El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un nuevo Real Decreto que regula diversos aspectos vinculados a los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa empleados en la generación de energía, y que introduce modificaciones en varios reales decretos ya vigentes en este ámbito.
Entre las novedades más relevantes, la norma eleva las exigencias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, fijando condiciones más estrictas para las plantas que ya están en funcionamiento.
Además, se reduce de 20 megavatios (MW) a 7,5 MW el umbral de potencia térmica nominal a partir del cual estos criterios resultan de obligado cumplimiento para las instalaciones que producen electricidad, calefacción y refrigeración a partir de biomasa sólida.
Paralelamente, el Real Decreto refuerza los criterios de sostenibilidad, alineándolos con los objetivos de protección de la biodiversidad y de prevención de la destrucción de hábitats. En este marco, la biomasa forestal obtenida en España cumplirá dichos criterios siempre que disponga de los permisos forestales preceptivos, dado que España se considera un país de bajo riesgo a estos efectos.
El Ejecutivo incorpora también a la normativa el denominado principio de uso en cascada, que da prioridad al uso material de la biomasa frente a su destino energético siempre que sea viable, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de distorsión en los mercados de la biomasa como materia prima.
LIMITACIONES AL APOYO FINANCIERO
En el plano económico, el decreto fija la prohibición de otorgar apoyo financiero directo al uso energético de madera en rollo de uso industrial, salvo en los casos en que no exista una industria local cuantitativa y técnicamente capacitada para aprovecharla. Quedan fuera de esta restricción las trozas que deban ser astilladas para el control de plagas y enfermedades, así como las procedentes de trabajos de gestión forestal destinados a la prevención de incendios.
Por último, se establece el veto a conceder nuevos apoyos, o a prorrogar los ya existentes, a la producción de energía a partir de biomasa forestal en instalaciones dedicadas exclusivamente a la generación eléctrica.