CCOO y UGT han arremetido contra la decisión de la Diputación Permanente de tumbar el Real Decreto-ley 28/2026, que preveía la prórroga automática de los contratos de alquiler, y han instado al futuro Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre a colocar la política de vivienda entre los asuntos centrales de la próxima legislatura, con independencia de la mayoría que se configure.
En particular, han deplorado que continúen existiendo formaciones políticas dispuestas a “bloquear medidas necesarias para dar estabilidad y seguridad a la mayoría de los hogares”.
Mediante una nota conjunta, las dos centrales sindicales han valorado de forma positiva la convalidación del otro Real Decreto-ley en materia de vivienda, que incorpora un paquete amplio de actuaciones, al entender que supone avances para reforzar la función social de la vivienda y elevar el nivel de protección de las personas inquilinas.
Respecto a este texto, subrayan que incluye reivindicaciones históricas de ambas organizaciones, como la regulación del alquiler temporal y por habitaciones, la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mayores derechos para las personas arrendatarias, límites a determinadas compras especulativas y medidas fiscales sobre viviendas vacías y alojamientos turísticos.
Igualmente, han destacado la protección permanente del parque público y los nuevos instrumentos para incrementar la oferta de vivienda asequible, aunque han recalcado que estos avances son “importantes, pero insuficientes”. A este respecto, han señalado que parte de su efectividad queda condicionada a la declaración autonómica de zonas tensionadas, que algunas disposiciones tienen carácter temporal y que los incentivos fiscales necesitan una mayor progresividad.
Por este motivo, han reclamado reforzar los registros, la labor inspectora y el régimen sancionador, así como impulsar un parque público estable de vivienda asequible y social, acompañado de una inversión pública que alcance, como mínimo, el 1% del PIB.
Críticas al rechazo del RDL 28
En lo relativo al rechazo del decreto que contemplaba las prórrogas automáticas, CCOO y UGT han expresado su malestar porque la movilización del 11 de noviembre no haya logrado modificar la postura del PNV, especialmente tras la respuesta social registrada en España y, “singularmente en Euskadi”.
Según los sindicatos, la huelga general y las manifestaciones posteriores evidenciaron que el acceso a una vivienda digna constituye una preocupación central para la clase trabajadora y para la mayoría social. Por ello, han remarcado que impedir la convalidación de una norma orientada a reforzar la estabilidad residencial apenas 24 horas después supone “dar la espalda a ese mensaje de la sociedad”.
Ambas organizaciones han alertado de que la no convalidación de este Real Decreto-ley resulta “particularmente preocupante”, al considerar que habría introducido un cambio estructural a favor de una “mayor estabilidad del alquiler”, “prolongando las relaciones contractuales” y dificultando que el mero vencimiento del contrato se utilizara para “expulsar” a las personas inquilinas y volver a sacar las viviendas al mercado a precios “muy superiores”.
Asimismo, han cargado contra las posiciones del PP, Vox y Junts y han denunciado la “insensibilidad política” que, a su juicio, implica rechazar de forma reiterada instrumentos destinados a limitar la especulación, proteger a las personas inquilinas y reforzar la función social de la vivienda. A su entender, estas posturas consolidan un modelo sustentado en el rentismo y en el creciente protagonismo de grandes inversores y fondos buitre.
Con vistas a la próxima legislatura, UGT y CCOO han reclamado una regulación que garantice la estabilidad de los contratos de alquiler, el despliegue íntegro de las medidas aprobadas este jueves, la ampliación sostenida del parque público de protección permanente, elevar la inversión hasta, al menos, el 1% del PIB, frenar la especulación y el uso abusivo de los alquileres temporales y turísticos, y reforzar la capacidad pública de inspección y control.
“Después de la respuesta social del 11 de noviembre, persistir en el bloqueo o en la defensa de un mercado sometido a la lógica de la rentabilidad privada sería una grave irresponsabilidad política”, han advertido, antes de concluir que “la vivienda no puede esperar, necesita acciones concretas”.