El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la reforma de la ley de cabildos, una norma promovida por las corporaciones insulares para adecuarse al nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en 2026. El texto salió adelante con el respaldo de PSOE, CC, PP, NC-bc, ASG y AHI, y el rechazo de Vox.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), subrayó que se otorga "reconocimiento" a los cabildos como "motores de la isla" y, en esa línea, se permite que puedan promover viviendas o residencias de estudiantes fuera de sus propios límites territoriales.
Defendió la "madurez" de asumir que Canarias se construye "de la isla hacia arriba" y que los cabildos "no son una institución más" sino aquella que "mira a los ojos al ciudadano", de modo que con esta ley se "consagra" su realidad política. No obstante, planteó sin éxito mediante una enmienda la necesidad de recortar el gasto de personal en el capítulo 1, al entender que los cabildos grandes y pequeños no tienen las "mismas necesidades" y se corre el riesgo de generar una "amalgama" de cargos que no mejore la gestión.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, admitió la "singularidad" de los cabildos dentro del organigrama institucional del archipiélago como "entidad intermedia esencial" entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma, pero advirtió de que, con esta reforma, se va "más allá" de lo previsto en el Estatuto.
Según expuso, la ley "refuerzan" el poder insular y "debilitan" a la comunidad autónoma, mientras que su formación defiende la "recentralización de competencias y no que se transfieran cada vez más". "Votar a favor de esta ley resultaría incoherente", afirmó, antes de lamentar que se haya "desaprovechado la oportunidad" de reducir la burocracia y avanzar hacia "unos cabildos insulares eficientes, transparentes y al servicio de los ciudadanos en lugar de al servicio de la partidocracia".
Jover cargó también contra el "gasto político indeterminado" que, a su juicio, posibilita la creación de viceconsejerías insulares, la puesta en marcha de dos nuevos fondos y el nombramiento discrecional de cargos por parte de la presidencia. "No necesitamos más cargos ni más administración. Necesitamos mejores servicios, menos tributación y menos administración", remachó.
Desde el Grupo Popular, su portavoz, Luz Reverón, defendió que era "necesario" revisar la ley, poniendo el foco en la "simplificación administrativa" frente a una "burocracia innecesaria". Reclamó despejar la "incertidumbre" y evitar "interpretaciones contradictorias", especialmente en torno al artículo 88.
Insistió en que la norma debe ofrecer "respuestas claras" y que la doble condición de los cabildos como administración local y órgano de la comunidad autónoma no se convierta en una "fuente permanente de dudas sobre cómo deben ejercerse determinadas funciones o sobre cuál es el régimen jurídico que hay que aplicarle". "No podemos hablar de zonas grises, no puede haber interpretaciones diferentes dependiendo de los cabildos o dependiendo del habilitado nacional que le toque", advirtió.
CURBELO PIDE MÁS COMPETENCIAS PARA LAS ISLAS PERIFÉRICAS
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, defendió que los cabildos son administraciones "singulares, eficientes y queridas por los ciudadanos", con una "naturaleza bifronte", y reclamó una mayor descentralización de competencias frente al peso político y económico de Tenerife y Gran Canaria.
En esa línea, exigió "más competencias" para las islas periféricas y una fiscalidad diferenciada, alertando de que, de lo contrario, en especial las denominadas 'islas verdes', seguirán "siendo pobres".
Por su parte, Luis Campos, portavoz de NC-bc, confió en que la nueva ley permita desarrollar el Estatuto de Autonomía y "avanzar en la construcción de país", dotando a Canarias de un "régimen jurídico propio". Subrayó que, en un contexto de "recentralizaciones y globalizaciones", la aprobación de esta norma tiene un claro "sentido político". "Hoy hacemos país", señaló.
Desde el Grupo Nacionalista, Socorro Beato defendió que los cabildos son las instituciones "más valiosas y singulares" de la arquitectura administrativa canaria y recalcó la necesidad de adaptarlos al nuevo Estatuto de Autonomía, destacando que la ley "clarifica competencias".
Valoró el "consenso" alcanzado en la Cámara para sacar adelante la reforma y coincidió con NC-bc en que Canarias "cree en sus instituciones" y "actualiza su autogobierno".
La diputada socialista Nayra Alemán resaltó el acuerdo en el seno de la Fecai para impulsar la modificación de la norma y la "responsabilidad" de su grupo, pese a estar en la oposición, asegurando que la ley "moderniza" los cabildos, les proporciona mejores herramientas y precisa su marco competencial.
"La mayoría de los grupos hemos entendido que esta no es una ley para la confrontación, es una ley para reforzar el autogobierno insular", afirmó, reprochando a Vox que "no conoce" ni comprende cómo funcionan los cabildos. "Me alegra, porque significa que no han tocado el balón y espero que no lo toquen en mucho tiempo", añadió.
En la misma línea, destacó que se da "un paso" para "seguir construyendo una Canaria más coordinada, más eficaz y con instituciones mejor preparadas para servir a la ciudadanía".
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, celebró la aprobación de la reforma como "un paso decisivo para dotar a los cabildos de herramientas más eficaces para responder a las necesidades de la ciudadanía" y puso en valor el amplio respaldo recabado durante la tramitación.
"El respaldo mayoritario a esta ley demuestra la capacidad de las instituciones canarias para alcanzar acuerdos en asuntos estratégicos para el presente y el futuro del archipiélago", concluyó.