La Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (Adefan) y la Cámara de Comercio de Navarra expresaron este lunes su “preocupación” por el contenido del anteproyecto de ley foral de Industria y Fomento Empresarial, al entender que “no supone el avance cualitativo que debería representar” una nueva regulación en este ámbito.
En una comparecencia conjunta, Manuel Piquer, presidente de la CEN, Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, e Iñaki Ecay, presidente de Adefan, detallaron su valoración del texto y el recorrido previo de la norma.
Recordaron que el proceso participativo arrancó en 2023 y que se recibieron 840 aportaciones. Posteriormente, en mayo de 2024, se presentó un manifiesto respaldado por CEN, AIN, Cámara Navarra, Adefan, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), Institución Futuro y el Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra (iCONS), donde se recogían “las prioridades que las empresas reclamaban”.
Indicaron asimismo que el primer borrador de la ley, en noviembre de 2024, acumuló 295 alegaciones, mientras que el segundo texto, en marzo de 2025, recibió otras 126 observaciones adicionales.
Aunque reconocieron “algunas mejoras introducidas durante la tramitación”, insistieron en que “buena parte de las propuestas planteadas por el tejido empresarial no se han incorporado o lo han hecho de forma insuficiente”.
En su intervención, Manuel Piquer valoró el “esfuerzo realizado por el Gobierno de Navarra” y remarcó que “nuestras manifestaciones no se hacen desde la crítica ni entramos en juicios de valor, resultan sencillamente la opinión de los empresarios de las industrias de Navarra en una norma que nos hubiera gustado mucho más ambiciosa”.
Piquer señaló que “echamos en falta materias muy relevantes propias a la órbita industrial”, entre las que citó la seguridad jurídica, la fiscalidad y las infraestructuras. Subrayó especialmente cinco puntos del articulado que, a su juicio, “no benefician a su objetivo nuclear, que debe ser la competitividad de nuestras industrias”.
En primer término, rechazó “fijar un plazo de preaviso a la administración de 9 meses de antelación, cuando la norma nacional fija en 6 meses en procesos de reestructuración de plantillas”, porque “no solo supone un agravio comparativo con la norma nacional, sino una mayor exposición, y atenta a principios fundamentales de proporcionalidad y libertad de empresa”, además de generar “un escarnio social durante mayor tiempo a la figura empresarial”.
También advirtió de que “nos preocupa la consideración como proyecto empresarial estratégico aquel que alcanza una inversión mínima de 50 millones de euros”.
En su opinión, “cuantitativa y cualitativamente no beneficia a la industria y cercena las posibilidades de la pequeña empresa”. Aunque la ley “avanza en la simplificación administrativa”, recalcó que el tejido industrial va “más allá”.
“Apostamos por el silencio administrativo positivo y por la declaración responsable como herramienta de agilidad y seguridad jurídica, que en otras comunidades autónomas, en concreto La Rioja, está dando un resultado muy favorable”, añadió.
Como cuarto aspecto, señaló que “nos preocupa la incorporación del impulso de medidas destinadas a una jornada máxima de 35 horas semanales”. “Y no porque estemos en desacuerdo con ello, sino porque entendemos deben implementarse con otras medidas sobre, por ejemplo, el absentismo, o la efectividad del tiempo de trabajo.
Y porque, una vez más, y esto nos duele, se inmiscuye el legislador en el diálogo social, que no es su competencia”, añadió. Asimismo, indicó que “rechazamos la potestad que la ley foral otorga a los organismos municipales respecto a la implantación de una industria”, al considerar que “desborda los límites de su capacidad y los intereses autonómicos y estatales”.
Por otro lado, Javier Taberna manifestó, en representación de Cámara Navarra, que esta norma “podría haber servido para algo”, pero que “muy al contrario, no ayuda ni apoya, porque es una ley voluntarista”.
“Está plagada de verbos como ‘promoveremos, fomentaremos...’ y por lo tanto no es nada concreto. 127 páginas llenas de voluntarismo”, apuntó. A su entender, “algo que era importante” para las empresas era la simplificación administrativa, debido a la “abundancia de trámites que se exigen en Navarra respecto a otras comunidades”, pero recalcó que el texto “no lo resuelve”.
Entre otros elementos, defendió el silencio administrativo positivo y reclamó que los plazos de la Administración “no sean orientativos”, sino “seguros” y “efectivos”.
También se refirió a la ventanilla única empresarial, “que siempre estábamos pidiendo”, y que en el articulado ocupa “6 páginas y 8 artículos, y en ninguno se establece cómo se va a hacer esa ventanilla”, de modo que “todo vuelve a ser voluntarismo”. Criticó igualmente que la ley “no habla nada” de fiscalidad, apostando por un esquema tributario “eficiente”.
En nombre de Adefan, Iñaki Ecay sostuvo que “aun agradeciendo el esfuerzo que se haya podido hacer por parte del departamento por agrupar el máximo posible de propuestas”, la regulación “no acoge los 360 grados que necesita la empresa familiar y las pymes en general en Navarra para mejorar su situación”.
“Nuestra capacidad de penetración en esta ley se ciñe exclusivamente a la parte familiar, y ahí es donde podemos decir que sí, porque se ha reconocido, pero no nos sentimos identificados con el conjunto de las medidas que esta ley va a aprobar”, subrayó.
“Se ha desarrollado un reconocimiento y unas medidas de impulso a la empresa familiar, que nos parece importante, pero la empresa familiar está en un ecosistema que conjuga diferentes ángulos. Incluye la fiscalidad, incluye sus infraestructuras, incluye los procesos administrativos, y es ahí donde nos vemos muy lejos de mejorar nuestra situación”, añadió, al tiempo que denunciaba la “carga administrativa”.
El secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, remarcó que, pese al proceso participativo desarrollado, “no nos sentimos partícipes del resultado de esta ley”.
En esta línea, instó a los grupos parlamentarios a que, antes de la votación, realicen una lectura “profunda, crítica, consciente del texto definitivo antes de su aprobación, y que comprueben realmente tras esa lectura si este texto mejora la situación actual de las empresas, impulsa su actividad o si por el contrario las lastra y empeora su competitividad” frente a otras comunidades de España.