El Parlamento de Andalucía ha reactivado en la recién estrenada XIII legislatura la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de “recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía”, impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas y que ya fue debatida en el Pleno durante la anterior legislatura.
En aquel momento, a finales de noviembre del pasado año, el Pleno acordó tomar en consideración esta propuesta, con el respaldo de los diputados del PP-A y de los grupos de la oposición de izquierdas, esto es, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La tramitación quedó interrumpida cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocó a finales de marzo las elecciones autonómicas celebradas el 17 de mayo de este año, y el Ejecutivo andaluz del PP-A no fijó criterio previo sobre el contenido de la iniciativa antes de ese parón.
Con la Cámara de la XIII legislatura ya constituida y el primer periodo ordinario de sesiones en marcha, la Mesa del Parlamento decidió en su reunión del 9 de septiembre que esta proposición de ley, de iniciativa legislativa popular, para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz, “continúe con el trámite previsto en el apartado 4 del artículo 112 del Reglamento de la Cámara”.
El acuerdo de la Mesa, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que se mantendrán “las solicitudes de comparecencias ya ordenadas” en relación con esta ILP, que “se desarrollarán en la Comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias”, órgano que además “será la encargada de su tramitación, una vez oída, a este último respecto, la Junta de Portavoces, según dispone el artículo 39.2.º del Reglamento del Parlamento de Andalucía”.
Una ILP para “recuperar la calidad” del sistema sanitario andaluz
El texto de la ILP, consultado por Europa Press, sostiene que, “desde el año 2019” —cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido por primera vez como presidente de la Junta—, “se ha hecho más intenso” el “deterioro de la sanidad pública” en Andalucía, y que “el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado”.
Ante esta situación, la iniciativa propone “una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad” mediante cambios en la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía, con el objetivo de “poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado”.
La ILP se articula en un único artículo que modifica la Ley de Salud de Andalucía para establecer que “el sistema sanitario público de Andalucía” se definirá por “la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios”, y “la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados”.
Entre otros aspectos, la propuesta plantea que la Ley de Salud recoja que “la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa”, así como que se asegure “una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días”.
Por último, el texto de la ILP reclama que la norma establezca que, en el sistema sanitario andaluz, “el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto”, y que “la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios”.