El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, informó este jueves de que la comunidad autónoma ha desembolsado hasta ahora 275 millones de euros en virtud de 27 acuerdos alcanzados con empresarios del sector turístico afectados por las moratorias.
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, detalló que el 14 de agosto se efectuó el primer abono, que comprendía 25 acuerdos por un total de 261 millones, con los intereses incluidos. El segundo pago fue autorizado el 26 de octubre e incorporó 13,9 millones en concepto de capital e intereses, quedando aún pendientes algo más de 40 millones por satisfacer.
Precisó que existen 36 acuerdos en total, de los que 32 ya cuentan con homologación judicial, por lo que restan nueve por abonar completamente.
El consejero valoró que, “casi 20 años después”, se hayan evitado numerosos pleitos y se haya podido revertir el modelo desarrollista “heredado en la segunda mitad del siglo XX”. Subrayó que las reclamaciones iniciales ascendían a 990 millones y se han reducido a 316 millones, sin incluir intereses.
Miranda explicó que la estimación económica de cada acuerdo ha sido realizada por personal funcionario de la comunidad autónoma mediante cálculos “completamente objetivos”, sin vincularse a los aprovechamientos urbanísticos del suelo, dado que el promotor “mantiene su uso”.
Añadió que se ha descartado el lucro cesante y se ha optado por fijar las indemnizaciones aplicando el interés legal del dinero para medir la “pérdida de oportunidad” entre el 13 de noviembre de 2009, fecha tope para presentar solicitudes, y el 31 de enero de 2025.
Remarcó el “rigor” del procedimiento, así como el respaldo técnico y jurídico con el que cuenta, y se mostró convencido de que se ha alcanzado un “buen acuerdo” para el interés general de Canarias. “La fórmula que se ha buscado es la más conveniente”, apuntó.
Miranda recordó que a este Ejecutivo “le ha tocado gestionar las consecuencias de decisiones de varios gobiernos que con buena fe trataron de paralizar el crecimiento turístico” y criticó que el denominado 'Pacto de las Flores' no abordara la resolución del conflicto en la anterior legislatura.
Alertó de que, de no cerrarse ahora el proceso o de “cerrarse en falso”, se habría desencadenado una “cascada de denuncias” y que “dar una patada hacia delante” durante diez o 15 años más habría supuesto unos intereses mensuales de 800.000 euros y “un roto inasumible y una catástrofe” para las finanzas autonómicas en caso de perder en los tribunales.
“Este Gobierno por supuesto no va a jugar con esa incertidumbre ni con el dinero público”, recalcó, insistiendo en que le genera “tranquilidad” el aval judicial a los acuerdos y el hecho de que no comprometan la actuación de futuros ejecutivos.
“No dejar herencias envenenadas”
“El objetivo de todo el procedimiento ha sido no dejar herencias envenenadas a los canarios y canarias del futuro, no dejar hipotecas sin pagar que pudieran condicionar los presupuestos del futuro, creemos que así actúa un Gobierno responsable asumiendo retos y dificultades por muy espinosas que sean y planteando soluciones”, ha señalado.
La diputada Esther González (NC-BC) sostuvo que habría sido una “temeridad” abonar las cantidades reclamadas inicialmente por los empresarios, pero reclamó aclarar cómo se fijó la cifra final de 316 millones y cuestionó si el Ejecutivo ha agotado todas las vías para salvaguardar el interés general.
“Reconocer una obligación no significa dar por bueno cualquier cantidad”, apuntó, al tiempo que expuso el “temor” existente en el expresidente canario y el exvicepresidente, Paulino Rivero (CC) y José Manuel Soria (PP), respectivamente, por el posible incumplimiento de la ley de 2009 y de su artículo 17, recordando que también hubo reclamaciones por las moratorias de 2001 y 2003 que fueron rechazadas.
“Esa moratoria tuvo coste cero con lo cual, algo en esta se hizo mal”, ha destacado.
González pidió al consejero que aclare “qué riesgo valoró, con qué informe y por qué consideró que estos acuerdos eran la mejor opción” y mostró su incomprensión ante el hecho de que se iniciara la negociación “sin tener todos los informes de valoración, los que determinaban el mantenimiento de los derechos y las alternativas posibles y costes de cada opción”.
En la misma línea, indicó que el jefe de servicio de Valoraciones elaboró 36 informes en 2020 y 2021 que “reducían de forma muy importante las cantidades reclamadas por los promotores” y que la vía finalmente elegida por el Gobierno prácticamente las duplica.
“No hablamos de calderilla, estamos hablando de cientos de millones de euros y además no basta con responder que una negociación puede alcanzar o puede servir para alcanzar acuerdos, eso no convierte automáticamente el acuerdo en bueno, válido o aceptable”, ha destacado.
PP: “Afrontar el problema”
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, recordó que se trata de un “problema heredado” fruto de decisiones tomadas hace años y de procesos judiciales que han generado responsabilidades a la comunidad autónoma, por lo que se ha optado por “afrontar el problema”.
Reconoció que 316 millones “es una cantidad importante”, pero advirtió de que, en el contexto actual de reclamaciones y litigios, “no se trata solamente de cuánto cuesta resolver un problema, sino se trata de saber también cuánto podría costar no resolverlo”.
Natalia Évora (CC) incidió en que se trata de un “problema heredado” de hace dos décadas “que en su momento no se afrontó” y que ahora se ha intentado evitar que termine convirtiéndose en una “carga insostenible” para las cuentas públicas de Canarias.
En este sentido, defendió que los acuerdos “representan la opción de menor coste y riesgo” para la comunidad autónoma.
Por su parte, Nayra Alemán (PSOE) manifestó su interés en “saber cómo” se ha fijado en 316 millones el importe global de las indemnizaciones, advirtiendo de que “el papel aguanta todo lo que le echen”, por lo que reclamó al consejero el expediente completo.
“Estamos hablando de dinero público y nuestra obligación es garantizar que cada euro de dinero público, cada euro que sale de las arcas autonómicas, tiene que estar justificado debidamente y sobre todo debe responder al interés general de Canarias”, ha afirmado.