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En este momento las relaciones entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta están marcadas por una negociación tensa: el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desplegado refuerzos policiales, militares y nuevas infraestructuras en la frontera y ha habilitado financiación extra para acogida, pero el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, considera que la respuesta sigue siendo insuficiente y reclama un “blindaje” estructural de la frontera y más medios de acogida. No hay todavía un gran pacto cerrado que rediseñe de fondo el sistema, sino un paquete de medidas urgentes y varios procesos políticos y legislativos en marcha (reparto de menores, reforma de extranjería, apoyo europeo). La gestión de la crisis de finales de julio y la presión migratoria posterior condicionan toda la negociación y han abierto además un frente político en Madrid y en Bruselas.

Qué ha puesto ya sobre la mesa el Gobierno central

Tras la entrada masiva del 30 de julio (Interior habla de entre 50.000 y 60.000 personas) el Gobierno desplegó un amplio dispositivo de seguridad y coordinación con Ceuta, detallado por Sánchez en su visita a la ciudad, según la transcripción de su comparecencia y la nota de actividades de La Moncloa sobre la reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea de Ceuta (actividad de Sánchez en Ceuta). Las principales líneas son:

• Refuerzo de efectivos: aumento en torno al 10% de Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta, sumado al despliegue del Ejército de Tierra y apoyo de la Armada, para garantizar seguridad en frontera y en barrios de la ciudad.
• Infraestructura física en el Tarajal: Interior comenzó a instalar una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal para crear un elemento físico que permita aplicar la sentencia del Supremo sobre devoluciones y reforzar el control del acceso marítimo, según la nota oficial de Interior (barrera neumática en el Tarajal). Esta medida se complementa con las barreras de 500 metros descritas por el periódico Demócrata (crónica sobre la vuelta a la normalidad).
• Frontera “inteligente” de El Tarajal: antes de la crisis ya estaba en marcha la modernización integral del paso fronterizo, con una inversión superior a 22 millones de euros y sistemas de control adaptados a los estándares de la UE, según Interior (nota de Interior sobre frontera inteligente) y La Moncloa (nota de Moncloa sobre El Tarajal).
• Nuevos espacios de identificación y triaje: Sánchez explicó que, en coordinación con el gobierno ceutí, Interior había preparado un CATE para documentación y repatriaciones ágiles, según la comparecencia en Ceuta. En paralelo, Ceuta ha reabierto y habilitado centros de acogida ante el colapso, como detalla Demócrata (situación de centros y menores).
• Financiación específica para acogida: el Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a menores migrantes no acompañados en Ceuta, que se canalizará vía Ministerio de Juventud e Infancia, tal y como recoge Demócrata (25 millones para menores en Ceuta). El propio Ejecutivo admite que está por ver si esta cantidad será suficiente, dada la presión actual (aumento de menores tutelados).

En un plano más estructural, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y Vivas han vinculado Ceuta a un Plan Integral de desarrollo socioeconómico con horizonte hasta 2026–2030, en el que se incluye la preocupación por los menores migrantes y la propuesta de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para crear un sistema estatal de distribución de menores entre comunidades, según dos notas oficiales: la de La Moncloa (plan integral de Ceuta (Moncloa)) y la del propio Ministerio (plan integral de Ceuta (MPT)).

Posición y exigencias de la Ciudad Autónoma

La Asamblea de Ceuta, con todos los grupos (incluido el PSOE), ha pedido al Gobierno una respuesta “extraordinaria”, que incluía declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, un mando único, el cierre del paso del Tarajal y un refuerzo masivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como recogen varias informaciones de Demócrata (petición de emergencia nacional, crisis migratoria 2026, actuación policial en la frontera).

El Gobierno central ha rechazado por ahora declarar la emergencia nacional, alegando que las llegadas no encajan en los supuestos de la Ley de Protección Civil, según otra pieza del mismo diario (rechazo a la emergencia nacional). Vivas, por su parte, sigue reclamando:

• Expulsión y retorno a Marruecos de quienes aún permanecen en la ciudad, una cifra que él sitúa entre 8.000 y 11.000 personas, lo que ha abierto una “segunda fase” de la crisis, centrada en qué hacer con los que ya están dentro (una semana después de la avalancha).
• “Blindar la frontera” con más medios humanos, materiales, mejores infraestructuras y mayor presencia de agencias europeas como Frontex, así como un plan económico que amortigüe el impacto sobre el tejido productivo local (demanda de blindaje fronterizo).
• Más recursos de acogida y un reparto solidario de menores con otras comunidades, en línea con lo discutido con Política Territorial (plan integral (Moncloa)).

Tanto en las reuniones con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como en los contactos con otros departamentos, Vivas ha insistido en la necesidad de una frontera que “funcione de manera eficaz y regular” y en seguir explotando la cooperación con Marruecos y la UE, según Exteriores (nota de Exteriores sobre reunión Albares–Vivas). A escala europea, Bruselas ha ofrecido más apoyo financiero y operativo y ha recordado que Ceuta es frontera exterior de la UE (oferta de apoyo de Bruselas, análisis sobre Frontex, fondos europeos para Ceuta).

Recursos de acogida y reparto de menores

Los recursos de acogida están claramente tensionados. El CETI, con 512 plazas, ha llegado a albergar alrededor de 1.000 personas, con otro millar durmiendo fuera del recinto, según Demócrata (despliegue policial en el CETI). El área de Menores, según reconoce la propia Ciudad Autónoma, está “colapsada” y ha obligado a reabrir centros y habilitar nuevos espacios (colapso de recursos de menores, un millar de menores tutelados).

En paralelo a los fondos extraordinarios ya citados, el Gobierno y Vivas han coincidido en la necesidad de cambiar la Ley de Extranjería para articular un reparto obligatorio de menores entre territorios, pero esta negociación se traslada a las Cortes y a la Conferencia Sectorial, no solo a la mesa bilateral Estado–Ceuta (nota del Ministerio de Política Territorial). Mientras tanto, formaciones como IU y Sumar insisten en traslados solidarios a otras comunidades autónomas y en reforzar los recursos de acogida en Ceuta, rechazando las devoluciones en caliente (propuesta de IU y Sumar).

Controversia política y puntos de fricción pendientes

Las medidas del Gobierno han ido acompañadas de una fuerte contestación política. El PP y Vox acusan al Ejecutivo de respuesta “tardía e insuficiente” y de no haber aceptado el máximo apoyo de Frontex, planteando incluso que se “blinden” las fronteras y se cambie ya la Ley de Extranjería para facilitar expulsiones, según diversas notas del PP (ofensiva parlamentaria del PP, declaraciones de Feijóo, críticas de Ezcurra, exigencia de comparecencia de Sánchez, denuncia del PP ante la UE).

Desde la izquierda, sectores de Sumar y aliados critican el énfasis en devoluciones y piden una “respuesta coordinada” basada en derechos humanos y reparto solidario, mientras dirigentes como Gabriel Rufián plantean un “pacto de Estado” migratorio (llamamiento de Rufián). A nivel autonómico, otros gobiernos, como el vasco, reclaman planificación y coordinación en clave de derechos (declaraciones del Gobierno Vasco).

En síntesis, las “negociaciones” Gobierno–Ceuta hoy combinan: coordinación operativa diaria (refuerzos policiales, militares y de Frontex, incluida la Operación Minerva que ya reforzaba el puerto según Demócrata: Operación Minerva 2026), compromisos financieros concretos para menores y acogida, y un debate político aún no resuelto sobre hasta dónde llegar en el blindaje físico de la frontera, el reparto de menores y la reforma de la normativa de extranjería. No se dispone de más información en las fuentes consultadas que apunte, a día de hoy, a un gran acuerdo cerrado que satisfaga plenamente a ambas partes.

Las competencias del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta en una crisis migratoria se centran en la gestión interna del territorio y de los servicios públicos (asistencia social, protección civil, sanidad, policía local y organización de recursos), mientras que el control de fronteras, la política de extranjería y los “rechazos en frontera” son competencia exclusiva del Estado. Jurídicamente, su margen de actuación deriva del Estatuto de Autonomía de Ceuta y de los reales decretos de traspaso de servicios, así como de la normativa estatal de protección civil. El presidente dirige el Consejo de Gobierno y, como alcalde, encabeza la respuesta municipal y autonómica, coordinándose con la Delegación del Gobierno en materias de seguridad y extranjería. En consecuencia, su papel es clave en la acogida humanitaria, el despliegue de servicios sociales y de emergencia, y la cooperación institucional, pero no puede decidir sobre la admisión, devolución o rechazo en frontera de las personas migrantes.

Marco institucional del presidente de Ceuta

El Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por la Ley Orgánica 1/1995, define al presidente como la autoridad que preside la Asamblea y el Consejo de Gobierno, dirige y coordina la actividad de este y ostenta la “suprema representación” de la Ciudad, además de la condición de alcalde (Estatuto de Autonomía de Ceuta). Esto significa que concentra funciones típicas de presidente autonómico y de alcalde de gran municipio, incluyendo la dirección de los servicios municipales y de la administración ceutí.

El Estatuto atribuye a la Ciudad competencias en materias directamente relevantes para una crisis migratoria, como la asistencia socialsanidad (asumidas mediante traspasos estatales) y la policía local y la protección de edificios e instalaciones propias. La ejecución de la legislación estatal en materia de protección civil también corresponde a la Ciudad, con facultades de administración, inspección y sanción en su ámbito.

Distribución Estado–Ciudad en extranjería y seguridad

La Constitución y la normativa de desarrollo reservan al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y fronteras, algo que se recuerda expresamente en el preámbulo del Real Decreto 30/1999, al señalar que el Estado mantiene esas materias mientras transfiere a Ceuta funciones de asistencia social (Real Decreto 30/1999).

En seguridad ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015 identifica como autoridades estatales al Ministro del Interior, al Secretario de Estado de Seguridad y a los delegados del Gobierno en comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla (Ley Orgánica 4/2015). Esta misma norma subraya que los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla son competentes para sancionar infracciones graves y leves en materia de seguridad ciudadana. La disposición adicional que introduce en la Ley Orgánica 4/2000 el “régimen especial de Ceuta y Melilla” (rechazo en frontera) se refiere a “extranjeros detectados en la línea fronteriza” y asigna esa actuación al ámbito estatal de extranjería (Ley Orgánica 4/2000, modificada por Ley Orgánica 4/2015).

Por tanto, el presidente de Ceuta no tiene competencia sobre la gestión de la valla, la frontera, los rechazos en caliente ni sobre la decisión de admisión, expulsión o devolución de extranjeros, que recaen en la Administración General del Estado y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Competencias del presidente en protección civil y emergencias

La Ciudad de Ceuta tiene atribuida la ejecución de la legislación del Estado en protección civil, según el Estatuto, y participa en el Sistema Nacional de Protección Civil regulado por la Ley 17/2015 (Ley 17/2015). Esta ley refuerza la cooperación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales en emergencias y prevé que los órganos autonómicos de coordinación de emergencias se integren en el dispositivo estatal cuando la emergencia es de interés nacional.

La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 524/2023, establece que los planes territoriales de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se integran en el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), y que los planes especiales de estas ciudades se integran tanto en su plan territorial como en el estatal (Real Decreto 524/2023). En la práctica, el presidente de Ceuta, como máxima autoridad política de la Ciudad, dirige la activación y ejecución del plan territorial y de los servicios de protección civil dependientes de la administración ceutí, coordinándose con Interior cuando la emergencia rebasa su capacidad.

Asistencia social y atención humanitaria a personas migrantes

El Real Decreto 30/1999 traspasa a la Ciudad de Ceuta funciones y servicios en materia de asistencia social, explicitando que el Estado mantiene las competencias básicas en igualdad de derechos y en extranjería, pero la Ciudad asume la gestión de los servicios sociales en su ámbito (Real Decreto 30/1999). El anexo recuerda que, en virtud del artículo 21.1.18 del Estatuto, Ceuta ejerce competencias sobre asistencia social, y el traspaso se articula a través de la Comisión Mixta Estado–Ciudad de Ceuta (Real Decreto 1411/1995).

En una crisis migratoria, esto se traduce en que el presidente puede ordenar y coordinar la respuesta de los servicios sociales propios (albergue temporal, ayudas de emergencia, apoyo a menores, coordinación con entidades sociales), impulsar recursos adicionales y negociar con el Estado fondos y derivaciones a la península, pero siempre dentro del marco de extranjería y protección internacional determinado por la Administración General del Estado.

Síntesis competencial

En suma, las competencias legales del presidente de la Ciudad de Ceuta en una crisis migratoria son amplias en la organización y gestión interna (servicios sociales, protección civil, sanidad y policía local) y en la representación política y negociación con el Gobierno central, pero no incluyen el control jurídico de la frontera ni las decisiones de extranjería, que siguen siendo estatales. La normativa de protección civil refuerza su papel como director del plan territorial y como actor clave en la coordinación de recursos locales con el sistema estatal de emergencias, mientras que los traspasos de asistencia social le permiten liderar la respuesta humanitaria y social a las personas migrantes que ya se encuentran en territorio ceutí.

En Ceuta, como en el resto de España, una concentración ciudadana en la vía pública no necesita autorización previa, pero sí debe cumplir estrictamente el régimen de comunicación previa y las condiciones de orden público fijadas por la Constitución y la legislación orgánica estatal. No se ha localizado ninguna norma autonómica específica de la Ciudad Autónoma de Ceuta que modifique ese régimen general, por lo que resulta aplicable la regulación básica estatal. Los textos clave son la Constitución Española, la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión y la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, además del Estatuto de Autonomía de Ceuta.

Normativa aplicable en Ceuta

Los principales textos que regulan concentraciones y manifestaciones en Ceuta son:

• Constitución Española, art. 21, que reconoce el derecho de reunión: se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y se exige comunicación previa a la autoridad para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, pudiendo prohibirse solo por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes (Constitución).
• Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que desarrolla el contenido y los requisitos formales del derecho (LO 9/1983).
• Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, que regula la actuación policial y el régimen sancionador en caso de extralimitaciones o alteraciones durante reuniones y manifestaciones (LO 4/2015).
• Estatuto de Autonomía de Ceuta, que organiza competencias de la Ciudad Autónoma, pero sin cambiar el núcleo del régimen estatal del derecho de reunión (Estatuto de Ceuta).

Requisitos formales: comunicación previa

Para una concentración en lugar de tránsito público en Ceuta (plazas, calles, etc.) rige el esquema de la Ley Orgánica 9/1983:

• Sujeción a comunicación, no a autorización: ninguna reunión está sometida a autorización previa, pero las que se celebren en lugares de tránsito público o las manifestaciones deben comunicarse.
• Plazo general: la comunicación se presenta por escrito con una antelación mínima de 10 días naturales y máxima de 30 días.
• Urgencia: si existen causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia, la comunicación puede hacerse con una antelación mínima de 24 horas.
• Autoridad competente: en Ceuta, la autoridad gubernativa estatal (Delegación del Gobierno) es la competente a efectos de la Ley Orgánica 9/1983.

El escrito de comunicación debe incluir, según la Ley Orgánica 9/1983 (LO 9/1983):

• Datos de los organizadores: nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación. Si son personas jurídicas, también su denominación, naturaleza y domicilio y los datos de su representante.
• Datos de la concentración: lugar, fecha, hora de inicio y duración prevista.
• Objeto: finalidad y motivo de la concentración.
• Itinerario si hubiera desplazamiento por la vía pública.
• Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten a la autoridad gubernativa.

La autoridad gubernativa comunica estos datos al Ayuntamiento afectado para que emita informe técnico (estado de los lugares, concurrencia con otros actos, condiciones de seguridad, etc.), que es no vinculante.

Requisitos materiales y límites

El derecho de reunión exige que la concentración sea:

• Pacífica y sin armas, conforme al art. 21 de la Constitución (Constitución).
• Convocada por personas en pleno ejercicio de sus derechos civiles, de acuerdo con la LO 9/1983.
• Lícita: no puede perseguir fines ni emplear medios tipificados como delito.

La autoridad puede prohibir o modificar la concentración (cambiar fecha, lugar, duración o itinerario) si existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. La decisión debe ser motivada y notificarse en un plazo máximo de 72 horas desde la comunicación, con posibilidad de recurso contencioso-administrativo rápido ante la Audiencia competente (LO 9/1983).

Obligaciones y responsabilidades

La Ley Orgánica 9/1983 establece que:

• Los organizadores son responsables del buen orden de la concentración y deben adoptar las medidas necesarias para su adecuado desarrollo.
• Los participantes responden directamente de los daños que causen a terceros; subsidiariamente responderán los organizadores, salvo que acrediten haber puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos.

La Ley Orgánica 4/2015 obliga a que las autoridades adopten medidas para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones e impidan que se perturbe la seguridad ciudadana, pudiendo llegar a disolverlas en los supuestos previstos en la LO 9/1983. La intervención policial debe ser gradual y proporcionada, siendo la disolución el último recurso (LO 4/2015).

En resumen, en Ceuta una concentración ciudadana será jurídicamente válida si se comunica en plazo y forma a la Delegación del Gobierno, es pacífica y sin armas, respeta el orden público y las órdenes de la autoridad, y sus organizadores cumplen con las obligaciones de organización y seguridad previstas en la legislación estatal vigente.