La Junta de Castilla y León ha comenzado a enviar a productoras audiovisuales requerimientos para que firmen una declaración contra el "adoctrinamiento ideológico" en las obras subvencionadas. La Cadena SER Castilla y León ha informado de que las comunicaciones se han dirigido a empresas que solicitaron ayudas para la producción de cortometrajes.
Según lo publicado por la emisora, las productoras que han recibido el requerimiento disponen de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente a su recepción, para aportar el documento firmado. En él se comprometen, en caso de obtener la subvención, a respetar los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, y a no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas.
Las órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el 9 de octubre incorporaron esta condición a dos líneas de subvenciones: una destinada a la producción de cortometrajes y otra dirigida a la preproducción, producción y distribución de largometrajes cinematográficos, documentales, películas de ficción y proyectos piloto de series de animación o televisión.
En ambas convocatorias, la Junta establece que los fondos públicos no podrán destinarse a actividades que impliquen "adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas". La inclusión de esta cláusula amplía el alcance de las condiciones que figuraban en convocatorias anteriores, que contemplaban la exclusión de obras con propaganda política, pero no recogían expresamente la referencia al adoctrinamiento ideológico.
El Ministerio de Cultura ha cuestionado las convocatorias
El Ministerio de Cultura presentó el 23 de octubre un requerimiento formal a la Junta por las dos órdenes de subvenciones. El departamento que dirige Ernest Urtasun considera que la redacción de las bases puede afectar a la libertad de creación y expresión y generar riesgos de censura o arbitrariedad en la concesión de las ayudas.
El requerimiento es un paso previo a una posible impugnación por la vía contencioso-administrativa. El Ministerio cuestiona que los criterios incorporados por la Administración autonómica puedan condicionar la valoración de las obras subvencionadas.