La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha alertado de que la convalidación del Real Decreto-ley 29, conocido como “Decreto Maricarmen”, puede profundizar la reducción de la oferta de alquiler residencial de larga duración y derivar en un descenso de entre el 25% y el 30% en el número de operaciones en los próximos meses.
La organización ha expresado su inquietud por la aprobación de esta norma en la Diputación Permanente del Congreso y ha subrayado que, “lejos de aliviar la tensión” en el mercado del arrendamiento, previsiblemente mermará el parque disponible en las grandes urbes y capitales de provincia.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha descrito la convalidación como “una noticia preocupante para las personas y familias que buscan una vivienda para alquilar”. Ha indicado que en las últimas semanas están recibiendo “un goteo constante de arrendadores” que, ante la cercanía de la actualización, renovación o vencimiento de sus contratos, se plantean abandonar el mercado del alquiler.
“La medida es absolutamente contraproducente, como se está viendo ya en el parque actual de vivienda disponible para arrendar”, ha remarcado Alfaro.
Retirada de pisos y operaciones paralizadas
La federación ha señalado que el mero anuncio de las medidas incluidas en los decretos de vivienda ya generó una reacción entre los pequeños propietarios, de acuerdo con un estudio exprés elaborado a partir de las respuestas de más de 600 agencias inmobiliarias de las principales ciudades y capitales de provincia.
Según dicho informe, el 88,9% de las agencias había detectado incidencias en los alquileres asociadas a los cambios regulatorios, mientras que el 11,1% aseguraba continuar con su operativa sin alteraciones.
Entre las consecuencias más frecuentes, el 78,1% de las inmobiliarias apuntó a la retirada de inmuebles del alquiler residencial de uso habitual; el 72,4% mencionó una ralentización en la firma de contratos, y el 56,6% indicó un trasvase de viviendas hacia el mercado de compraventa. Además, el 38,9% observó un desvío de propiedades hacia otras fórmulas de arrendamiento, como los alquileres de temporada o por habitaciones.
En conjunto, los primeros datos recabados por FAI antes de la convalidación del decreto contabilizaron 2.067 viviendas retiradas del alquiler tradicional, 1.224 trasladadas a la compraventa y 944 derivadas a modalidades alternativas de arrendamiento. Estas cifras suman 4.235 inmuebles que han salido o se han desviado del alquiler residencial, a los que se añaden 1.523 firmas bloqueadas, elevando a 5.758 el total de operaciones impactadas.