El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha advertido este jueves de que el actual “desequilibrio” entre el sistema público de pensiones y su viabilidad a largo plazo se ha intensificado, y ha señalado el 'auto-enrolment' (adhesión automática a los planes de pensiones) como una de las palancas con más recorrido para reforzar la previsión social complementaria en España.
“Durante 2026 ha continuado acentuándose el desequilibrio entre la suficiencia actual del sistema público de pensiones y su sostenibilidad futura”, ha manifestado Garralda, que calcula que este ejercicio las transferencias del Estado necesarias para cubrir el gasto en pensiones podrían rondar los 60.000 millones de euros, alrededor del 3,5% del PIB nacional.
Según el presidente ejecutivo de Grupo Mutua, este desajuste explicaría por sí mismo más que por completo el déficit público previsto para 2026, fijado en el 2,6%, y ha censurado igualmente la ausencia de “mejoras significativas” en los pilares que complementan al sistema público.
En este sentido, sostiene que “la ausencia de avances materiales” en el segundo pilar, el de los planes de pensiones de empleo, constituye posiblemente “el resultado más decepcionante” del año en curso.
Ante esta situación, reclama “corregir unas dinámicas que no están produciendo los resultados esperados” y reprocha la “falta de iniciativa” y el aplazamiento constante de decisiones clave.
Frente a ello, plantea el 'auto-enrolment' (mecanismo por el que la empresa incorpora de forma automática a los trabajadores que cumplan ciertos requisitos a un plan de pensiones de empleo, sin que tengan que solicitarlo) como una herramienta con gran capacidad de impulso y como un “punto de partida” —y no el objetivo final— para construir un sistema de previsión social empresarial más robusto y desarrollado.
“España debe avanzar hacia este modelo para romper con la tendencia inmovilista actual”, ha defendido Garralda durante la presentación del “II Observatorio de pensiones de Grupo Mutua”.
A su juicio, este esquema debería complementarse con otros factores que faciliten su implantación, entre los que la negociación colectiva “debe ocupar una posición central”.
Por otro lado, Garralda ha subrayado que únicamente el 15% de la población ocupada, unos 3,3 millones de trabajadores, dispone de un plan de empleo —“muy lejos” del objetivo de 11 millones de partícipes en 2030—, pese al incremento de partícipes derivado de los planes simplificados, donde la construcción tiene un “protagonismo destacado”, pero con una aportación media “muy reducida” de 117 euros en 2025, según la AIRef.
En la misma línea, recuerda que España es uno de los países con mayor margen de expansión de la previsión complementaria dentro de la Unión Europea, apoyándose en un informe de la Comisión Europea que sitúa al país entre aquellos “con un desarrollo más limitado de las pensiones complementarias y, al mismo tiempo, sometido a mayores prestaciones en materia fiscal y de suficiencia”.
Para concluir, ha reclamado “soluciones duraderas” y ha remarcado: “Tenemos la oportunidad de actuar ahora, y conviene aprovecharla”.