España se sitúa en la penúltima posición de los 27 países europeos examinados en el Índice Europeo de Libertad de Arrendamiento 2026, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib). El país obtiene 42,03 puntos sobre cien, solo por encima de Francia, que registra 25,61 puntos.
El informe contrasta el grado de libertad económica y contractual de los propietarios a la hora de poner viviendas en alquiler en 26 Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, quedando fuera Chipre por falta de datos suficientes. El ranking lo lidera Polonia, con 80,08 puntos, seguida de Grecia (79,76), Malta (74,59), Letonia (73,82) y Hungría (72,63).
El índice analiza cinco grandes bloques, cada uno con una ponderación del 20%: fijación de rentas, resolución de contratos y recuperación de las viviendas, libertad contractual, alquiler turístico y de corta duración y fiscalidad recurrente sobre los inmuebles. Para ello, combina fuentes internacionales con normativa nacional, aplicando reglas de conversión propias de la fundación.
En el caso español, el estudio otorga cero puntos tanto al apartado de resolución contractual y recuperación de viviendas como al de alquiler turístico y de corta duración. Por el contrario, España alcanza 15,91 puntos sobre veinte en fijación de rentas, 12,62 en libertad contractual y 13,50 en fiscalidad inmobiliaria.
La puntuación de España en libertad contractual se corresponde con la media de los países con datos válidos. Los autores explican que se le asigna esta valoración al no disponer de información suficiente para realizar una estimación específica. Además, el indicador de recuperación de viviendas se centra en el marco jurídico vigente, sin tener en cuenta los tiempos reales de los tribunales ni los casos de ocupación sin relación arrendaticia previa.
PIDE UN CAMBIO EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA
El secretario general de Fundalib y coautor del índice, Juan Pina, reclama un giro en la política de vivienda que incentive la construcción, suprima obstáculos a la transmisión de inmuebles y proporcione mayor seguridad y flexibilidad a los propietarios, con el fin de evitar que retiren sus viviendas del mercado, según detalla en la nota de presentación.
Pina achaca a las medidas que considera “coercitivas e intervencionistas” un aumento de los precios del alquiler y más dificultades para acceder a una vivienda, así como una creciente concentración de la propiedad en manos de fondos.
El documento puntualiza, sin embargo, que el índice no evalúa de forma directa los precios, la rentabilidad, la asequibilidad ni el volumen de oferta, y que tampoco aspira a medir la calidad global de los mercados residenciales. Su finalidad es comparar el nivel de restricciones que soportan los arrendadores y servir de base para analizar posteriormente sus posibles efectos.
En el conjunto de la tabla, ocho países registran una libertad de arrendamiento calificada como muy alta por Fundalib, once se sitúan en el tramo de libertad alta, cuatro en media, tres en baja y uno en muy baja. Ninguno alcanza los 90 puntos requeridos para entrar en la categoría de libertad máxima.