El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado seis sanciones por un total de 547.520 euros impuestas a Cabify y tres empresas vinculadas a sus VTC. El tribunal no basa su decisión en que la Inspección estuviera necesariamente equivocada sobre el fondo, sino en que la Generalitat superó en 17 días el plazo máximo legal del procedimiento.
Las sanciones tenían su origen en actuaciones de la Inspección de Trabajo notificadas en marzo de 2021 por una presunta cesión ilegal de trabajadores.
Afectaban a Maxi Mobility Spain, sociedad vinculada a Cabify, y a tres proveedores.
El TSJC ha dado la razón a las compañías por un motivo procedimental: el expediente había caducado.
Diecisiete días que tumban seis sanciones
La Administración superó el plazo máximo en 17 días a la hora de tramitar y remitir las actuaciones.
Ese retraso deja sin efecto seis multas que sumaban más de medio millón de euros.
Qué implica para otras VTC
La sentencia puede ser utilizada por otras compañías para revisar si los procedimientos sancionadores que les afectan respetaron estrictamente los plazos legales.
Eso no significa que todas las multas a las VTC puedan anularse ni que el tribunal haya declarado legal cualquier modelo de contratación del sector.
Cada expediente dependerá de sus fechas y de cómo se haya tramitado.
La Generalitat estudia la sentencia
La Conselleria de Empresa y Trabajo ha confirmado que dispone del fallo y lo está estudiando.
La resolución todavía puede tener recorrido judicial, incluida la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.