El próximo martes 29 de septiembre vence el último plazo que el Gobierno se dio para sacar adelante en el Consejo de Ministros el nuevo decreto ley de vivienda, después de posponer su aprobación a finales de julio por la falta de apoyos suficientes en el Congreso.
El borrador del Ejecutivo incorpora, entre otras cuestiones, la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la subida del IVA de los pisos turísticos hasta el 21% y distintas actuaciones destinadas a ampliar el parque de vivienda asequible.
El decreto, fruto del acuerdo entre PSOE y Sumar, se estructura en dos grandes bloques: por un lado, medidas para estabilizar los alquileres y atajar el fraude, como la regulación de contratos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales a propietarios que rebajen las rentas; por otro, iniciativas para movilizar vivienda asequible, entre ellas la reforma de la Ley del Suelo. El texto también prevé negociar nuevas herramientas para blindar a los hogares vulnerables frente a los desahucios.
Sin embargo, las discrepancias con los grupos cuyo voto resulta imprescindible han frenado al Ejecutivo a la hora de llevar el decreto al Parlamento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió a finales de agosto que algunas de las medidas resultan "excesivas" para Junts y, al mismo tiempo, "insuficientes" para Sumar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reclamado a las formaciones un "esfuerzo de generosidad" y sostiene que el documento incorpora propuestas que distintos grupos han puesto sobre la mesa.
Junts insiste en centrar el decreto en el incremento de la oferta y cuestiona los límites a los precios porque, a su entender, no contribuyen a generar nuevas viviendas. Entre sus planteamientos figuran incentivos fiscales para propietarios, como desgravar los gastos asociados al alquiler o parte de la cuota hipotecaria de los pequeños arrendadores. Gobierno y Sumar se han mostrado dispuestos a explorar bonificaciones fiscales a propietarios, pero Junts sigue sin garantizar su voto.
Sumar, por su lado, defiende la extensión de los contratos y un refuerzo de la protección a los inquilinos, así como la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y las medidas sobre pisos turísticos. En los últimos días ha incrementado la presión sobre el PSOE a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas residiendo en un piso de Madrid, y exige medidas eficaces para impedir lanzamientos de personas vulnerables.
El socio minoritario del Gobierno también ha puesto sobre la mesa la expropiación de la vivienda de Maricarmen para incorporarla al parque público y ha defendido limitar la compra de viviendas por parte de fondos de inversión.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó el 16 de septiembre llevar el decreto "ya" al Congreso aunque no hubiera una mayoría garantizada y cargó contra los grupos que, según afirmó, se oponen a intervenir el mercado de la vivienda.
Podemos mantiene una postura más distante respecto al texto. Rechaza los beneficios fiscales a propietarios y reclama medidas más contundentes para abaratar los alquileres, reforzar los derechos de los inquilinos y frenar los desahucios sin alternativa habitacional. Su principal línea roja es la reforma de la Ley del Suelo, que exige sacar del decreto y que el partido vincula a una rebaja de los controles urbanísticos. La Confederación Nacional de la Construcción, en cambio, respalda esta reforma y la considera clave para incrementar la oferta.
El PNV, por su parte, propone que la prórroga de contratos se limite a los inquilinos que estén al corriente de pago, además de reclamar una reforma del suelo, regulación de los alquileres de temporada y respeto estricto a las competencias autonómicas. ERC ha centrado su posición en la vivienda vacía y pide datos detallados sobre la titularidad de estos inmuebles, mientras que el PP apuesta por aumentar la oferta y facilitar suelo, y ha cuestionado el enfoque intervencionista del Ejecutivo.
El caso de Maricarmen ha introducido un nuevo elemento en la negociación. Gobierno y Sumar abogan por reforzar la protección frente a los desahucios, mientras que el PP sostiene que el anterior decreto antidesahucios no habría impedido este lanzamiento por las características del contrato de la afectada. La discusión sobre los desahucios se suma así a las diferencias ya existentes en torno a precios, alquileres, fiscalidad, vivienda turística y reforma del suelo.
Fuera del arco parlamentario, CCOO y UGT han instado a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo, mientras que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige que el nuevo decreto incorpore medidas estructurales contra los desahucios, congelación de rentas, prórrogas efectivas y renovación automática de los contratos. El colectivo convocó este sábado movilizaciones bajo el lema "Ni una Maricarmen más".
El desahucio de Maricarmen "acerca posiciones"
En este contexto, el Gobierno no ha aclarado si el decreto se abordará finalmente este martes en el último Consejo de Ministros de septiembre, tal y como se anunció en julio. No obstante, Isabel Rodríguez afirmó el jueves que el desahucio de Maricarmen ha "removido la conciencia" de los grupos parlamentarios y "ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas".
La ministra añadió que el compromiso de las formaciones es "poderlo aprobar lo antes posible". "Yo sé que no se entiende", señaló al recordar que el Ejecutivo podría "aprobarlo mañana", pero que sin el respaldo suficiente en el Congreso el decreto no se transformará en ley y no se habrá "conseguido nada".
Según explicó Rodríguez, el real decreto afronta el problema de la vivienda de "manera estructural", incluyendo desahucios, movilización de vivienda vacía, construcción de parque público e intervención sobre los pisos turísticos, entre otros aspectos, aunque los desahucios son "curiosamente" uno de los puntos donde se encuentran más "escollos" y "diferencias" en la Cámara Baja.