La soledad impulsa el uso de la IA como apoyo emocional: seis de cada diez españoles ya recurren a ella

Respuesta breve

Regular en España la inteligencia artificial (IA) como apoyo emocional (por ejemplo, chatbots de acompañamiento psicológico) exigiría aprobar, como mínimo, una ley ordinaria que fije el marco general y, previsiblemente, su desarrollo mediante reglamentos (reales decretos y órdenes ministeriales). Si la norma incide de forma intensa en derechos fundamentales (intimidad, protección de datos especialmente sensibles de salud mental o libertad de expresión), podría requerir también una ley orgánica. El procedimiento partiría de una iniciativa normativa del Gobierno, con consulta pública, informes preceptivos (Consejo de Estado, AEPD, etc.), participación de las comunidades autónomas en materia sanitaria y posterior tramitación parlamentaria en Congreso y Senado. Todo ello debería coordinarse estrechamente con el Derecho de la UE, especialmente el Reglamento de IA y el RGPD, para evitar contradicciones y garantizar una protección homogénea de derechos.

1. Tipos de normas que podrían utilizarse

En función de la intensidad y del ámbito de la regulación, podrían intervenir distintos rangos normativos:

Ley orgánica. Sería necesaria si la regulación afecta directamente a derechos fundamentales, por ejemplo: regulación específica sobre tratamiento de datos de salud mental como categoría especialmente protegida, límites al uso de perfiles psicológicos, o garantías reforzadas de intimidad y dignidad de las personas usuarias. Cualquier detalle que suponga una “desarrollo directo” del contenido esencial de esos derechos exigiría este rango.

Ley ordinaria. Es el instrumento natural para: definir qué es un sistema de IA de apoyo emocional, requisitos de calidad y seguridad, obligaciones de transparencia (informar claramente de que se interactúa con una máquina), responsabilidades de los proveedores, supervisión humana mínima, régimen sancionador sectorial, y coordinación con servicios sanitarios o sociales públicos.

Real decreto-ley. Solo cabría en un escenario de “extraordinaria y urgente necesidad”, por ejemplo, ante una expansión masiva de herramientas que generen riesgos graves inmediatos para la salud mental, exigiendo una intervención rápida mientras se tramita una ley ordinaria más completa.

Real decreto. Desarrollaría reglamentariamente la ley, concretando, entre otros aspectos, protocolos de uso, condiciones técnicas mínimas, requisitos de evaluación de impacto, certificaciones o sistemas de registro de estos servicios.

Órdenes ministeriales. Permitirían ajustar detalles técnicos y flexibles (guías de evaluación, estándares de formación de profesionales, criterios de auditoría de algoritmos) dentro de las competencias de cada ministerio, sin necesidad de modificar la ley.

2. Ministerios y órganos previsiblemente implicados

Varios departamentos y organismos deberían intervenir en el diseño y aplicación de la regulación:

Ministerio de Sanidad. Clave si los sistemas se usan en contextos de salud mental, psicología o bienestar emocional vinculados al sistema sanitario o sociosanitario.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Competente en política digital, regulación de la IA y servicios digitales, probablemente lideraría el enfoque tecnológico y de mercado.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Intervendría en la fase de informes y en la posterior supervisión para asegurar el respeto al RGPD y al tratamiento de datos sensibles.

Ministerio de Justicia. Participaría en la depuración jurídica del texto, especialmente si incide en derechos fundamentales o exige adaptar normas procesales o de responsabilidad civil.

Consejo de Estado. Emitiría informe preceptivo sobre los proyectos de ley y reales decretos de especial relevancia.

Comunidades Autónomas. Dado que la sanidad y buena parte de los servicios sociales están descentralizados, deberían participar a través de conferencias sectoriales o consejos interterritoriales para asegurar coherencia competencial y aplicación homogénea.

3. Iter legislativo y reglamentario

El recorrido típico para una ley específica sobre IA de apoyo emocional sería:

1) Iniciativa normativa del Gobierno. El ministerio competente (o varios, conjuntamente) elabora un anteproyecto de ley, acompañado de memoria de impacto normativo, económico y de igualdad.

2) Consulta pública previa. Antes de redactar en detalle, se abre en el portal de transparencia un periodo para que ciudadanos, empresas tecnológicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y expertos puedan opinar sobre los problemas a resolver y posibles soluciones regulatorias.

3) Audiencia e información pública. Una vez elaborado el borrador de anteproyecto o proyecto de reglamento, se somete a trámite de audiencia, permitiendo alegaciones formales de los interesados.

4) Informes preceptivos. Se recaban informes de la AEPD, de la Abogacía del Estado, del Ministerio de Hacienda (por impactos presupuestarios) y, en su caso, del Consejo General del Poder Judicial si se afectan aspectos jurisdiccionales.

5) Participación de las CCAA. A través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud u otros órganos de cooperación, se consulta a las comunidades autónomas, especialmente sobre organización de servicios y recursos.

6) Aprobación en Consejo de Ministros. El anteproyecto se eleva a proyecto de ley y se aprueba para su remisión a las Cortes Generales; si se trata de un real decreto, su aprobación ya lo convertiría en norma vigente tras su publicación.

7) Tramitación parlamentaria. En el Congreso se debate la totalidad, se abre fase de enmiendas, ponencia y comisión, y finalmente se vota en Pleno. Después pasa al Senado, donde puede enmendarse o vetarse, y regresa al Congreso para aprobación definitiva en su caso.

8) Sanción, promulgación y publicación. La ley se sanciona por el Rey, se promulga por el Gobierno y se publica en el BOE con una vacatio legis para permitir su adaptación.

9) Desarrollo reglamentario. Posteriormente, el Gobierno y los ministerios dictan reales decretos y órdenes ministeriales que concreten aspectos técnicos, siguiendo, en lo esencial, los mismos pasos de consultas e informes (aunque con iter más ágil).

4. Coordinación con el Derecho de la UE

La regulación española debe integrarse en el marco europeo existente:

Reglamento Europeo de IA. Los sistemas de apoyo emocional podrían calificarse como de alto riesgo si inciden en salud o servicios esenciales, por lo que la ley española tendría que complementar, y no contradecir, los requisitos de diseño, evaluación de conformidad y supervisión que marque ese Reglamento.

RGPD y normativa de protección de datos. Cualquier norma nacional debe respetar plenamente el RGPD: base jurídica del tratamiento, consentimiento explícito cuando sea necesario, evaluaciones de impacto para tratamientos de alto riesgo, y derechos de acceso, rectificación y supresión reforzados para datos de salud mental.

Cooperación institucional. El Gobierno participaría en comités y grupos de trabajo europeos sobre IA y salud digital para alinear criterios de supervisión y compartir mejores prácticas, y debería notificar a la Comisión Europea proyectos normativos que puedan afectar al mercado interior si procede.

Evaluación de impacto normativo y tecnológico. Antes de aprobar la regulación, sería necesario analizar su compatibilidad con la legislación europea, su efecto en la innovación y en los derechos de los usuarios, y revisar periódicamente la norma para ajustarla a futuras actualizaciones del Derecho de la UE.

Respuesta sintética

En España, el Ministerio de Sanidad tiene la competencia principal en materia de salud mental, incluida la prevención y abordaje de la soledad y la regulación sanitaria de herramientas de inteligencia artificial (IA) empleadas en el sistema sanitario. El área de Asuntos Sociales (actualmente integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) asume las políticas de apoyo comunitario, servicios sociales, lucha contra la exclusión y protección de colectivos vulnerables, donde la soledad no deseada es un eje central. Ambos ministerios comparten un espacio de coordinación: Sanidad lidera la parte clínica, epidemiológica y regulatoria; Derechos Sociales impulsa recursos comunitarios, servicios de proximidad y programas de acompañamiento. En cuanto a la IA, Sanidad se ocupa de su uso sanitario y de salud pública, mientras que Derechos Sociales interviene en su impacto en servicios sociales y en la protección de grupos vulnerables ante posibles sesgos o brechas digitales.

Competencias del Ministerio de Sanidad en salud mental, soledad e IA

El Ministerio de Sanidad es la autoridad estatal responsable de la planificación y coordinación general de la sanidad y de la política de salud mental. Esto incluye la elaboración de estrategias nacionales (como los planes de salud mental o de prevención del suicidio), la fijación de criterios comunes con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la definición de estándares de calidad y cartera de servicios en materia de salud mental. La soledad no deseada se aborda desde Sanidad cuando tiene impacto directo en la salud (aumento de ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, riesgo de suicidio), incorporándola como factor de riesgo psicosocial en las estrategias de salud mental y de salud pública.

En relación con la inteligencia artificial aplicada a la salud, Sanidad tiene competencias en varias dimensiones clave. Por un lado, participa en la regulación y evaluación de tecnologías sanitarias (dispositivos, apps, algoritmos de diagnóstico o seguimiento clínico) que puedan incidir en la salud mental: por ejemplo, herramientas de cribado automático de depresión o sistemas de apoyo al diagnóstico en psiquiatría. Por otro, coordina con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la supervisión de software que tenga consideración de producto sanitario. Asimismo, representa a España en la aplicación de la normativa europea sobre datos sanitarios y sobre IA cuando afecta a sistemas clínicos de alto riesgo, velando por la seguridad del paciente, la calidad de los datos y la no discriminación en el acceso a servicios de salud mental.

Además, Sanidad impulsa la integración de la IA en el SNS con criterios éticos, científicos y de equidad territorial. Esto incluye promover proyectos piloto en hospitales y centros de salud, emitir recomendaciones sobre uso responsable de algoritmos en historia clínica electrónica y en telepsiquiatría, y evaluar el impacto de estas tecnologías en la relación profesional-paciente, la confidencialidad y el posible aumento o reducción de la sensación de soledad (por ejemplo, al sustituir o complementar el contacto humano por interfaces digitales).

Competencias de Asuntos Sociales en soledad y apoyo comunitario

El espacio de Asuntos Sociales, actualmente articulado principalmente a través del Ministerio de Derechos Sociales, se centra en la prevención y abordaje comunitario de la soledad no deseada. Sus competencias abarcan el diseño de estrategias estatales contra la soledad, la financiación de programas de acompañamiento a mayores, personas con discapacidad, juventud vulnerable o personas sin red de apoyo, y la coordinación con comunidades autónomas y entidades locales que gestionan directamente los servicios sociales de proximidad. Desde esta óptica, la soledad no se mira solo como un problema clínico, sino como un fenómeno social vinculado a vivienda, empleo, aislamiento territorial, pobreza y ruptura de redes comunitarias.

Derechos Sociales también impulsa programas innovadores basados en tecnología e IA dentro del ámbito social: por ejemplo, proyectos de detección temprana de aislamiento mediante análisis de datos de servicios sociales, plataformas de acompañamiento digital, sistemas de teleasistencia avanzada o chatbots de información y orientación social. En estos casos, la competencia de este ministerio se centra en el diseño de políticas, la financiación de pilotos y la definición de criterios de accesibilidad, inclusión y protección frente a la brecha digital, especialmente en personas mayores y otros colectivos con riesgo de exclusión.

Intersección y coordinación entre Sanidad y Asuntos Sociales

Dado que la soledad y el impacto de la IA sobre la salud mental son fenómenos híbridos (a la vez sanitarios y sociales), la gestión efectiva recae en la coordinación entre ambos ministerios. Sanidad lidera la dimensión clínica y de salud pública (diagnóstico, tratamiento, evidencia científica, regulación sanitaria de herramientas de IA), mientras que Derechos Sociales articula la red de apoyos comunitarios, los programas de acompañamiento y la protección social ante los riesgos de exclusión ligados a la digitalización. Esta coordinación se materializa en estrategias conjuntas, en conferencias sectoriales compartidas con las comunidades autónomas y en proyectos donde salud mental y servicios sociales trabajan integrados, por ejemplo, en la atención a personas mayores solas o con trastornos mentales graves.

En cuanto a la IA, la interacción es especialmente relevante: Sanidad vela por la seguridad y calidad de los algoritmos utilizados en la práctica clínica, y Derechos Sociales se ocupa de que el despliegue tecnológico no agrave la soledad (sustituyendo todo contacto humano por interfaces) ni genere nuevas desigualdades para quienes tienen menos competencias digitales. De este modo, la política pública española configura un reparto de funciones donde la salud mental se entiende de manera integral: clínica, social y tecnológica, con responsabilidades diferenciadas pero complementarias entre ambos departamentos.

Resultados electorales y peso de la tecnología y la salud mental en la campaña del 23J

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada con 137 escaños (33,06% de los votos), seguido de PSOE con 121 (31,68%), Vox con 33 (12,38%), Sumar con 31 (12,33%), ERC con 7 (1,89%) y Junts también con 7 (1,60%), según datos oficiales recogidos por RTVE y analizados en medios como El País. En paralelo a estos resultados, los partidos incorporaron en distinto grado propuestas sobre tecnología (digitalización, IA, ciberseguridad, regulación de plataformas) y salud mental en sus programas y mensajes. PSOE y Sumar fueron los que más vincularon explícitamente ambos ámbitos, mientras que PP priorizó la dimensión económica y administrativa de la digitalización, y Vox se centró en la soberanía y la libertad de expresión en el entorno digital, con menor énfasis programático en salud mental. ERC y Junts enmarcaron la agenda tecnológica en la lógica del autogobierno y la soberanía digital catalana, con la salud mental tratada más como parte de los servicios públicos que como un eje cruzado con la regulación tecnológica.

1. Resultados de los principales partidos en el 23J

De acuerdo con los datos de escrutinio del 23J publicados y consolidados en fuentes como RTVE, EPData y el análisis electoral de El País, la distribución de escaños y votos fue la siguiente:

El Partido Popular (PP) obtuvo 137 escaños y 8.160.837 votos, lo que supone un 33,06% del voto válido. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió 121 escaños y 7.821.718 votos (31,68%). Vox logró 33 escaños y 3.057.000 votos (12,38%). La coalición Sumar entró en el Congreso con 31 escaños y 3.044.996 votos (12,33%). En el ámbito nacionalista catalán, ERC alcanzó 7 escaños y 466.020 votos (1,89%), mientras que Junts también obtuvo 7 escaños con 395.429 votos (1,60%). Estos resultados configuran el equilibrio de fuerzas desde el que se evalúa el peso político de sus propuestas en cualquier ámbito, incluida la tecnología y la salud mental.

2. Tecnología, derechos digitales y bienestar psicológico en la izquierda estatal (PSOE y Sumar)

A partir de sus programas y mensajes públicos de campaña, PSOE y Sumar fueron los que más tendieron a articular conjuntamente la agenda tecnológica y la salud mental. En el caso del PSOE, la digitalización y la inteligencia artificial se presentaron como motores de modernización económica y administrativa, siempre acompañados de referencias a la protección de derechos, la lucha contra la desinformación, el acoso en línea y la protección de menores. La salud mental se integró en una narrativa de refuerzo del Estado del bienestar, con atención específica a jóvenes y colectivos vulnerables, lo que conecta indirectamente con los riesgos del entorno digital para el bienestar psicológico.

Sumar puso todavía más énfasis en el vínculo entre plataformas digitales, condiciones laborales y salud mental. Su discurso fue especialmente claro en relacionar la regulación de las plataformas, los derechos laborales en la economía de plataformas, la protección de menores y la violencia en línea con la ansiedad, la adicción y otros problemas de salud mental. En este espacio político, la tecnología no se planteó solo como oportunidad económica, sino como un factor que exige políticas activas de mitigación de riesgos psicosociales y de diseño responsable de algoritmos e IA.

3. Enfoque del PP: modernización y competitividad, con menor conexión explícita con salud mental

El PP priorizó en campaña la digitalización ligada a competitividad económica, desburocratización y mejora de los servicios públicos. Sus mensajes sobre tecnología se centraron en la modernización de la Administración, la extensión de infraestructuras, el apoyo a la innovación empresarial y la ciberseguridad. La salud mental apareció, según el análisis general de sus propuestas, como parte de la mejora del sistema sanitario y de políticas de bienestar, pero sin un hilo argumental fuerte que conectara explícitamente la regulación de redes, de plataformas o de la IA con la prevención de problemas de salud mental, especialmente en jóvenes.

4. Vox: soberanía digital y crítica al control de plataformas, con escasa centralidad de la salud mental

Vox abordó la cuestión tecnológica principalmente en clave de soberanía nacional, control fronterizo y crítica a la “censura” o moderación de contenidos en plataformas. Su discurso se centró más en la defensa de la libertad de expresión frente a grandes tecnológicas y reguladores, así como en el rechazo a lo que perciben como “control ideológico” en redes y medios. La salud mental no fue uno de los ejes prominentes de su campaña, ni se articuló de forma sistemática un vínculo entre el entorno digital, la IA y el bienestar psicológico.

5. ERC y Junts: soberanía tecnológica catalana y servicios públicos

ERC y Junts inscribieron sus propuestas tecnológicas en la lógica del autogobierno y la soberanía digital catalana: impulso a la innovación, capacidades propias y mayor capacidad regulatoria desde Catalunya. La digitalización se vinculó a competitividad, infraestructura y a la defensa de un marco regulatorio propio. En el terreno de la salud mental, ambos partidos dieron relevancia a los servicios públicos y a la atención comunitaria, pero de forma general, sin que la conexión entre tecnología y salud mental ocupase el centro del mensaje de campaña. La relación entre ambos ámbitos fue así más indirecta y menos visible que en el caso de Sumar o, en menor medida, del PSOE.