El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado este viernes el periodo de tres meses para tramitar las ayudas previstas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que se han contabilizado hasta ahora 69 fallecidos.
Son ayudas directas, de carácter no reembolsable, orientadas a cubrir las necesidades más urgentes de las personas afectadas, junto con un sistema de anticipos a cuenta de las futuras indemnizaciones que puedan corresponder por responsabilidad civil derivada del accidente.
Estas medidas, incluidas en el Real Decreto-ley 32/2026 aprobado en el último Consejo de Ministros, entraron en vigor este miércoles. El plazo de tres meses para solicitarlas comienza a contar desde la publicación de la resolución de la Secretaría de Estado de Transportes que fija el procedimiento de gestión, hecho que se ha producido este viernes.
De este modo, las ayudas pueden pedirse desde el 6 de noviembre de 2026 y hasta el 5 de febrero de 2027. No obstante, dicho periodo podrá ampliarse de oficio o a instancia de parte “cuando existan razones que así lo aconsejen”, según señala Transportes en un comunicado.
Las solicitudes se pueden registrar tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde está disponible toda la información sobre estas prestaciones, incluidos los formularios, una guía explicativa y un documento de preguntas frecuentes.
Según explica el Departamento, el procedimiento se ha configurado para “minimizar las cargas administrativas” de las personas afectadas, de forma que solo se exija la documentación “estrictamente imprescindible”, mientras que el resto de datos serán recabados de oficio por la Administración, siempre que las personas interesadas autoricen las consultas pertinentes.
Cuantías de las ayudas y red de oficinas
El decreto tiene como finalidad fijar apoyos inmediatos a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones asociadas al seguro de responsabilidad civil. El Gobierno ha movilizado un total de 30 millones de euros, distribuidos a partes iguales en más de 15,3 millones (15.309.165,24 euros) tanto para ayudas urgentes como para anticipos.
Las cuantías contemplan una ayuda directa de exactamente 72.121,46 euros por cada persona fallecida. En los casos de lesiones corporales, las ayudas se organizan por grados de gravedad, con importes que van desde 2.404,04 euros para los daños de menor entidad hasta más de 84.141,7 euros para las lesiones más graves. Las mismas cantidades se aplican al anticipo del seguro en cada supuesto.
Para facilitar el acceso a estas prestaciones, se han puesto en marcha Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en las Direcciones Insulares de las comunidades autónomas donde residan personas afectadas por el siniestro ferroviario.
En estas oficinas se ofrecerá atención personalizada a las víctimas y a sus allegados, prestando ayuda para rellenar las solicitudes, reunir la documentación necesaria y completar todos los trámites requeridos para obtener las ayudas.
Por último, Transportes subraya que los afectados que, por motivos de salud o movilidad, no puedan desplazarse hasta una oficina recibirán atención en su propio domicilio, en cualquier punto del territorio nacional, por personal de la Administración General del Estado a través del programa “La Administración cerca de ti”, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.