Ceuta, una semana después de la avalancha: entre 8.000 y 11.000 personas siguen en la ciudad y Vivas exige su regreso a Marruecos

El presidente de Ceuta reclama al Gobierno de Sánchez una respuesta inmediata y más policías ante una situación que considera «insostenible»; la cifra de personas que permanecen en la ciudad es una estimación de la Administración ceutí, mientras el Ejecutivo mantiene su estrategia de retornos y acogida

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Ceuta encara el fin de semana con una pregunta que sigue sin respuesta una semana después de la entrada masiva desde Marruecos: ¿cuántas de las personas que cruzaron la frontera durante la crisis continúan todavía en la ciudad?

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sitúa la cifra entre 8.000 y 11.000 personas y considera que la situación es ya «insostenible». Su reclamación al Gobierno de Pedro Sánchez es directa: que quienes entraron durante la avalancha regresen a Marruecos y que el Estado incremente de forma inmediata la presencia policial en las calles, según recoge EL ESPAÑOL

La cifra no procede de un balance publicado por el Ministerio del Interior, sino de la estimación realizada por el Gobierno de la ciudad autónoma. Es un matiz importante en una crisis en la que las cifras han ido cambiando a medida que avanzaban los retornos.

De una frontera desbordada a una ciudad que intenta recuperar la normalidad

La crisis comenzó con una entrada masiva de personas desde Marruecos que, por su rapidez y volumen, obligó a desplegar un dispositivo extraordinario.

En los días previos al episodio, Ceuta ya había advertido del deterioro de la situación. El 29 de julio, cuando todavía no se había producido la avalancha, Vivas reclamaba al Gobierno una actuación «contundente y sin dilación» después de que más de 1.500 personas hubieran entrado en la ciudad en poco más de nueve días. EFE constató entonces que el CETI había alcanzado sus 512 plazas y que más de 400 personas aguardaban fuera para poder acceder, publica EFE

La dimensión de lo ocurrido posteriormente multiplicó ese problema. Ahora, una semana después, el debate ya no se centra únicamente en cómo contener la frontera. El foco está en qué hacer con las personas que permanecen dentro de Ceuta después de la entrada masiva.

Vivas pide que regresen a Marruecos

El presidente ceutí sostiene que la solución pasa por que quienes entraron durante la crisis regresen al país vecino. «Es insostenible», ha señalado este sábado, según recogen distintos medios, mientras reclama al Gobierno central que cumpla con su responsabilidad y adopte las medidas necesarias para devolver la situación a la normalidad, señala el Canal Extremadura.

La petición se produce en paralelo a otra reivindicación que Vivas lleva formulando durante toda la crisis: más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las calles de Ceuta.

El presidente considera insuficiente el dispositivo actual y ha vuelto a reclamar un refuerzo real de agentes para que los ciudadanos recuperen la sensación de seguridad.

La presión sobre el Gobierno central se mantiene así en dos frentes: la seguridad y la gestión de las personas que permanecen en la ciudad.

La cifra de 10.000 no significa que 10.000 personas estén en la misma situación

Las personas que entraron durante la crisis no constituyen un colectivo homogéneo ni tienen necesariamente la misma situación administrativa. Hay adultos, jóvenes y menores. Hay personas que pueden regresar voluntariamente y otras que están sometidas a procedimientos específicos de protección por su condición de menores no acompañados.

Por eso, la reclamación de retorno de Vivas no puede aplicarse automáticamente de la misma manera a todos los que permanecen en Ceuta.

El Gobierno central ha situado parte de su respuesta en la protección y redistribución de los menores extranjeros no acompañados.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido precisamente que se desplieguen los procedimientos de acogida y que se priorice la reagrupación familiar en el caso de los menores.

El problema de los menores

Ceuta soporta desde hace años una presión muy superior a su capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados.

El Gobierno central aprobó en julio un reparto extraordinario de 35 millones de euros para reforzar los sistemas de acogida de las comunidades y ciudades autónomas. De esa cantidad, Ceuta recibió 5,5 millones de euros.

La cuestión ahora es si las medidas ordinarias y extraordinarias son suficientes después de la entrada masiva de finales de julio.

La propia arquitectura del sistema muestra la dificultad. En febrero, el Gobierno ya había informado de que 1.019 menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla habían sido reubicados en otros territorios.

El Gobierno tiene dos problemas distintos

La presión política que afronta el Ejecutivo tiene, por tanto, dos dimensiones. La primera es fronteriza y de seguridad: impedir que se repita una entrada masiva y garantizar que los efectivos policiales dispongan de medios suficientes. La segunda es administrativa y humanitaria: determinar qué ocurre con las personas que ya están dentro del territorio español, diferenciando entre adultos, menores, posibles solicitantes de protección y personas susceptibles de retorno.

Vivas insiste en que ambos problemas deben resolverse sin dilación. Y lo hace mientras sostiene que mantener durante días a miles de personas en las calles de una ciudad de las dimensiones de Ceuta es una situación que la Administración local no puede asumir indefinidamente, publica El Imparcial.

La incógnita: cuántos han regresado realmente

La discusión sobre las cifras es uno de los elementos más relevantes de esta crisis.

Durante los primeros días se manejaron cifras muy diferentes sobre el número de personas que habían entrado. También se comunicaron posteriormente cifras elevadas de retornos a Marruecos.

El Ministerio del Interior y las autoridades marroquíes han mantenido sus propios balances, mientras que el Gobierno de Ceuta ofrece ahora una estimación de las personas que permanecen en la ciudad.

Por eso, no es correcto presentar los 10.000 como un balance oficial definitivo.

Lo que sí es una noticia de hoy es que el presidente de Ceuta sitúa entre 8.000 y 11.000 las personas que todavía permanecen allí y reclama que sean retornadas a Marruecos. (EL ESPAÑOL)

Vivas vuelve a señalar al Gobierno de Sánchez

La reivindicación del presidente ceutí tiene además una dimensión política.

Vivas considera que la ciudad no puede asumir por sí sola las consecuencias de una crisis que afecta directamente al control de una frontera exterior de España y de la Unión Europea.

Por eso dirige sus peticiones al Estado: más policías, más capacidad de respuesta y una solución para las personas que siguen en la ciudad.

El presidente ceutí ya había reclamado antes de la avalancha una actuación estatal urgente. El 29 de julio advertía de que los centros de acogida estaban saturados y de que el área de menores se encontraba muy por encima de su capacidad. 

Una semana después, el problema no ha terminado

La crisis fronteriza de Ceuta ha entrado en una segunda fase.

La primera fue la emergencia en la frontera: miles de personas intentando acceder a la ciudad y un despliegue extraordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La segunda es más silenciosa, pero puede resultar más prolongada: qué hacer con quienes consiguieron entrar y todavía permanecen en Ceuta.

La cifra que maneja Vivas —entre 8.000 y 11.000 personas— dibuja una situación de enorme presión para una ciudad de poco más de 80.000 habitantes.  Y abre una nueva batalla entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central.

Vivas reclama que regresen a Marruecos y que aumente la presencia policial. La crisis de Ceuta, por tanto, no parece que haya terminado cuando se ha rebajado la presión en la frontera. De ahí que ahora, una semana después, la pregunta es otra: cuánto tardará la ciudad en recuperar la normalidad y quién asumirá el coste de gestionar a las miles de personas que, según la estimación del Gobierno ceutí, todavía permanecen dentro de sus calles.

 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué estado parlamentario se encuentra la tramitación de nuevas medidas legislativas para la gestión de crisis migratorias en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla?

En la actualidad, el núcleo de las nuevas medidas legislativas específicas para gestionar crisis migratorias que afectan a Ceuta y Melilla se articula en torno al Real Decreto‑ley 2/2025, ya en vigor y en fase de conversión en ley en el Congreso. Este decreto‑ley establece el modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para menores extranjeros no acompañados y prevé expresamente la derivación desde las ciudades autónomas al resto del territorio. El texto está siendo tramitado como Proyecto de Ley 121/000055, en fase de presentación de enmiendas, con plazo ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que sigue en una fase parlamentaria inicial. Una proposición de ley previa sobre la misma materia (122/000123) fue rechazada, de modo que la tramitación vigente se concentra hoy en ese proyecto de ley derivado del decreto‑ley.

1. Real Decreto‑ley 2/2025 y su tramitación como ley

El Gobierno aprobó el Real Decreto‑ley 2/2025, de 18 de marzo, “por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”, en el Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2025, según la correspondiente referencia. El texto fue publicado en el BOE el 19 de marzo de 2025 (BOE 19‑03‑2025), por lo que sus medidas están ya en vigor.

Entre otros aspectos, el decreto‑ley introduce un nuevo artículo 35 ter en la Ley Orgánica 4/2000, que regula el “Modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y adolescencia migrante no acompañada”. Ese modelo fija criterios objetivos para decidir:

  • La ubicación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades y ciudades autónomas.
  • El mecanismo de derivación a otros territorios cuando se declare una contingencia migratoria extraordinaria.
  • Los cupos de plazas por comunidad o ciudad autónoma en caso de derivación.

Este diseño afecta de forma directa a Ceuta y Melilla, que son expresamente mencionadas como territorios donde la presión migratoria sobre el sistema de protección de menores es más intensa, y como puntos de partida de derivaciones hacia otras comunidades autónomas.

El Congreso acordó tramitar este Real Decreto‑ley como proyecto de ley (n.º 121/000055). La información parlamentaria indica que el plazo de enmiendas se ha ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026, lo que sitúa la iniciativa en la fase de enmiendas al articulado, aún sin informe de ponencia ni dictamen de comisión. En consecuencia, el margen para modificar o matizar el régimen de gestión de crisis migratorias, incluido su impacto en Ceuta y Melilla, sigue abierto en sede parlamentaria.

2. Marco ejecutivo complementario que incide en Ceuta y Melilla

Junto a la tramitación parlamentaria, el Gobierno ha ido aprobando normas reglamentarias y acuerdos que operativizan este modelo y refuerzan la respuesta a las crisis migratorias con especial incidencia en Ceuta y Melilla.

Destaca el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2026, sobre la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en comunidades y ciudades autónomas, incluido Ceuta y Melilla, cuya referencia oficial puede consultarse en la nota del Consejo de Ministros. Este real decreto fija la “capacidad ordinaria” de cada territorio y sirve como parámetro para declarar la contingencia migratoria extraordinaria, que se aplica cuando se triplica esa capacidad, “como ahora sucede en Canarias, Ceuta y Melilla”.

Además, el Gobierno ha aprobado acuerdos de distribución de fondos específicos para menores migrantes no acompañados que incluyen a Ceuta y Melilla, como el acuerdo de 2025 por importe de 22 millones de euros (referencia 15‑07‑2025) y el de 2026 por 35 millones de euros (referencia 14‑07‑2026), así como otros instrumentos ejecutivos de gestión migratoria como las resoluciones de encomienda de gestión en materia de autorizaciones de residencia publicadas en el BOE (16‑04‑2026, 23‑07‑2026).

3. Proposición de Ley rechazada y otras iniciativas relacionadas

En la misma XV Legislatura se presentó la Proposición de Ley 122/000123, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros. Esta proposición desarrollaba un régimen de contingencia migratoria extraordinaria centrado en Canarias, Ceuta y Melilla, incluyendo la declaración formal de esa situación y un plan de respuesta con redistribución obligatoria de menores y financiación asociada, tal como se recoge en su publicación inicial en el BOCG (texto de la proposición y ficha de iniciativa en detalle 122/000123).

No obstante, esta proposición fue rechazada el 5 de octubre de 2024, concluyendo su tramitación sin llegar a convertirse en ley. Buena parte de su lógica material ha sido, en la práctica, canalizada después mediante el Real Decreto‑ley 2/2025 y su desarrollo reglamentario.

En el plano no legislativo, existe también una Proposición no de Ley relativa al cambio de criterio de acceso a las dependencias de asilo de Melilla (n.º 161/001895), presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, registrada en el Congreso y publicada en el Diario de la Cámara (texto de la PNL). Se trata de una iniciativa de orientación política, no normativa, y no modifica por sí misma el marco jurídico, aunque refleja el debate parlamentario en torno a la gestión del asilo en Melilla.

4. Conclusión sobre el estado parlamentario actual

En resumen, en la XV Legislatura el único instrumento con recorrido parlamentario vivo y contenido directamente orientado a la gestión de crisis migratorias con impacto en Ceuta y Melilla es el Proyecto de Ley 121/000055, procedente del Real Decreto‑ley 2/2025. La iniciativa está en el Congreso, en fase de enmiendas al articulado, con plazo abierto hasta el 2 de septiembre de 2026, sin que todavía se haya alcanzado la fase de ponencia ni dictamen de comisión. Otras iniciativas que mencionan Ceuta y Melilla (reales decretos‑ley económicos como el 1/2025 o el 8/2023: BOE 29‑01‑2025, BOE 28‑12‑2023, y sus trámites como proyectos de ley 121/000047 y 121/000003 recogidos en diversas referencias del Consejo de Ministros: 28‑01‑2025, 27‑12‑2023, 25‑06‑2024) lo hacen de forma puntual y no configuran un régimen específico de gestión de crisis migratorias en las ciudades autónomas.

De este modo, el marco normativo ya vigente para crisis migratorias (Real Decreto‑ley 2/2025 y su desarrollo reglamentario, como el real decreto de capacidad ordinaria) convive con una tramitación parlamentaria aún abierta, donde el proyecto de ley puede ser objeto de cambios significativos antes de su aprobación definitiva por Congreso y Senado.

¿Qué cambios concretos podrían introducir las enmiendas al Proyecto de Ley 121/000055 que afecten a Ceuta y Melilla? ¿Cómo se está aplicando en la práctica el modelo de derivación de menores no acompañados desde Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas? ¿Qué posiciones están defendiendo los distintos grupos parlamentarios sobre la gestión de crisis migratorias en Ceuta y Melilla?

¿Cuáles son las competencias del presidente de Ceuta según el Estatuto de Autonomía y qué partido político lidera Juan Jesús Vivas?

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, según el Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 1/1995, es la máxima autoridad institucional de la ciudad, preside la Asamblea y el Consejo de Gobierno y dirige la acción ejecutiva. Además, ostenta la suprema representación de la ciudad y tiene la facultad de nombrar y cesar a los consejeros, pudiendo delegar en ellos parte de sus funciones ejecutivas. En el plano político, Juan Jesús Vivas Lara ejerce actualmente esta Presidencia y pertenece al Partido Popular, formación con la que ocupa el cargo de Alcalde‑Presidente de Ceuta. Según los datos disponibles, desempeña la Presidencia en la actual legislatura desde el 24 de junio de 2023.

Marco jurídico del cargo de presidente de Ceuta

El Estatuto de Autonomía de Ceuta se recoge en la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, que configura las instituciones de autogobierno de la ciudad. En el bloque dedicado a la organización institucional, el texto estatutario regula de forma expresa la figura del presidente de la ciudad, su forma de elección, sus competencias y las relaciones con la Asamblea y el Consejo de Gobierno.

Del fragmento estatutario disponible se desprende la redacción básica sobre el presidente: se establece que “el Presidente de la ciudad de Ceuta preside la Asamblea, el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige y coordina, y ostenta la suprema representación de la Ciudad”. Este precepto es el núcleo de sus atribuciones institucionales y ejecutivas. Las fuentes consultadas no indican el número concreto de artículo, aunque el contenido forma parte del bloque regulador del Presidente y del Consejo de Gobierno dentro de la propia Ley Orgánica 1/1995.

Competencias institucionales y ejecutivas

Las competencias del presidente de Ceuta, según el Estatuto, pueden agruparse en varios grandes apartados:

  • Representación institucional: el presidente “ostenta la suprema representación de la Ciudad”. Esto implica encarnar la condición institucional de Ceuta frente al Estado, otras comunidades autónomas, la ciudad de Melilla y el exterior, dentro de las competencias que el propio Estatuto y la Constitución permiten.
  • Presidencia de la Asamblea: el Estatuto prevé que el presidente “preside la Asamblea”. Esto le sitúa al frente del órgano representativo de la ciudad, con funciones de dirección de los debates y orden de las sesiones, en el marco del reglamento de la Asamblea.
  • Presidencia y dirección del Consejo de Gobierno: se indica que preside “el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige y coordina”. El Consejo de Gobierno es definido en el propio Estatuto como el órgano colegiado con las “funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad de Ceuta”. El presidente, por tanto, fija las directrices políticas, coordina a los consejeros y asegura la unidad de acción del Gobierno de la ciudad.
  • Nombramiento y cese de los consejeros: el precepto continúa señalando que “el Presidente nombra y separa a los Consejeros”. Esto le otorga la facultad de configurar y remodelar su Gobierno, eligiendo quién asume cada cartera y pudiendo cesarlos libremente, con la única contrapartida de la responsabilidad política ante la Asamblea.
  • Delegación de funciones ejecutivas: el mismo artículo permite que el presidente “podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en algunos de los miembros del Consejo”. Es decir, aunque la dirección ejecutiva le corresponde, puede atribuir a determinados consejeros el ejercicio de competencias concretas, en términos temporales y revocables.
  • Condición de alcalde: el Estatuto establece que “el Presidente, que ostenta también la condición de Alcalde”, de modo que acumula las funciones típicas de la Alcaldía (desde la perspectiva del régimen local) con las propias de la Presidencia de la Ciudad Autónoma, integrando así el nivel municipal y el autonómico especial de Ceuta.

Relación con la Asamblea: confianza y responsabilidad política

Aunque la pregunta se centra en competencias, el propio Estatuto articula también los mecanismos de control político sobre el presidente, que forman parte de su posición institucional. El texto estatutario prevé que el presidente, “previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Asamblea de Ceuta la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”. La confianza se entiende otorgada si la mayoría simple de la Asamblea la respalda.

En sentido inverso, la Asamblea “puede exigir la responsabilidad del Presidente del Consejo de Gobierno, mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura, que habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la ciudad, de entre los miembros de la Asamblea”. Si la moción prospera, el candidato incluido se entiende automáticamente investido presidente. La norma añade que el presidente no puede plantear cuestión de confianza mientras esté en trámite una moción de censura, equilibrando así los poderes de iniciativa política y de control.

Partido político de Juan Jesús Vivas Lara

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la información disponible sobre el perfil de Juan Jesús Vivas Lara indica que es el actual Alcalde‑Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y “miembro del Partido Popular”. De este modo, pertenece al Partido Popular, formación con la que ocupa la Presidencia de la ciudad. Los datos de su cargo muestran que ejerce como presidente en la legislatura vigente desde el 24 de junio de 2023, en el marco institucional y competencial definido por el Estatuto de Autonomía de Ceuta.

¿Cómo se elige exactamente el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta según el Estatuto y qué mayorías son necesarias? ¿Qué diferencias hay entre las competencias del presidente de Ceuta y las de un presidente de comunidad autónoma “ordinaria”? ¿Qué composición política tiene actualmente la Asamblea de Ceuta y cómo influye en el gobierno que encabeza Juan Jesús Vivas?

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen desde España?

El retorno de menores extranjeros no acompañados (MENA) desde España solo puede acordarse tras un procedimiento garantista en el que se compruebe que la repatriación responde al interés superior del menor y se respetan sus derechos. La base está en la Ley de Extranjería y en la normativa de protección de la infancia, completada por protocolos y acuerdos bilaterales. A continuación se detallan los requisitos y pasos esenciales que deben cumplirse para que el retorno sea legalmente válido.

1. Marco normativo básico

Los requisitos para el retorno de MENA se apoyan principalmente en:

  • Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en particular su régimen de menores no acompañados (Ley Orgánica 4/2000).
  • Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que fija el principio de interés superior del menor y los derechos específicos de los menores extranjeros (Ley Orgánica 1/1996).
  • Resolución de 13 de octubre de 2014, que publica el Protocolo Marco sobre actuaciones con menores extranjeros no acompañados, centrado en localización, identificación, determinación de edad y coordinación institucional (Protocolo Marco MENA).
  • Acuerdos bilaterales específicos sobre retorno concertado con determinados países (por ejemplo, Acuerdo España–Marruecos; Acuerdo con Senegal; Acuerdo con Rumanía), que no sustituyen a la Ley de Extranjería pero concretan la cooperación y garantías en esos casos.

2. Identificación del menor y asunción de tutela

Antes de plantear el retorno deben cumplirse requisitos previos:

  • Si la persona es indocumentada y su edad es dudosa, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ponen el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal, que ordena pruebas para determinar la edad, con prioridad, según el art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el Protocolo Marco.
  • Confirmada la minoría de edad, el Ministerio Fiscal lo pone a disposición de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma competente, que asumen su guarda o tutela.

3. Requisitos materiales para iniciar un procedimiento de retorno

El retorno no es automático: requiere una evaluación individualizada. El art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que:

  • La Administración del Estado debe solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, antes de decidir la apertura del procedimiento de repatriación.
  • Solo tras esa información, y considerando el entorno familiar o institucional en el país de origen, puede valorarse si el retorno es compatible con el interés superior del menor.

Paralelamente, la Ley Orgánica 1/1996 obliga a proteger de forma reforzada a menores especialmente vulnerables (entre ellos los MENA, los que presentan necesidad de protección internacional o riesgo de trata o explotación), lo que actúa como límite material: si el retorno les expone a violencia, explotación o desamparo, no sería conforme a derecho.

4. Procedimiento y garantías formales

El propio art. 35 de la Ley de Extranjería fija las garantías mínimas del procedimiento de repatriación:

  • Audiencia del menor: antes de decidir el retorno, debe oírse al menor si tiene “suficiente juicio”. Su opinión se toma en cuenta dentro de la valoración del interés superior.
  • Informes preceptivos: la decisión exige informe de la entidad pública de protección de menores y del Ministerio Fiscal, que actúa como garante de la legalidad y de los derechos del menor.
  • Autoridad competente: la Administración del Estado (Delegación/Subdelegación del Gobierno o autoridad de Extranjería) es la que resuelve si procede el retorno al país de origen, a un tercer Estado donde estén sus familiares o su permanencia en España.
  • Modalidad de retorno: si se acuerda la repatriación, debe hacerse, “de acuerdo con el principio de interés superior del menor”, mediante reagrupación familiar o entrega a servicios de protección de menores del país de origen, siempre que existan condiciones adecuadas de tutela.

5. Capacidad procesal del menor y recursos

La normativa reconoce una capacidad reforzada de defensa al menor frente a su propia repatriación:

  • Los mayores de 16 y menores de 18 años tienen capacidad para actuar por sí mismos en el procedimiento de repatriación y en el recurso contencioso-administrativo contra la decisión, pudiendo intervenir personalmente o mediante representante (art. 35 LO 4/2000).
  • Si el menor es menor de 16 años, tiene “juicio suficiente” y su voluntad es contraria a la del tutor o representante, se debe suspender el procedimiento hasta el nombramiento de un defensor judicial que defienda sus intereses.

La resolución de retorno es un acto administrativo recurrible en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, donde también interviene el Ministerio Fiscal.

6. Relación entre retorno y autorización de residencia

Cuando queda acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, la Administración General del Estado debe otorgar al menor una autorización de residencia, tanto según el art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 como la regulación paralela en la Ley Orgánica 1/1996. Esa autorización no impide una repatriación futura, pero solo si, en un momento posterior, se acredita que favorece el interés superior del menor.

En síntesis, el retorno de un menor extranjero no acompañado desde España exige: identificación y tutela previa, comprobación documentada de su situación familiar, informes de protección de menores y del Ministerio Fiscal, audiencia del propio menor, valoración estricta del interés superior y posibilidad real de protección en el país de destino, junto con vías de recurso efectivas frente a la decisión.

¿Qué papel concreto juega el Ministerio Fiscal en cada fase del procedimiento de repatriación de menores extranjeros no acompañados? ¿Cómo se están aplicando en la práctica los acuerdos de retorno concertado con Marruecos, Senegal o Rumanía en el caso de los MENA? ¿Qué criterios utiliza la Administración para valorar el interés superior del menor cuando decide entre repatriación o permanencia en España?

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Cuál es la estimación del número de personas que aún permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos?

Pregunta 1 de 3

¿Qué medida principal exige el presidente de Ceuta al Gobierno central respecto a las personas que entraron durante la avalancha?

Pregunta 2 de 3

¿A cuánto ascendió la ayuda extraordinaria que Ceuta recibió en julio para reforzar la acogida de menores extranjeros no acompañados?

Pregunta 3 de 3