El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado formalmente un trámite de audiencia ante el Consejo de Estado ante “las graves consecuencias” que, a su juicio, acarreará para la Comunidad de Madrid el Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos, al considerar que pone en riesgo hasta 26.000 millones de euros de inversión y más de 14.000 empleos.
El Gobierno central ha enviado al Consejo de Estado una versión revisada de la norma en la que rebaja parte de las exigencias incluidas en el borrador inicial para fijar el marco regulatorio del sector de los 'data center'.
Sin embargo, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, sostiene que el nuevo redactado continúa siendo discriminatorio para la industria de los centros de datos y no corrige los problemas de inseguridad jurídica que ya presentaba el texto primitivo.
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Los centros de datos acudirán al Consejo de Estado y preparan acciones legales contra el nuevo real decreto
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Miedo a la fuga de inversiones
“Es una reglamentación muy restrictiva que ahuyentará las inversiones hacia otros países europeos donde el marco regulatorio sea menos exigente”, ha advertido el consejero, que interpreta que el Gobierno ha querido hacer “un guiño al sector renovable” con las modificaciones introducidas, “pero ha dejado desprotegida a toda la industria, obviando que son la base real de la transformación digital”.
En esta línea, ha recalcado que “Los centros de datos son el pilar de la economía digital. No habrá economía digital sin centros de datos”. A su entender, el nuevo diseño regulatorio compromete el desarrollo de este ecosistema en España frente a otros mercados comunitarios.
Respecto a las obligaciones energéticas previstas por el Ejecutivo central, López-Valverde ha avisado de que implicarían desembolsos multimillonarios para las empresas del sector, un incremento del coste de la electricidad y un mayor volumen de vertidos de energía renovable. “Los centros de datos operan 24 horas al día y las renovables solo tienen capacidad para cubrir 2.000 horas al año. Para cumplir con el nuevo decreto sería necesario sobredimensionar el parque renovable e instalar ingentes cantidades de almacenamiento”, ha alertado.
El consejero ha añadido además “la incertidumbre” derivada de la nueva condición incluida en el borrador, que obliga a que estas instalaciones se adhieran de forma voluntaria al sistema SRAP (Sistema de Reducción Automática de la Potencia), por el que Red Eléctrica puede desconectarlas de la red en cualquier momento.
Por último, ha manifestado que no comprende por qué al sector de los centros de datos no se le aplican criterios equiparables a los de otros proyectos europeos considerados estratégicos, como la Gigafactoría de Inteligencia Artificial, donde el marco de requisitos resulta mucho más beneficioso.