El Parlamento Europeo ha dado este jueves su apoyo a retrasar tres años varias obligaciones relativas a las emisiones de metano que afectan a los importadores de gas natural, petróleo y carbón. Este margen adicional, que supone dos años más de lo que planteó la Comisión Europea la semana pasada, se justifica para “garantizar el suministro energético” de la Unión Europea ante las tensiones en los mercados y el encarecimiento de la energía derivados del conflicto en Oriente Próximo.
La posición de la Eurocámara, adoptada en el pleno celebrado en Estrasburgo (Francia) con 341 votos a favor, 225 en contra y seis abstenciones, propone extender hasta 2031 el plazo para que las compañías acrediten que los combustibles que importan cumplen requisitos de control de emisiones equiparables a los vigentes en la UE. También amplía el tiempo para remitir determinados informes sobre el metano, aunque mantiene fuera de esta prórroga a los suministros procedentes de países sancionados por la Unión.
La propuesta parlamentaria rebasa así la flexibilización presentada el 14 de octubre por Bruselas, que solo preveía un año extra para ciertas obligaciones del reglamento aprobado en 2024. Los eurodiputados plantean que hasta el 31 de mayo de 2031 se pueda demostrar que los contratos de suministro firmados o renovados desde agosto de ese mismo año incluyen petróleo, gas y carbón sometidos a sistemas de medición y verificación equivalentes a los comunitarios.
Ese mismo horizonte temporal se aplicaría a la obligación de comunicar las medidas adoptadas para adaptar los contratos anteriores, mientras que productores e importadores dispondrían hasta agosto de 2031, en vez de 2029, para presentar sus primeros informes sobre la intensidad de metano de los combustibles que comercializan, es decir, la cantidad de este gas que se libera a lo largo de su producción y suministro.
La Eurocámara plantea igualmente conceder tres años adicionales a los operadores europeos de petróleo y gas para presentar informes verificados que integren las mediciones realizadas en cada foco de emisión y en el conjunto de sus instalaciones. Los nuevos plazos se fijan en febrero de 2030 para las explotaciones que gestionan directamente y en agosto de 2031 para aquellas en las que no tienen ese control directo.
Sin embargo, los eurodiputados apuestan por mantener el calendario actual para las importaciones de petróleo, gas y carbón procedentes de Estados sometidos a sanciones europeas que impidan o limiten la entrada de estos productos, tanto si se envían de forma directa como si llegan a través de intermediarios en terceros países.
Con el fin de impedir que se esquiven estas restricciones, el Parlamento quiere que las empresas tengan que declarar por separado los volúmenes importados desde esos orígenes, incluso cuando formen parte de cargamentos mezclados con combustibles de otros países. Además, encarga a la Comisión que elabore una lista orientativa de los Estados afectados.
El texto reclama también al Ejecutivo comunitario que, antes del 1 de julio de 2029, presente un informe sobre la aplicación de la normativa y su impacto potencial en la seguridad del suministro. Ese análisis deberá abordar, entre otros aspectos, los regímenes nacionales de sanciones, los mecanismos de verificación y los avances en el cálculo de las emisiones.
A partir de esa evaluación, los eurodiputados abren la puerta a que Bruselas plantee nuevas modificaciones si persisten obstáculos para cumplir las obligaciones o se detectan riesgos para el abastecimiento energético europeo.
La revisión deberá negociarse ahora entre el Parlamento y el Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los Veintisiete, antes de su adopción definitiva. La Eurocámara ha recurrido al procedimiento de urgencia para tramitar el expediente y acelerar así la modificación de los plazos previstos.