El Pleno del Parlamento autonómico ha aprobado este jueves, a propuesta del PP-A, una iniciativa no de ley que insta al Gobierno central a supeditar su respaldo al Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 a que se garantice la continuidad de la PAC como una auténtica política común europea, con personalidad propia, regulación específica, instrumentos diferenciados y financiación autónoma, así como con una “dotación presupuestaria que preserve en términos reales, y no nominales la capacidad económica de las ayudas para agricultores y ganaderos”. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de Vox, socio del PP-A en el Ejecutivo andaluz.
En el texto, defendido por la diputada popular Araceli Cabello, la Cámara reclama rechazar cualquier “sistema de cofinanciación que haga depender el nivel de apoyo recibido por un agricultor europeo de la capacidad presupuestaria de su estado miembro”, así como cualquier merma real de los fondos de la PAC o un perjuicio económico para agricultores y ganaderos españoles y andaluces.
El Parlamento demanda igualmente al Ejecutivo central que garantice la implicación de las comunidades autónomas en la definición de la posición española y en la elaboración, negociación, revisión y aplicación de los instrumentos nacionales que desarrollen la PAC 2028-2034.
En esa línea, se pide “asegurar la participación de Andalucía atendiendo a su peso agrario, económico, social, territorial y exportador, evitando que el Gobierno de España adopte unilateralmente decisiones que condicionen durante todo el período de programación la distribución de los fondos europeos, la renta de los agricultores y ganaderos y la competitividad del sector sin un diálogo efectivo con las administraciones responsables de ejecutar buena parte de la política agraria”.
Otra de las exigencias al Gobierno es que defienda en la negociación de la futura PAC un tratamiento específico, suficiente y adecuado para las particularidades de la agricultura mediterránea y, en especial, para sectores clave en Andalucía como el olivar, las frutas y hortalizas, los cultivos bajo plástico, los frutos rojos, el arroz, el algodón, los frutos secos y la ganadería extensiva.
De acuerdo con el PP-A, el Ejecutivo estatal debe oponerse “a cualquier diseño de ayudas, convergencia, limitación, redistribución o sistema de financiación que comporte una pérdida de recursos para dichos sectores y asumiendo como objetivo negociador que ninguna reforma de la PAC pueda realizarse a costa de reducir la renta, la competitividad o la viabilidad de las explotaciones agrarias andaluzas”.
La resolución aprobada también reclama que el Gobierno impulse ante las instituciones comunitarias una rebaja efectiva, comprobable y medible de las cargas administrativas, documentales y de control que soportan agricultores y ganaderos.
Asimismo, se solicita al Ejecutivo que, tras negociar con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, apruebe un Plan Nacional de Reducción de los Costes de Producción y de la Carga Fiscal del Sector Agrario que sustituya la cadena de medidas extraordinarias y temporales por un marco estable. Ese plan debería contemplar, dentro de los márgenes del Derecho de la UE, la menor tributación posible sobre el gasóleo profesional agrario, medidas fiscales específicas sobre la electricidad destinada al regadío y a instalaciones agroganaderas, así como deducciones, devoluciones, bonificaciones o incentivos ligados a fertilizantes, piensos y otros insumos esenciales cuando sufran subidas excepcionales, además de estímulos a la modernización, la eficiencia energética, el ahorro de agua, el autoconsumo y la renovación de maquinaria.
La iniciativa plantea revisar aquellas figuras impositivas estatales cuya suma incremente los costes de producción, con el objetivo de abandonar una política basada casi exclusivamente en respuestas puntuales una vez producido el daño económico y sustituirla por una política fiscal agraria estructural que proteja la rentabilidad de las explotaciones.
El Parlamento también reclama al Ejecutivo central un refuerzo presupuestario del Sistema de Seguros Agrarios Combinados.
Por último, la Cámara insta al Gobierno a mantener informadas de manera periódica y antes de cerrar decisiones definitivas a las comunidades autónomas sobre el desarrollo de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y de la PAC posterior a 2027, facilitando las propuestas que España ponga sobre la mesa en ese proceso.