El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto solicitar su comparecencia voluntaria ante la Diputación Permanente del Congreso con el objetivo de ofrecer detalles sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que han perdido la vida más de 70 personas.
Fuentes del Ministerio han confirmado el registro de esta petición después de que Sumar, Esquerra Republicana y Podemos reclamasen formalmente que el ministro acudiera a la Diputación, el único órgano parlamentario operativo en la Cámara Baja tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.
Junto a esta comparecencia, aún sin fecha fijada, el titular de Transportes comparecerá de nuevo ante los medios este viernes, 30 de octubre, en una rueda de prensa en la que pretende seguir dando información con la máxima transparencia sobre este siniestro, el segundo accidente de alta velocidad registrado en España este año, tras el ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.
Un accidente “inexplicable” en la alta velocidad
El miércoles, jornada en la que se produjo el siniestro, el ministro ya ofreció una primera rueda de prensa en la que detalló las causas iniciales del choque, originado por el impacto entre un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, que permanecía detenido en la vía a raíz de la caída de un sistema de seguridad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado sobre lo sucedido y ha prometido “contundencia” si se confirman posibles negligencias, advirtiendo de que en un país como España no es asumible que se repitan accidentes como los de Adamuz y Urda.
Según relató Puente, el siniestro se desencadenó tras una orden “inexplicable” del centro de control de Adif, que autorizó a un AVE de Renfe a reanudar la marcha cuando en la misma vía permanecía parado un tren de Iryo por un fallo informático.
El incidente comenzó a las 8.30 horas, cuando un problema informático provocó la caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros. Este fallo activó la detención automática de seis trenes en ese recorrido, en línea con el funcionamiento previsto del LZB.
Minutos después, el maquinista del AVE informó al centro de control de Adif de que su convoy estaba detenido. A las 8.36 horas, el controlador de Adif autorizó al tren de Renfe a retomar la marcha a velocidad normal, pese a que el convoy de Iryo seguía parado en la vía. Diecisiete minutos más tarde se produjo la colisión.
“Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salid a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos”, señaló Puente ante los medios.
Crecen las críticas políticas y sindicales
Las explicaciones ofrecidas por el ministro han sido consideradas insuficientes por la mayoría de grupos parlamentarios. PP, Vox, Frente Amplio, Esquerra Republicana, PNV y Podemos han censurado que Puente atribuya la responsabilidad de la tragedia a un trabajador del centro de control de Adif y han mostrado su rechazo a la filtración a distintos medios de los audios con las comunicaciones entre el centro de control y los maquinistas.
Vox ha presentado una querella contra el ministro ante el Tribunal Supremo, mientras que Frente Amplio, ERC y Podemos han reclamado formalmente su presencia en la Diputación Permanente para que amplíe sus explicaciones sobre lo ocurrido.
En el ámbito sindical, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha arremetido contra la gestión del Ministerio y ha exigido medidas inmediatas para que el tren “vuelva a ser seguro”, recordando que, a su juicio, el sistema LZB debería haberse sustituido hace tiempo por una tecnología más moderna.
UGT, por su parte, ha denunciado la difusión de los audios de las comunicaciones internas, mientras que CCOO ha reclamado directamente el cese de Puente y la puesta en marcha de una investigación “rigurosa y transparente”.