Los cabildos insulares han expresado este jueves su respaldo a la reforma de la Ley del Suelo y a la futura ley de movilidad sostenible, con la excepción del Cabildo de Gran Canaria, que ha remitido un escrito a la comisión general del Parlamento de Canarias manifestando su rechazo a que se aprueben estos cambios cuando apenas quedan unos meses para la disolución de la Cámara.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha señalado que la Ley del Suelo es una “herramienta eficaz” pero que hay que “adaptarla” a las nuevas normativas surgidas en los últimos años, con el objetivo de alcanzar un texto con “mayor certidumbre jurídica” y que resulte “más comprensible, claro y sencillo”. En esa línea, ha detallado que se recortan a la mitad los plazos de emisión de informes y se apuesta por “contener” la expansión de suelo urbanizable.
Miranda ha puesto en valor que la norma vigente ha permitido 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de una treintena de cambios en los instrumentos de planificación insular. Ahora, “las ideas principales” pasan por la prohibición de clasificar nuevos suelos, la agilización de licencias y una definición más precisa de la figura del silencio administrativo.
El viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha explicado que la nueva ley de movilidad viene a cubrir la ausencia de un sistema que ordene los distintos instrumentos de planificación en este ámbito, poniendo el foco también en la vertiente “ambiental” ligada al transporte. Ha añadido que es necesario “avanzar en la digitalización de los datos de movilidad y mejorar la transparencia y la participación pública”, destacando el “alto de grado de madurez y aceptación” del texto, en cuya elaboración los cabildos han tenido una amplia participación.
El consejero de Aguas, Educación y Juventud, Sector Primario y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Rodríguez, ha defendido que la reforma de la Ley del Suelo era “necesaria” y que los cabildos deben “participar” y ver respetada la “planificación” de cada isla. No obstante, ha mostrado su desacuerdo con que “grandes proyectos puedan quedar exentos de licencias urbanísticas y puedan ejecutarse pese a disconformidades con el planeamiento”, aludiendo a iniciativas del sector audiovisual.
Rodríguez ha reclamado además que se salvaguarde la actividad agrícola y ganadera frente a la implantación de infraestructuras de residuos o de generación energética. “Fuerteventura no dice no a las renovables, todo lo contrario, dice sí, pero de una manera ordenada, respetando el paisaje y al sector primario”, ha subrayado. Sobre la ley de movilidad sostenible, ha valorado el proceso participativo y que los cabildos intervengan en la planificación, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio insular, y ha pedido concretar los calendarios de ejecución.
El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha respaldado la revisión de la Ley del Suelo para corregir problemas y “simplificar” los procedimientos, aunque ha lamentado que las revisiones de los planes se prolonguen durante años y queden “desfasadas”. En relación con los proyectos de interés insular, ha reconocido su “utilidad” para atraer inversiones, pero ha insistido en la necesidad de una mayor “coordinación” con los ayuntamientos.
Reyes ha expresado también su apoyo a la ley de movilidad sostenible en Canarias, pero ha pedido no centrarla solo en “las carreteras o en los servicios de transporte”, sino incluir la accesibilidad, la cohesión territorial y la realidad propia de cada isla.
El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha reprochado a la mesa la acumulación de dos asuntos en el orden del día, si bien ha valorado que el Gobierno haya emprendido la actualización de la Ley del Suelo, una “tarea complicada”. Ha defendido que los proyectos de interés insular sean “estratégicos” y se tramiten al margen de la planificación insular, abriendo la puerta a que se destinen a la construcción de vivienda pública. Además, ha rechazado la crítica del Cabildo de Gran Canaria, advirtiendo de que, si se frena la tramitación, se perderán dos años de trabajo.
Respecto a la ley de movilidad sostenible, Ruano ha pedido “aclarar mejor” el reparto competencial entre el Gobierno de Canarias y los cabildos. Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha indicado que la reforma de la Ley del Suelo tendrá vigencia para los próximos veinte años y, por ello, ha reclamado a todas las fuerzas políticas un acuerdo por “responsabilidad” para posponer la aprobación a la siguiente legislatura.
Alemán ha llamado a “debatir bien” la futura norma y a escuchar a todos los sectores implicados, con el fin de propiciar un debate “profundo y sereno” y dedicarle “el tiempo que haga falta”.