La Generalitat de Cataluña ha autorizado la venta directa de más de 132.000 metros cuadrados de suelo público en Móra la Nova (Tarragona) a la sociedad que impulsa la candidatura española para construir una gigafactoría europea de inteligencia artificial. Los terrenos, ubicados en el polígono industrial del Molló, pertenecen al Institut Català del Sòl (Incasòl), la entidad pública encargada de la gestión y promoción de suelo de la administración catalana.
El acuerdo aprobado este martes 17 de noviembre supone un nuevo avance para el proyecto, aunque todavía quedan cuestiones relevantes sin concretar públicamente, entre ellas el precio de la operación y las condiciones que se aplicarían si la candidatura no obtiene finalmente el respaldo de la Comisión Europea.
Qué terrenos públicos venderá la Generalitat
La operación afecta a una superficie de aproximadamente 132.000 metros cuadrados en el sector industrial del Molló, en el entorno de Móra la Nova.
La administración catalana ha ordenado al Incasòl tramitar su venta directa a la sociedad Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, que lidera la propuesta presentada por el consorcio público-privado.
Según la información facilitada por el Govern, la infraestructura ocuparía inicialmente una parte de esos terrenos, aunque el suelo reservado permitiría desarrollar el proyecto.
Quién comprará los terrenos para la gigafactoría
La destinataria de la venta es Gigafactoría Española de Inteligencia Artificial, una sociedad participada por administraciones públicas y empresas privadas.
Según ha publicado La Vanguardia, el Estado controla un 48% de la sociedad y la Generalitat participa con un 1%. En el proyecto también intervienen compañías como Telefónica, ACS, Banco Santander y Multiverse Computing.
La sociedad lidera la candidatura que aspira a obtener el respaldo europeo para construir una infraestructura de computación de gran escala dedicada a aplicaciones de inteligencia artificial.
Qué precio pagará el consorcio por el suelo público
La información disponible sobre el acuerdo acredita la autorización de la venta directa y la superficie afectada, pero no permite determinar todavía el importe exacto que deberá abonar la sociedad compradora.
Para conocer las condiciones económicas será necesario examinar el expediente completo, incluida la valoración de los terrenos y las cláusulas de la operación.
También resultará relevante conocer si existen compromisos de inversión, obligaciones de desarrollo del proyecto o garantías vinculadas a su ejecución.
Qué ocurre si la candidatura no consigue la gigafactoría europea
El calendario previsto contempla que el consorcio presente formalmente su candidatura ante la Comisión Europea antes del 3 de diciembre.
La venta del suelo se tramita, por tanto, antes de que exista una decisión europea definitiva sobre la adjudicación del proyecto.
Una de las cuestiones pendientes es comprobar qué condiciones contractuales protegerían el interés público si la candidatura no prosperase o si la instalación finalmente no llegara a construirse.
La documentación conocida hasta ahora no permite confirmar la existencia de cláusulas concretas de reversión, penalizaciones o garantías de recompra.
La modificación urbanística y las protestas contra el proyecto
La operación sobre los terrenos coincide con la tramitación urbanística necesaria para desarrollar la instalación.
La Comisión Territorial de Urbanismo de las Tierras del Ebro tiene previsto examinar la modificación del planeamiento del sector del Molló el miércoles 18 de noviembre.
El proyecto también ha provocado protestas de colectivos sociales y ecologistas preocupados por su consumo de agua y electricidad.
Según La Vanguardia, alrededor de un millar de personas y unas 250 entidades participaron durante el fin de semana en movilizaciones contra el impacto ambiental de la infraestructura.
La gigafactoría aspira a formar parte de la futura red europea de grandes centros de computación destinados al desarrollo de inteligencia artificial, aunque su construcción depende todavía de decisiones administrativas, urbanísticas y europeas pendientes.