PP y PRC han sumado fuerzas en el Pleno del Parlamento de este lunes para sacar adelante una proposición no de ley (PNL) con la que la Cámara vuelve a reafirmarse, por séptima ocasión, en la demanda de un sistema de financiación autonómica sustentado en el coste efectivo de los servicios públicos y acordado de forma conjunta por todas las comunidades autónomas.
La propuesta, que ha contado con la abstención de Vox y PSOE, ha sido registrada por el PP con el objetivo de fijar la posición del Parlamento cántabro sobre la financiación autonómica ante el inicio de la nueva legislatura en las Cortes Generales tras las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.
En la defensa de la iniciativa, el 'popular' Íñigo Fernández ha rememorado que el Parlamento ya se ha pronunciado seis veces sobre esta cuestión mediante resoluciones de 3 de febrero de 2020, 15 de noviembre de 2021, 18 de septiembre de 2023, 17 de septiembre de 2024, 12 de febrero de 2024 y 2 de febrero de 2026.
Ha remarcado que todas ellas se "reducen" a dos principios: que la financiación autonómica se determine en función del coste real de los servicios prestados y que se negocie desde el Gobierno central con el conjunto de las comunidades y no con una sola, en alusión a Cataluña.
"Este Parlamento dice multilateralidad", ha afirmado el diputado del PP frente a un modelo basado en los criterios de población "como quieren algunos", y cimentado en un pacto con una única comunidad, "para imponer el modelo a todas las demás".
Ha advertido de que esta situación es "muy grave" y "va a condicionar el futuro de Cantabria", ya que, de salir adelante la propuesta del Ejecutivo central, la comunidad podría sufrir "una pérdida de 400 millones de euros todos los años".
En esta línea, ha insistido en que esta "amenaza" podría mantenerse si tras las elecciones generales se repiten los equilibrios actuales y el modelo termina aplicándose "si salen las cuentas" de Pedro Sánchez para seguir en La Moncloa.
Por ello, Fernández ha sostenido que los comicios deben interpretarse "en clave" de Cantabria, por las "oportunidades" y los "riesgos" que, a su juicio, afrontará la región "delante si volviera a articularse una mayoría secuestrada, condicionada, presionada por los votos de determinados partidos separatistas de España", citando a Esquerra Republicana.
"Tenemos que dejar claro a las futuras Cortes Generales cuál es la posición del Parlamento de Cantabria en materia de financiación", ha reclamado al resto de diputados autonómicos.
Vox y PSOE han optado por la abstención. La portavoz de Vox, Leticía Díaz, ha ironizado al señalar que se trata de una PNL para "ratificar la ratificación de la ratificación" y ha afeado al PP que recurra a "su estrategia favorita: el bucle parlamentario".
Ha considerado "inadmisible" que los populares quieran avalar "en bloque y a ciegas" seis resoluciones anteriores que, según ha dicho, "no hacen otra cosa que consagrar el ineficiente 'statu quo' del modelo de financiación del año 2009, diseñado por el PSOE con el separatismo catalán", para concluir que España y Cantabria "no necesitan más parches autonomistas ni más declaraciones retóricas que se acumulan sin efecto alguno desde el año 2020", sino "acabar con el despilfarro político de 17 reinos de taifa".
Por parte del PSOE, Ana Belén Álvarez ha explicado la abstención de su grupo por "coherencia" y ha sostenido que la propuesta del PP, "bajo la apariencia de un compromiso institucional con Cantabria, no es más que un ejercicio de sobreactuación".
Ha reprochado a los 'populares' que hayan traído al Pleno "un refrito de resoluciones" sin "poner negro sobre blanco en el papel", en un contexto en el que aún no se conoce "cuál va ser la representatividad territorial".
"No se han atrevido a poner en este contexto cuál es el modelo de financiación, lo que quiere Cantabria o lo que va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso es lo que no han hecho", ha criticado la diputada socialista.
En nombre del PRC, Paula Fernández ha defendido que la ciudadanía debe disfrutar de "los mismos derechos, vivan donde vivan" y ha reivindicado a su partido como la única formación que, a su juicio, prioriza los intereses de Cantabria frente a otras que "satisfacen" a Ferraz y Génova.
En esta línea, ha instado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), a que defienda a los cántabros "ante Alberto Núñez Feijóo y no solo ante Pedro Sánchez".
Rechazo a las zonas tensionadas en vivienda
En otro punto del orden del día, la Cámara cántabra ha tumbado, con los votos de PP y Vox y la abstención del PRC, una iniciativa del Grupo Socialista que instaba al Gobierno autonómico a responder a los ayuntamientos que han pedido ser declarados zonas tensionadas, como Comillas y Castro Urdiales, así como a aquellos que lo soliciten en el futuro.
El PSOE ha defendido que esta figura "funciona" en otras comunidades, donde "el alquiler ha subido un 0,7% en las zonas tensionadas y fuera de ellas un 11%". Además, ha señalado que Cantabria "recibiría dinero" para promover vivienda asequible y para cubrir posibles impagos de rentas.
Para el PP, sin embargo, las zonas tensionadas son un debate "caduco", "superado por la doctrina" y "que ha fracasado en todo el mundo" porque "baja la oferta donde se da y crece el precio del arrendamiento en todos los municipios colindantes".
El PRC considera que la figura "no sirve para lo que dice perseguir". Defiende que el Ejecutivo pueda declarar zonas tensionadas a petición municipal, con datos y un plan solvente, pero rechaza que esa declaración sea automática. Por ello, ha propuesto abordar las enmiendas sobre esta cuestión en la futura ley de vivienda.
Desde Vox han reiterado su apuesta por la propiedad privada, la construcción de vivienda protegida y la liberalización de suelo para incrementar la oferta. "En Cantabria no hay zonas tensionadas, hay zonas caras y zonas baratas", han señalado.
Juventud y centros de menores
En la sesión matinal, el Pleno ha aprobado una moción del PRC para instar al Gobierno a que ponga en marcha antes del 15 de diciembre el Consejo de Políticas de Juventud previsto en la ley aprobada esta legislatura, y a que presente, en el plazo máximo de un mes desde su constitución, el primer Plan Integral de Juventud de Cantabria. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox.
Asimismo, el Pleno ha rechazado una moción de Vox relativa a la política general en materia de transparencia, control del gasto público y criterios de contratación o concertación de entidades vinculadas a la acogida de menores no acompañados.
Con esta propuesta, que ha sido rechazada por el resto de formaciones, Vox pretendía conocer la "verdadera" hoja de ruta de los centros de menores, así como acceder a la documentación oficial relacionada.