Los participantes en la acampada en defensa del derecho a la vivienda en Oporto han decidido en asamblea general continuar instalados en la céntrica Plaza de D. Joao I, a pesar de las previsiones de mal tiempo y de la inminente llegada de fuertes lluvias, manteniendo alrededor de 70 tiendas de campaña levantadas en este punto neurálgico de la ciudad.
La movilización en Oporto se desarrolla en paralelo a la que se mantiene en la Plaza del Rossio, en Lisboa, donde varias decenas de tiendas siguen plantadas tras 22 días consecutivos de protesta, a la espera de las nuevas decisiones que adopten sus respectivas asambleas populares, según ha detallado la radiotelevisión pública portuguesa RTP.
Los portavoces del campamento han reiterado a través de las redes sociales que el movimiento "no tiene rostro ni líder" y que se basa en una "organización colectiva" impulsada por los propios manifestantes.
La continuidad de ambas acampadas se produce en un contexto político y judicial especialmente delicado, tras la reciente sentencia del Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa que autorizó la permanencia de las tiendas de campaña hasta el próximo 24 de noviembre --fecha en la que está prevista la votación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027-- y que impide a la Policía llevar a cabo desalojos automáticos durante la noche, al considerar prioritario el derecho fundamental de manifestación.
El Gobierno conservador de Luís Montenegro ha insistido en que esta resolución judicial se refiere únicamente a un caso "individual" y que no supone un respaldo generalizado al derecho a acampar en espacios públicos, mientras que la oposición ha descrito el fallo como una "estruendosa derrota" para el Ejecutivo.
En paralelo, la crisis política se intensifica por las críticas del Partido Socialista (PS), que acusa al Gobierno de "incompetencia" para afrontar la emergencia de la vivienda, y por los ataques del partido de extrema derecha Chega contra el primer ministro, al que responsabiliza de la gestión del conflicto.