El Tribunal Supremo ha estimado de forma parcial el recurso de la concesionaria integrada por ACS, Abertis, Acciona y Globalvía, responsable de la explotación de la autopista R-2 de Madrid hasta su rescate en 2018. La decisión implica dejar sin efecto la liquidación de cero euros fijada por el Gobierno como compensación al asumir la gestión de esta infraestructura.
La sentencia, fechada el pasado 8 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, invalida tanto el cálculo aprobado por el Consejo de Ministros en una primera resolución de 2023 como el de la resolución complementaria de 2025. En ambos casos, la liquidación resultó negativa y, por ello, el Estado no abonó cantidad alguna a la concesionaria.
La denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) se había fijado en -50 millones de euros, principalmente por la inversión que el Estado entendía necesaria para garantizar un adecuado estado de conservación de la vía y por las expropiaciones ya satisfechas durante su construcción.
En todo caso, estos importes eran todavía provisionales y se mantiene pendiente un tercer cálculo definitivo. El Alto Tribunal censura en su fallo la dilación en cerrar la cifra final desde que, el 1 de marzo de 2018, el Estado asumió la gestión de la R-2 a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).
Por este motivo, el Supremo reconoce el derecho de la concesionaria a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible determine “sin más demora” la RPA, y que lo haga aplicando las reglas y criterios establecidos en sus sentencias de 2022. Dichos criterios podrían elevar de forma significativa la factura que deberá afrontar el Estado por el rescate de esta y de otras autopistas quebradas tras la crisis financiera de 2008.
Hasta ahora, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto un desembolso provisional de 1.684 millones de euros por parte del Estado, ya que la mayoría de estas infraestructuras continúan en la fase de segunda resolución. En este contexto, por la R-4 se han abonado 134 millones de euros; por la AP-36, 319; por la AP-41, 41 millones; por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que, en el caso de la R-2, el coste provisional sigue siendo de cero euros.