El Parlamento Europeo ha dado este jueves su visto bueno a una ampliación de los permisos gratuitos para emitir CO2 que reciben ciertos sectores industriales, entre ellos el cerámico. La propuesta prevé el reparto de cerca de 100 millones de derechos de emisión adicionales entre 2026 y 2030, con el objetivo de aliviar los costes de las compañías y evitar, según la Eurocámara, que deslocalicen su producción fuera de la Unión Europea hacia países con normas climáticas menos estrictas.
La iniciativa ha salido adelante con 474 votos a favor, 82 en contra y 28 abstenciones, e implica una modificación de las reglas del mercado europeo de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). Este sistema obliga a las empresas a contar con un permiso por cada tonelada de CO2 emitida, aunque determinados sectores reciben parte de estas autorizaciones de forma gratuita para contener el impacto en sus costes de producción.
En esta revisión, los eurodiputados plantean añadir 11 millones de derechos a los 88 millones que la Comisión Europea ya había propuesto distribuir entre las industrias. Con ello se pretende compensar parcialmente la reducción de asignaciones prevista hasta 2030, después de que la actualización aprobada en junio generara inquietud en varios sectores por el incremento de gastos que podría acarrear.
Los nuevos permisos procederían de volúmenes retenidos a instalaciones que no cumplieron ciertas obligaciones, como la aplicación de las recomendaciones de sus auditorías energéticas. De esta forma, según la Eurocámara, se limitaría al 12,5% de media el recorte de los valores utilizados para calcular los derechos gratuitos vinculados al consumo de calor y combustible, frente a una rebaja más acusada con la normativa vigente.
Impacto específico en la industria cerámica
El texto aprobado incorpora además criterios diferenciados para algunas actividades de la industria cerámica, en lugar de las referencias generales basadas en el consumo de combustible que se emplean ahora para determinar sus asignaciones gratuitas.
El cambio permitiría usar como referencia las emisiones del 10% de las plantas más eficientes de cada actividad cuando se acredite que las reglas actuales no recogen de forma adecuada las particularidades de su proceso productivo, aunque todavía no se ha precisado qué empresas podrían acogerse a este nuevo enfoque.
La delegación española del Partido Popular Europeo (PPE) ha aplaudido esta enmienda, que asegura haber impulsado junto a eurodiputados italianos para responder a las reivindicaciones del sector en Castellón y Valencia, así como en la región italiana de Emilia-Romaña.
“Hoy gana Castellón. Hoy gana la cerámica española. Y hoy gana el sentido común”, ha manifestado el eurodiputado del PP Esteban González Pons, quien ha recalcado que la UE no puede exigir “imposibles” a una industria que aún no cuenta con una alternativa tecnológica al gas para la fabricación de sus productos.
En la misma línea, el dirigente popular ha subrayado que “tratar igual a quienes son diferentes es profundamente injusto” y ha reclamado al Gobierno español que apoye esta modificación en las negociaciones con los Veintisiete.
Si la propuesta prospera, la Comisión dispondrá de tres meses desde la publicación de la normativa para determinar qué actividades podrán beneficiarse de los nuevos criterios y de seis meses para fijar los valores concretos que se aplicarán.
Además, la Eurocámara propone dividir en tres partes iguales determinados derechos que queden sin asignar por la retirada progresiva de las entregas gratuitas. Un tercio se destinaría a ajustar el cálculo de estos permisos, otro iría al Fondo de Modernización para sufragar proyectos como la renovación de redes de calefacción urbana y el último tramo se reservaría para el Fondo de Innovación.
La reforma recogida en la posición aprobada este jueves por los eurodiputados deberá ahora ser negociada entre el Parlamento Europeo y el Consejo (los gobiernos) para su adopción definitiva, con la vista puesta en que los nuevos valores puedan incorporarse en la revisión prevista para 2027.