El técnico de emergencias José Villa ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para exponer la situación del transporte sanitario urgente, donde ha denunciado el "deterioro" de los medios con los que trabajan, que "quedó constatado cuando en abril los responsables del mantenimiento de los vehículos dejaron constancia al comité de empresa del estado en el que se encuentra la flota de todo Aragón".
En su intervención, Villa ha subrayado "la situación de riesgo inminente a nivel físico y psicológico" que sufren quienes prestan este servicio.
"Desde que se hizo cargo del servicio la última empresa hemos tenido incidencias de todo tipo en 2023, en 2024, en 2025 y en 2026, no contamos con un protocolo de agresiones, ni con el apoyo de fuerzas de seguridad en servicios peligrosos y carecemos de condiciones de seguridad y habitabilidad en las bases", ha detallado, señalando que, pese a ello, "la respuesta de la empresa siempre es que lo estudiará, mientras la situación solo empeora".
También ha recordado que "el año pasado comparecí en esta comisión y hablé de los problemas de la flota de vehículos por su mantenimiento, pero ahora la situación ha empeorado notablemente y sucederá alguna tragedia que luego tendremos que lamentar todos". Ha admitido, además, no conocer "cuántas incidencias totales puede haber en la Comunidad", si bien ha lamentado que "parece que la empresa no está para gastar dinero ni en mantenimiento ni en los sueldos de los empleados".
En la recta final de su intervención, ha criticado que los trabajadores de este servicio "tienen los mismos sueldos desde 2018" y "se están usando vehículos muy anteriores a este concurso". A su juicio, "parece que tenemos un servicio súper avanzado y es al revés, pero en su mano está establecer mejoras, hacerlas cumplir y controlar que haya unos mínimos de seguridad en las empresas públicas, porque si no lo pagaremos todos".
Debate político sobre el modelo de transporte sanitario
En el turno de los grupos, la diputada del Partido Popular Susana Gaspar ha señalado que "hay unas reuniones periódicas entre la empresa y la gerencia del 061 en las que se analizan todos los incumplimientos y se imponen sanciones", y ha avanzado que "el Departamento de Sanidad no va continuar con el mismo pliego y el mismo contrato".
La parlamentaria socialista Carmen Soler ha recalcado que su grupo "siempre ha defendido un modelo de transporte sanitario urgente público, con unas condiciones dignas y que atienda a la dispersión territorial" y ha insistido en que "el Gobierno de Aragón tiene que estar vigilante en aras a mejorar el pliego de condiciones futuro".
En nombre de Vox, la diputada Marta Fernández ha puesto en valor "la importante labor que desempeñan los técnicos de emergencias porque prestan un servicio esencial para los aragoneses", recordando que desde su formación "siempre hemos defendido que las mejoras económicas que ha experimentado el servicio deben trasladarse obligatoriamente a los trabajadores".
Por parte de CHA, Mascún Ariste ha manifestado que "quienes trabajan en el transporte sanitario urgente salís cada día a atender a personas asumiendo una responsabilidad enorme, y lo único que podemos hacer es garantizar que tengáis unas condiciones dignas" y ha reiterado que "defendemos una sanidad que llegue a todo el territorio aragonés".
Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha advertido de que "sin un transporte sanitario eficiente que llegue a todo el territorio la realidad de una sanidad pública para todos queda cercenada", remarcando que "este servicio solo empezará a funcionar cuando lo gestione directamente el Salud, es decir, cuando se internalice".