcharse durante los años del terrorismo. Figura como la medida número 132 de los 249 compromisos electorales del PP, aunque todavía no se conoce el texto de la reforma ni el procedimiento que permitiría ejercer ese derecho. 

El propio Feijóo había anticipado sus intenciones este domingo en una entrevista concedida a El Correo. Allí explicó que estaba valorando modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) u otra disposición para permitir que los ciudadanos que acrediten haber abandonado el País Vasco por las amenazas de ETA puedan votar en las elecciones vascas. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que se trasladó a Madrid por motivos de seguridad y que, con la reforma, podría participar electoralmente en su comunidad de origen. 

Quiénes podrían beneficiarse de la reforma

La propuesta se dirige a las personas que dejaron el País Vasco o Navarra durante los años de actividad de ETA y perdieron su vinculación electoral con estas comunidades al establecer su residencia en otro lugar.

En España, la participación en las elecciones autonómicas y municipales depende, con carácter general, de la inscripción en el censo electoral correspondiente al lugar de residencia. Por tanto, quienes se trasladaron a otra comunidad autónoma dejaron de participar en los comicios de sus municipios y territorios de origen.

El PP pretende abrir una excepción para quienes acrediten que su salida estuvo relacionada con el terrorismo. Sin embargo, todavía no ha explicado cómo se demostraría esa circunstancia, qué requisitos deberían cumplir los solicitantes ni cómo se resolvería su inscripción en el censo.

Tampoco está aclarado si la denominación "ley de nietos" supone que los descendientes de quienes tuvieron que marcharse podrían beneficiarse de la medida. Las informaciones conocidas hasta ahora se refieren principalmente a las personas que sufrieron directamente las amenazas y abandonaron sus lugares de residencia.

Según El Español, la iniciativa contempla facilitar la participación en elecciones autonómicas, municipales y a las instituciones provinciales vascas. Queda pendiente conocer el alcance definitivo que el PP dará a la reforma. 

Una propuesta que ya se intentó impulsar durante el Gobierno de Rajoy

La posibilidad de modificar las reglas electorales para permitir el voto de quienes abandonaron el País Vasco por la presión de ETA cuenta con antecedentes. En 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ya se estudió una reforma con ese objetivo, aunque la iniciativa no llegó a materializarse.

Feijóo recupera ahora esa propuesta en plena campaña de las elecciones generales del 29N. Para llevarla adelante sería necesario concretar los cambios legales y reunir los apoyos parlamentarios correspondientes. 

El anuncio coincide con los incidentes contra el PP en Hernani

El líder popular tiene previsto presentar la medida en Pamplona después de los incidentes ocurridos el sábado en Hernani (Guipúzcoa), donde un grupo de personas lanzó piedras, huevos y petardos contra el vehículo en el que viajaba Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por esa provincia. Los hechos llevaron al partido a suspender parte de su actividad electoral prevista para aquella jornada.

Feijóo ha condenado lo ocurrido y tiene previsto desplazarse este martes a Guipúzcoa para respaldar a Echeverría y a los dirigentes populares de la provincia. El candidato, de 22 años, ya había defendido públicamente una reforma electoral para las personas que abandonaron el País Vasco por el terrorismo. 

El PP aspira a recuperar representación en el Congreso por Guipúzcoa, una provincia en la que no consigue un escaño desde 2011. La presentación de la propuesta en Navarra también permitirá a Feijóo abordar durante la campaña las relaciones del PSOE con EH Bildu, una de las cuestiones que los populares vienen utilizando en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayuso ya denunció en 2023 que ETA había alterado el censo electoral vasco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya había vinculado el desplazamiento de miles de ciudadanos vascos por el terrorismo de ETA con sus consecuencias electorales. Durante un acto de campaña celebrado en Bilbao el 20 de mayo de 2023, sostuvo que en el País Vasco "se ha alterado el censo electoral para siempre al expulsar a miles de vascos a través del terror".

Dos días antes, en Madrid, había denunciado que numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares por las amenazas, los secuestros y la extorsión de la organización terrorista.

Aunque Ayuso no concretó entonces una reforma para recuperar el voto de quienes se marcharon, sus declaraciones recogían uno de los argumentos en los que ahora se apoya la propuesta de Feijóo: las consecuencias que el desplazamiento forzoso de población tuvo sobre la composición del electorado vasco.

El candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ya había defendido la creación de una "ley de nietos vasca" para facilitar el voto de quienes abandonaron el País Vasco por las amenazas de ETA. En una entrevista con Esperanza Aguirre publicada este lunes en The Objective, cifró en unos 200.000 los vascos que, según sus estimaciones, tuvieron que marcharse por el terrorismo y reclamó que pudieran participar en las elecciones de su territorio de origen. Echeverría también defendió ofrecer facilidades para su regreso, una propuesta que reiteró en otra entrevista publicada el domingo por El Español.

 

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¿Cuál es el proceso parlamentario necesario para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en España?

Para modificar la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), debe aprobarse una reforma legislativa en las Cortes Generales siguiendo el procedimiento de las leyes orgánicas. La garantía esencial es una votación final sobre el conjunto del texto por mayoría absoluta del Congreso; no basta con aprobar sus artículos por separado.

1. Presentación de la iniciativa

La reforma puede comenzar como proyecto de ley del Gobierno o como proposición de ley de iniciativa parlamentaria o de una asamblea autonómica. En el Congreso, puede presentarla un grupo parlamentario o un diputado con la firma de otros catorce. El Senado también puede promover una proposición y remitirla al Congreso tras aprobar su toma en consideración.

Las proposiciones del Congreso deben superar la toma en consideración: una votación del Pleno para decidir si comienza su tramitación. Los proyectos gubernamentales no necesitan ese paso. La Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, califica el texto como orgánico conforme al artículo 130 del Reglamento del Congreso.

2. Enmiendas, ponencia y comisión

Publicado el texto, se abre normalmente un plazo de quince días hábiles para presentar enmiendas, que puede prorrogarse. Estas pueden modificar, añadir o suprimir artículos. En los proyectos gubernamentales también pueden presentarse enmiendas a la totalidad, para devolverlos al Gobierno o sustituirlos por un texto alternativo; las debate el Pleno.

Después interviene la comisión competente. Una ponencia —un equipo de parlamentarios designado dentro de ella— estudia el texto y las enmiendas y prepara un informe, inicialmente en quince días hábiles, prorrogables. La comisión debate los artículos y aprueba un dictamen que se eleva al Pleno. Los grupos disponen de cuarenta y ocho horas para comunicar qué enmiendas rechazadas quieren defender allí.

3. Votación decisiva en el Congreso

Tras debatir el dictamen y las enmiendas mantenidas, se celebra la votación final del conjunto. El artículo 131 exige el «voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara»: más de la mitad de sus miembros, no solo de los presentes.

Si no se alcanza esa mayoría, el texto vuelve a comisión, que debe emitir otro dictamen en un mes. Se celebra entonces una nueva votación: si tampoco obtiene mayoría absoluta, la reforma queda rechazada; si la consigue, pasa al Senado.

4. Intervención del Senado y retorno

El Senado dispone ordinariamente de dos meses para examinar el texto, introducir enmiendas o vetarlo. Su plazo inicial para presentar enmiendas y propuestas de veto es de diez días, ampliable en los términos del Reglamento del Senado. El veto requiere mayoría absoluta.

Si hay veto o enmiendas, decide nuevamente el Congreso:

  • Veto: levantarlo exige siempre mayoría absoluta por tratarse de una ley orgánica; no puede sustituirse por mayoría simple esperando dos meses.
  • Enmiendas: se votan por mayoría simple, pero el texto que las incorpore necesita después mayoría absoluta en una votación conjunta. Si no la obtiene, queda ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas senatoriales.
5. Vías abreviadas

Puede acordarse la urgencia, que reduce a la mitad los plazos ordinarios del Congreso. También cabe la lectura única, un debate directo del conjunto, cuando la naturaleza o sencillez del texto lo permita y lo acuerde el Pleno. Ninguna de estas vías elimina la mayoría absoluta exigida para aprobar la reforma orgánica.

¿Cuáles son las competencias y atribuciones del presidente del Partido Popular según los estatutos del partido?

El presidente nacional del Partido Popular tiene funciones de representación política y legal, dirección y coordinación de la acción política y ejecución de los acuerdos internos. Sus atribuciones se concentran en el artículo 44 de los Estatutos Nacionales, aprobados en el XXI Congreso Nacional de 2025. La Presidencia ejerce esas facultades dentro del reparto de competencias entre los órganos del partido: algunas decisiones las adopta directamente y otras debe proponerlas a un órgano colegiado.

Representación y dirección política

  • Representar al partido. El artículo 44.1.a le atribuye la representación política y legal del PP. Es, por tanto, quien representa institucionalmente a la organización y expresa su posición como presidente nacional.
  • Presidir los principales órganos nacionales. El mismo artículo establece que preside la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. En ambos dispone de voto de calidad para resolver los empates. Esta facultad no sustituye las competencias de decisión que corresponden a esos órganos.
  • Coordinar la acción política. Según el artículo 44.1.e, coordina la acción política del partido en el ámbito nacional. También debe autorizar las declaraciones realizadas en nombre del PP o que puedan afectar o comprometer políticamente a la organización.
  • Presidir los grupos parlamentarios. El artículo 44.1.f le atribuye la presidencia de los grupos del PP en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo, de acuerdo con los reglamentos aplicables a cada grupo.

Ejecución de acuerdos y organización interna

El artículo 44.1.b le encomienda adoptar las medidas necesarias para cumplir y desarrollar los acuerdos del Congreso Nacional y de los órganos de gobierno del partido. Esta atribución combina capacidad ejecutiva con la obligación de actuar conforme a las decisiones adoptadas por los órganos competentes.

Además, el artículo 44 le permite someter al Comité Ejecutivo Nacional la distribución de competencias entre las distintas áreas de actividad, así como su modificación, supresión o refundición. También puede proponer a la Junta Directiva Nacional la creación de comisiones de estudio y las personas afiliadas que deban presidirlas.

Nombramientos y propuestas

  • Proponer responsables de órganos internos. El artículo 44.1.d y los preceptos relacionados contemplan que proponga al Comité Ejecutivo Nacional el nombramiento de la presidencia y los miembros del Comité Electoral, del Comité de Derechos y Garantías y del Comité de Afiliaciones. Conviene distinguir la propuesta presidencial de la decisión que corresponde al Comité Ejecutivo.
  • Incorporar vocales al Comité Ejecutivo Nacional. El artículo 44.1.i le permite nombrar hasta cinco vocales cuando sean personalidades relevantes incorporadas al partido después del último Congreso o afiliados cuya incorporación resulte conveniente por razones especiales.

Disciplina y delegación de funciones

Entre sus atribuciones figura también la posibilidad de abrir directamente un expediente disciplinario y suspender provisionalmente al afiliado de todas las responsabilidades que desempeñe en el partido. Se trata de una medida provisional: no debe confundirse con la resolución definitiva del expediente.

El artículo 44 contempla asimismo la delegación de determinadas competencias en el secretario general o en otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En caso de enfermedad o ausencia del territorio nacional, puede delegar sus funciones en el secretario general.

En conjunto, los Estatutos configuran una Presidencia con amplias facultades de representación, coordinación e impulso, pero no como un órgano que concentre todas las decisiones. La distinción fundamental es entre lo que puede decidir directamente, lo que ejecuta por acuerdo de otros órganos y lo que únicamente puede proponer. La referencia principal es el texto estatutario de 2025.

¿Qué requisitos legales debe cumplir una persona para acreditar que su salida del País Vasco o Navarra estuvo motivada por amenazas terroristas?

Para acreditar que una persona abandonó el País Vasco o Navarra por amenazas terroristas, debe demostrar las amenazas sufridas y su relación con el traslado; acreditar únicamente el cambio de residencia no basta para probar su motivo. Si se pretende acceder a la protección y las ayudas estatales para personas amenazadas, la Ley 29/2011 exige amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, y su acreditación conforme al artículo 3 bis.

1. Qué debe acreditarse

El artículo 5 de la Ley 29/2011 protege a quienes acrediten «sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas». Por tanto, para esta vía estatal debe justificarse:

  • Una amenaza individualizada: que afectara directamente a la persona, no solo la existencia de un clima general de violencia o inseguridad.
  • Su reiteración y origen terrorista: los hechos deben encajar en los requisitos legales, incluida su procedencia de una organización terrorista.
  • La conexión con la salida: para solicitar una ayuda vinculada al traslado, debe explicarse y probarse que este respondió a esa situación, así como las necesidades o gastos cuya cobertura se pide.
2. ¿Es obligatoria una sentencia?

No es imprescindible una sentencia firme, pero el artículo 3 bis establece dos vías para acceder a las ayudas y prestaciones:

  • Una sentencia firme que reconozca el derecho a indemnización por responsabilidad civil por los hechos y daños comprendidos en la ley.
  • Sin esa sentencia, que se hayan practicado las oportunas diligencias judiciales o iniciado procesos penales para enjuiciar los delitos. En este supuesto, los requisitos pueden acreditarse «por cualquier medio de prueba admisible en derecho» ante la Administración competente.

Esto significa que la libertad de aportar pruebas no elimina el requisito de actuaciones judiciales previsto para esta segunda vía. Tampoco equivale a exigir necesariamente una condena penal.

3. Qué documentación conviene aportar

No hay en los preceptos citados una lista cerrada de documentos específica para toda persona que saliera de esos territorios. Como preparación práctica del expediente, conviene reunir pruebas diferenciadas:

  • De las amenazas: resoluciones y diligencias judiciales, denuncias vinculadas a esas actuaciones, comunicaciones amenazantes, informes policiales o documentación sobre medidas de protección, cuando existan.
  • Del traslado y sus fechas: certificados históricos de empadronamiento, contratos de vivienda, cambios laborales o documentación escolar.
  • Del vínculo entre ambos: una relación cronológica de los hechos, acompañada de documentos o testimonios que expliquen por qué las amenazas provocaron la marcha.

Son ejemplos de pruebas que pueden resultar útiles, no documentos obligatorios en todos los casos. Los informes médicos o psicológicos pueden apoyar la acreditación de las consecuencias sufridas, pero no sustituyen por sí solos la prueba del origen terrorista ni de la causa del traslado.

4. Procedimiento y alcance del reconocimiento

El Real Decreto 671/2013 permite ayudas extraordinarias para personas que acrediten su condición de amenazadas, destinadas al traslado, abandono de vivienda, escolarización y otros gastos relacionados. Se solicitan ante el Ministerio del Interior mediante el modelo correspondiente, disponible en su sede electrónica, aportando la documentación acreditativa.

Reconocer las amenazas no concede automáticamente cualquier indemnización: cada prestación tiene requisitos propios. Además, la Ley Foral 9/2010 contempla ayudas extraordinarias por abandono del domicilio debido al acoso terrorista, remitiendo su concreción al desarrollo reglamentario. Por ello, debe identificarse qué reconocimiento o ayuda se solicita y ante qué Administración.

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