La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha reclamado a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre que impulsen un Pacto de Estado del Agua, aceleren la construcción de las infraestructuras hidráulicas aún sin ejecutar y mantengan el proceso de modernización de los regadíos, entre otras actuaciones.
Según la federación, las formaciones políticas deberían promover un gran acuerdo nacional en materia de agua que permita diseñar la política hídrica “con criterios técnicos, científicos y económicos, al margen de la confrontación política y de los ciclos electorales”. Con ello, se fijarían compromisos estables y duraderos que reduzcan la incertidumbre de las comunidades de regantes y faciliten programar las inversiones necesarias para asegurar el abastecimiento.
De nuevo, la organización ha insistido en la necesidad de materializar las infraestructuras recogidas en los planes hidrológicos vigentes. A su juicio, cada actuación debe disponer de un calendario público, una dotación presupuestaria concreta y plazos claros. En especial, ha subrayado la importancia de los embalses “por su papel en la regulación de los recursos hídricos y la garantía de disponibilidad de agua”.
Para asegurar que estas obras se llevan a cabo, Fenacore plantea reforzar los mecanismos de control mediante informes anuales que detallen las partidas consignadas, las inversiones realmente ejecutadas y las actuaciones aún pendientes. También propone introducir medidas correctoras que permitan corregir retrasos y convertir la planificación sobre el papel en proyectos efectivos.
La federación reclama, además, un mayor grado de implicación de la Administración General del Estado en la conservación, el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal, recordando que “muchas” presentan “un importante grado de envejecimiento”.
En esta línea, sugiere reservar al menos 100 millones de euros al año para estas tareas y analizar la opción de recurrir a financiación europea a través de los fondos FEDER. Igualmente, propone que estas inversiones puedan amortizarse en un horizonte de 25 años, en lugar de imputarse en un solo ejercicio, con el fin de facilitar su viabilidad financiera y su programación a largo plazo.
Fenacore también ha solicitado “un compromiso firme” con la modernización del regadío en España. Para ello, insta a negociar con la Unión Europea (UE) la ampliación o prórroga de los fondos destinados a este objetivo, a mantener los programas de digitalización vinculados al PERTE y a extender a todas las comunidades autónomas (CCAA) el modelo de colaboración entre estas, SEIASA y los propios regantes para cofinanciar las actuaciones.
Caudales ecológicos y gestión de sequías
En otro bloque de propuestas, los regantes reclaman una metodología “homogénea y transparente” para fijar los caudales ecológicos en las distintas demarcaciones hidrográficas, que permita medir y cuantificar su repercusión sobre el agua disponible para riego. “Estas decisiones deben apoyarse en criterios técnicos y considerar las características de cada cuenca, así como sus efectos sobre los usos del agua”, insisten.
Asimismo, piden reforzar la capacidad de regulación hídrica y perfeccionar los instrumentos de prevención y respuesta ante episodios extremos, mediante la elaboración de protocolos de gestión de sequías, la puesta en marcha de sistemas de alerta, el aprovechamiento de los periodos de abundancia de agua y una cooperación más estrecha entre cuencas y administraciones para optimizar los recursos existentes.
Entre sus demandas de cara al 29N figura también la puesta en marcha de un plan que permita alcanzar en 2027 los objetivos europeos de buen estado de las aguas subterráneas, apoyado en criterios técnicos y adaptado a la situación específica de cada acuífero.
Del mismo modo, Fenacore insta a defender ante las instituciones comunitarias una aplicación de la normativa ambiental y agraria que considere las particularidades hidrológicas de España, la disponibilidad efectiva de recursos y la viabilidad económica de las explotaciones. En este ámbito, reclama introducir cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, reducir la carga burocrática y asegurar la rentabilidad agraria como “elementos esenciales” para proteger la seguridad alimentaria.
Para la federación, el conjunto de estas propuestas constituye “un documento base” para seguir perfilando el futuro del regadío con el próximo Gobierno. Entiende que ese futuro pasa por sacar el agua de la confrontación partidista y diseñar políticas con menos ideología y más equilibrio. También reivindica que los regantes ocupen en la sociedad el lugar que, a su juicio, corresponde a un sector clave para garantizar la producción de alimentos, frenar el abandono del medio rural y contribuir a mitigar los impactos más graves del cambio climático.