El pleno del Parlamento de Navarra ha dado luz verde este jueves a una reforma de la ley foral del Derecho a la Vivienda en Navarra con el objetivo de que las viviendas protegidas en régimen de alquiler conserven su calificación de manera indefinida. La medida afecta a 2.248 pisos que, de no aprobarse la norma, habrían perdido su condición de protegidos.
La propuesta legislativa ha llegado a la Cámara impulsada de forma conjunta por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, y ha contado también con el respaldo de Geroa Bai. En el lado opuesto se han situado UPN y PPN, que han votado en contra, mientras que el representante de Vox, de baja médica, no ha intervenido en la sesión. En la tribuna han seguido el debate varios inquilinos de viviendas protegidas de alquiler abocadas a perder su calificación, que han celebrado con aplausos el resultado de la votación.
Con esta modificación se suprime la opción de que las VPO calificadas para arrendamiento o arrendamiento asequible puedan pasar al mercado de compraventa una vez cumplidos 21 años desde su calificación definitiva.
Además, se amplía el régimen de protección indefinida a todas las VPO destinadas al alquiler o al alquiler asequible cuyo periodo de protección siga vigente cuando entre en vigor la nueva ley, sin importar la fecha en que obtuvieron la calificación.
El texto aprobado incorpora también una enmienda de adición de Geroa Bai relativa a los derechos de tanteo y retracto. Se introduce un nuevo párrafo que reserva a las Administraciones Públicas un derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos) ya descalificadas, ubicadas en zonas declaradas de Mercado Residencial Tensionado y en manos de una persona considerada gran tenedora (cinco o más viviendas en esas áreas), con el propósito de destinarlas al alquiler social u otros usos de interés general.
Esta prioridad de compra se limita a los diez años posteriores a la fecha en que finalice legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se especifica, alcanza “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.
En la defensa de la reforma, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha sostenido que “la calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo, y sin embargo es lo que está pasando”. En esa línea, ha advertido que “todas las viviendas protegidas que se construyeron en Navarra antes de 2022, más tarde o más temprano, van a perder su calificación de protegidas, y en el caso de las que se construyeron para alquiler, supone un drama para miles de familias”. Por ello, ha subrayado que la norma pretende ofrecer “una solución definitiva” a estas familias.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha expresado su “postura contraria a esta disparatada carrera normativa que han emprendido -los grupos que sostienen al Gobierno- en materia de vivienda y que, lejos de producir un resultado positivo para la gente, les aleja más de la solución al problema”. A su juicio, esta modificación “va a perjudicar gravemente” a las empresas. “Estas empresas se dedican a ofrecer alquiler asequible. A estas empresas que llevan décadas trabajando les crean ustedes inesperadamente un problema. Estas empresas navarras no echan a la gente, sino que invierten gran parte de los beneficios en construir otro edificio de viviendas para alquilar y de esa manera llevan funcionando varias generaciones. A estas empresas les han cambiado las reglas”, ha reprochado.
Desde el PSN, el parlamentario Kevin Lucero ha manifestado que “días como hoy hacen que la política merezca la pena” y ha remarcado que esta ley “va de decir que la vivienda protegida que hemos levantado durante años en Navarra, con esfuerzo público, con dinero público y con finalidad social, no puede acabar convertida en negocio de mercado libre cuando vence un plazo”. “No tiene ningún sentido que una vivienda protegida, una vivienda que nació para garantizar alquiler asequible, acabe convertida en una oportunidad para vender y hacer negocio”, ha añadido.
En representación de EH Bildu, Mikel Zabaleta ha señalado que “hay personas, hay familias, hay vecinas y vecinos que llevan años construyendo su proyecto de vida en una vivienda protegida de alquiler y que ahora viven con angustia, viven con incertidumbre y viven con miedo a perder su casa”. Ha defendido que “no se puede especular con viviendas protegidas” y ha augurado que “seguro que habrá una batalla judicial” tras la aprobación de la ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha remarcado.
La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha detallado que el cambio legal tiene una “doble mirada”. Por un lado, “garantizar que familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan seguir manteniendo su hogar”, y, por otro, asegurar que “el parque público de vivienda en alquiler se mantenga”. “Esta medida va a evitar que fondos buitre puedan seguir operando a sus anchas y lucrándose del parque público residencial de nuestra Comunidad”, ha subrayado.
Por último, la parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha dicho compartir la necesidad de dar respuesta a las personas que viven en estas viviendas protegidas de alquiler, pero ha rechazado la fórmula elegida por los grupos que respaldan al Gobierno, “con una proposición que genera una gran inseguridad jurídica, no solo para las empresas, sino para las propias familias, porque esto se va a judicializar”. “¿Esto les va a resolver el problema? Vamos a hacer las cosas bien, no desde la improvisación y al margen del sector. Esta proposición de ley vuelve a ser otra vez más una improvisación sin contar con el sector”, ha concluido.