El PSOE tiene previsto registrar en el Parlamento de Cantabria una iniciativa para que la gratuidad del transporte escolar se vaya extendiendo de forma progresiva al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional del medio rural, con el objetivo de “ayudar a las familias y que nadie deje de estudiar por no poder hacer frente a gastos derivados de la educación”.
Así lo ha comunicado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, tras reunirse este jueves con representantes de la Junta de Personal Docente, encabezados por su presidenta, Rus Trueba, y con varios cargos socialistas, entre ellos la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias.
Casares ha recordado que actualmente el transporte escolar solo es gratuito hasta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ha defendido que el mismo dispositivo “serviría para que los estudiantes de Bachiller y FP puedan tenerlo también de forma gratuita”. A su juicio, “nos parece una iniciativa clave y que tiene especial incidencia en el entorno rural, cuyos alumnos son los que más dificultades tienen”.
El dirigente socialista ha adelantado que la defensa de la escuela rural será una de las prioridades del partido en los próximos meses, al considerar que “la escuela rural es la base sobre la que se sostiene la educación de los niños y niñas que son el futuro de nuestros pueblos”.
En esta línea, ha arremetido contra el Ejecutivo del PP que preside María José Sáenz de Buruaga, al que acusa de que “esté cerrando escuelas rurales, condenando a los pueblos” de la comunidad y a su alumnado, y de hacerlo con “la excusa de que no hay niños”. Como respuesta, ha avanzado que el PSOE reclamará a la Consejería de Educación la elaboración de un mapa educativo que permita “ver dónde tenemos que poner los recursos”.
“Lo que no puede ser es que se cierren estas aulas en la escuela pública mientras se abren en centros concertados y privados”, ha manifestado Casares, subrayando que la prioridad de su partido pasa por reforzar la red pública y que los fondos públicos se orienten a la escuela rural y a las aulas de uno y dos años en lugar de derivarse a la enseñanza concertada.
Dentro de esa apuesta por la escuela rural, el secretario general ha exigido también el refuerzo de todos los servicios complementarios de la educación, como las actividades extraescolares, el transporte escolar y los comedores. Sobre este último servicio, ha denunciado que haya menores que se estén quedando sin plaza, como sucede en el CEIP Costa Quebrada, en Soto de la Marina (Santa Cruz de Bezana). “No se puede permitir que no se garantice a los niños un servicio tan básico”, ha remarcado.
“Ambición y apuesta presupuestaria” para la educación pública
Casares ha insistido en que para asegurar una educación pública de calidad “se requiere ambición y apuesta presupuestaria” y no “hacer la trampa que trata el PP, que manifiesta que la partida para Educación es una de las que más crecerá en el proyecto de Presupuestos para Cantabria para 2027 sin detallar a dónde va ese dinero”.
En su opinión, las cuentas aprobadas durante los años de gobierno del PP han incrementado de forma continuada los fondos destinados a la educación concertada. Ha denunciado que “van aumentado los recursos públicos que acaban en manos privadas y nosotros lo que queremos es que el dinero público vaya a la escuela pública, es nuestras máxima prioridad”.
Paralelamente, el líder socialista ha mostrado su respaldo a las demandas que la Junta de Personal Docente mantiene abiertas y que, según ha criticado, siguen sin respuesta por parte del consejero de Educación, Sergio Silva, mientras este mantiene como práctica “habitual” sus “ataques constantes” a los representantes sindicales, algo que considera “inadmisible en democracia”.
Casares ha reiterado el apoyo del PSOE a las peticiones del profesorado relativas a la reducción de ratios, la regulación de las actividades extraescolares, el refuerzo de la atención a la diversidad y, en general, una mejora de la financiación de la enseñanza pública.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Docente ha denunciado que la educación pública “no es una prioridad” para el actual Gobierno regional, que ha suprimido más de 108 puestos de trabajo y con el que se están produciendo “problemas insólitos” en los procesos de escolarización.
Trueba ha explicado que el colectivo docente mantiene sobre la mesa del consejero la necesidad de regular las actividades extraescolares para dotarlas de cobertura jurídica y seguridad, así como de compensaciones horarias para el profesorado y becas para el alumnado. Ha recordado que desde el inicio del curso permanece convocada una huelga de estas actividades extraescolares y, pese a ello, Silva todavía no ha presentado una contrapropuesta.
Al mismo tiempo, la Junta de Personal continúa impulsando la campaña “Por la Pública”, con la que exige el mantenimiento de las unidades en la red pública, la liberación del profesorado de la “burocracia asfixiante” y que se materialice “cuanto antes” la bajada de ratios en las aulas.