Cuando se habla de las cuentas públicas de España es habitual escuchar referencias al déficit público y a las advertencias de Bruselas. Se trata de uno de los indicadores económicos más vigilados por la Comisión Europea porque refleja si un país está gastando más dinero del que ingresa y si sus finanzas son sostenibles a medio y largo plazo.
El déficit no implica necesariamente que un país esté en crisis, pero sí obliga a controlar la evolución de las cuentas públicas para evitar que la deuda siga aumentando sin control.
¿Qué es el déficit público?
El déficit público aparece cuando las administraciones públicas gastan más dinero del que ingresan durante un ejercicio.
Los ingresos proceden, principalmente, de impuestos, cotizaciones sociales y otras tasas, mientras que los gastos incluyen partidas como pensiones, salarios de funcionarios, sanidad, educación, infraestructuras o prestaciones sociales.
Si sucede lo contrario y los ingresos superan al gasto, se habla de superávit público.
¿Por qué Bruselas presta tanta atención al déficit?
Todos los países de la Unión Europea deben cumplir unas reglas fiscales comunes destinadas a garantizar la estabilidad económica del conjunto del bloque.
Entre ellas destaca que el déficit público no supere, con carácter general, el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), un límite recogido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Cuando un Estado rebasa ese umbral durante un periodo prolongado, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de supervisión reforzada y exigir un plan para reducir el desequilibrio.
¿Qué consecuencias puede tener un déficit elevado?
Un déficit elevado obliga al Estado a financiar esa diferencia recurriendo, normalmente, a la emisión de deuda pública.
Cuanto mayor sea esa necesidad de financiación, mayor será también el volumen de deuda acumulada y los intereses que habrá que pagar en el futuro.
Si los mercados consideran que las cuentas públicas presentan un riesgo elevado, el coste de financiarse puede aumentar, lo que reduce el margen del Gobierno para destinar recursos a otras políticas.
¿Significa eso que el Gobierno debe recortar el gasto?
No necesariamente. Los expertos recuerdan que el déficit también puede aumentar de forma puntual durante una crisis económica, una pandemia o una recesión, cuando el Estado incrementa el gasto para proteger a empresas y ciudadanos o cuando caen los ingresos por impuestos.
Por ese motivo, las reglas fiscales europeas contemplan determinadas excepciones y permiten cierta flexibilidad en situaciones extraordinarias.
¿Qué hace España cuando Bruselas pide reducir el déficit?
Cuando la Comisión Europea considera que un país debe corregir sus cuentas públicas, el Gobierno suele presentar medidas para aumentar los ingresos, reducir determinados gastos o impulsar el crecimiento económico, con el objetivo de que el peso del déficit sobre el PIB disminuya progresivamente.
La Comisión supervisa periódicamente esa evolución y analiza si las medidas adoptadas son suficientes para cumplir los compromisos adquiridos.
¿En qué afecta a los ciudadanos?
Aunque el déficit público es un concepto macroeconómico, sus efectos pueden terminar llegando al día a día.
Las decisiones relacionadas con impuestos, inversión pública, ayudas sociales, pensiones o gasto sanitario pueden verse condicionadas por la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado.
Por ello, cada vez que Bruselas analiza la situación económica de España o publica nuevas recomendaciones, el déficit público vuelve a situarse entre los indicadores económicos más relevantes.