El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha reclamado este martes un incremento “estructural” de la financiación autonómica destinada a las entidades locales, con el fin de que no sigan asumiendo en solitario el aumento del coste de los servicios. Frente a esta petición, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Alejandro Vázquez, ha defendido que la Junta está cumpliendo sus compromisos y que su aportación crece un 20 por ciento dentro del acuerdo de servicios sociales.
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, Pascual ha insistido en que la naturaleza jurídica de la prestación de los servicios sociales no puede utilizarse como pretexto para trasladar la falta de recursos financieros a los vecinos. Ha remarcado el fuerte incremento de los costes salariales, de las cotizaciones sociales, de los suministros y de los gastos de funcionamiento que deben afrontar ayuntamientos y diputaciones.
El representante abulense ha planteado también la conveniencia de reforzar actuaciones concretas en la provincia de Ávila, entre ellas la puesta en marcha del servicio de comida a domicilio en municipios muy envejecidos para hacer frente a la soledad no deseada, así como acortar los tiempos de espera en las valoraciones de dependencia, que se sitúan ahora en una media de 60 días para 680 personas.
Desde la Junta, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Alejandro Vázquez, ha negado que exista una “insuficiencia financiera” y ha sostenido que el acuerdo marco de financiación se apoya en un modelo de corresponsabilidad compartida con las entidades locales. Ha precisado que en la provincia de Ávila las cuantías destinadas al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación pasan de 14,5 millones de euros en 2024 a 17,4 millones en 2026.
Vázquez ha destacado igualmente que, con estos fondos, el Gobierno autonómico sufraga el 100 por ciento del personal técnico de los Centros de Acción Social (CEAS) y el 90 por ciento del servicio de ayuda a domicilio. Además, ha señalado que el Ayuntamiento de Ávila perdió el derecho a percibir 659.000 euros en 2025 al no justificar correctamente los programas ejecutados.