El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), ha llevado al Parlamento un proyecto de cuentas “que pone en valor la apuesta del Ejecutivo cántabro por seguir situando la educación en el centro de su acción política”.
El departamento contará con un presupuesto global de 847,6 millones, lo que supone un incremento de 61,7 millones de euros respecto al actual y de 167 millones en comparación con el inicio de la legislatura, según ha detallado el responsable autonómico.
PSOE y PRC han coincidido en censurar el destino de ese aumento, al considerar que no se traslada de forma suficiente a la red pública y que la distribución de los recursos no responde a las necesidades reales de los centros.
En la comisión parlamentaria, Silva ha defendido que las cuentas del próximo ejercicio “invierten más, incluso cuando se cuenta con menos alumnado; mantienen el esfuerzo financiero pese a la desaparición de los fondos europeos extraordinarios; y refuerzan el profesorado, la inclusión, las infraestructuras, la Formación Profesional, las universidades, el transporte escolar, los comedores y la modernización de la administración educativa hacia una progresiva digitalización”.
Ha remarcado que se trata de un presupuesto “expansivo, ambicioso y responsable” que “fortalece el servicio público educativo, consolida los avances de estos cuatros años y prepara a Cantabria parar afrontar con garantías los desafíos de los próximos años”.
Silva ha añadido que el planteamiento de las cuentas parte de la idea de que “cada euro que se invierte en educación se destina a fomentar la cohesión social, la competitividad económica, a mejorar la igualdad de oportunidades y a la formación de talento que necesitará la comunidad autónoma en los próximos años”.
En su comparecencia, el consejero ha ido desgranando las principales partidas por áreas. La Dirección General de Personal Docente concentrará una de las dotaciones más elevadas, con 476,4 millones, con los que se podrán asumir los compromisos adquiridos con el profesorado en el acuerdo salarial de marzo, incluyendo para 2027 el incremento retributivo de 30 euros por docente y la mejora del segundo sexenio, entre otras medidas.
La Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas tendrá asignados 216,2 millones de euros, algo más de diez millones por encima del presupuesto anterior. Entre sus líneas de gasto figuran 4,5 millones para comedores escolares y 23 millones para transporte, con el objetivo de facilitar el acceso a las aulas de más de 15.500 alumnos.
Por su parte, la Dirección General de Calidad, Equidad Educativa y Ordenación Académica elevará su dotación hasta los 23,8 millones, frente a los 16,4 de 2026. Entre las actuaciones previstas se incluye la puesta en marcha del tercer Centro Público de Educación Especial de Cantabria, en Colindres, y la ampliación de las aulas de educación especial integradas en colegios e institutos ordinarios, que ya suman 37. Además, el programa de gratuidad de libros de texto alcanzará los 2,65 millones de euros y extenderá su cobertura al primer ciclo de Educación Infantil.
Como novedad, el proyecto presupuestario recoge una fuerte inversión para desarrollar la plataforma Altamira, llamada a sustituir de forma progresiva al sistema Yedra. A este fin se consignan 9,7 millones de euros en 2027 para arrancar el proyecto, frente a los 660.000 euros del ejercicio anterior, en una implantación que será “progresiva y se extenderá durante varios ejercicios”.
La fase inicial se centrará en adquirir el hardware y los componentes tecnológicos necesarios para arrancar el proceso, mientras que en etapas posteriores se incorporarán las aplicaciones de gestión educativa, los servicios de atención a las familias y las herramientas de seguimiento académico, entre otros módulos.
La Dirección General de Formación Profesional dispondrá de 6,7 millones de euros, frente a los 4,5 millones de 2023, lo que permitirá desplegar el cuarto Plan Regional Estratégico de Formación Profesional 2027-2030 y avanzar en la modernización de estas enseñanzas.
Las cuentas también servirán para asentar las bases del primer centro cántabro de innovación de Formación Profesional (CIFRA), concebido como referencia para impulsar proyectos ligados a este ámbito.
En cuanto a la Dirección General de Universidades, su presupuesto ascenderá a 110 millones de euros, tres más que en 2026. De ellos, 106 millones se destinarán al contrato programa con la Universidad de Cantabria, que ha registrado un aumento del 20 por ciento desde 2023.
Además, el área de Universidades incorpora nuevas iniciativas dirigidas a ampliar las oportunidades del alumnado, como el Programa Concha Espina, que ya ha hecho posible la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Cantabria para los estudiantes empadronados en la Comunidad Autónoma, con una dotación de 1,5 millones.
Críticas de la oposición
Desde la bancada socialista se ha advertido de que “tener más dinero no significa necesariamente hacer más por la (educación) pública”, sobre todo cuando, según sostienen, continúa incrementándose la financiación de la enseñanza concertada mientras los centros públicos siguen reclamando más docentes, apoyos y recursos materiales.
El PSOE ha expresado también su inquietud por “el recorte de más de 150.000 euros en la FP”, un ámbito que, a su juicio, debería situarse entre “una de las grandes prioridades estratégicas de Cantabria”.
Los socialistas han añadido a sus reproches la baja ejecución de las inversiones. Con datos a 30 de septiembre, señalan que apenas se habían reconocido obligaciones por el 17,7% de los casi 19 millones de euros consignados para este 2026, lo que, a su entender, evidencia problemas para transformar las partidas en proyectos reales.
En la misma línea, han denunciado que más del 40% de las inversiones se repiten de forma sistemática en todas las anualidades entre 2024 y 2027, lo que, según el PSOE, demuestra que aumentar las dotaciones “no garantiza que vayan a ser ejecutados más proyectos”.
Por ello, han acusado al Gobierno del PP de convertir la planificación educativa en un ejercicio de “propaganda, repetición y maquillaje”, después de cuatro años anunciando las mismas actuaciones sin que, a su juicio, se hayan materializado en resultados concretos.
El PRC, por su parte, ha censurado que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga incremente en un 8,58 por ciento el presupuesto de Educación “sin atender las necesidades de los centros ni avanzar en compromisos como la reducción de ratios”, que, según han recordado, sigue sin aplicarse a todas las etapas educativas.
Para los regionalistas, las cuentas son “continuistas” y evidencian “falta de ambición y de proyecto”. Han insistido en que “no basta con gastar más: importa cómo se gasta y qué cambia realmente en las aulas”, subrayando que una parte relevante de los 61,7 millones adicionales se destinará a cubrir el aumento de los costes de personal, los contratos y los servicios.
El PRC también ha puesto el foco en que el presupuesto de 2027 vuelva a recoger obras educativas pendientes desde hace años, como intervenciones en varios institutos y centros, y ha afirmado que “reaparecer en el presupuesto evidencia que las obras no se han realizado”. Por ello, ha reclamado calendarios detallados para que la comunidad educativa “sepan cuándo comenzarán los trabajos y cuándo podrán disponer de las nuevas instalaciones”.
Aunque los regionalistas dicen apoyar la coexistencia de las redes pública y concertada, han cuestionado las prioridades del Gobierno mientras “persisten demasiadas necesidades sin atender en los centros públicos”, en un contexto en el que los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán 113,1 millones de euros el próximo año, lo que supone un incremento acumulado del 25 por ciento desde 2023.
Finalmente, el PRC ha reiterado que el último presupuesto educativo de la legislatura llega con “demasiados compromisos todavía pendientes”, pese al aumento global de la consignación, y ha pedido al Ejecutivo que concrete plazos y objetivos para que el refuerzo económico se traduzca en mejoras visibles en el sistema educativo cántabro.