El Grupo Tragsa cerró 2025 con una facturación de 2.603 millones de euros, lo que representa un incremento del 29% respecto a 2024, y con un resultado consolidado superior a los 81,5 millones de euros, según ha comunicado este jueves la compañía pública.
La empresa explica que este avance se debe principalmente a la puesta en marcha de proyectos vinculados a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como a intervenciones de reparación y reconstrucción de los daños ocasionados por la dana.
A cierre del 31 de diciembre del pasado ejercicio, la cartera de contratos del grupo rebasó los 3.610 millones de euros. El beneficio consolidado del año se situó en 81,5 millones, frente a los 59,8 millones de 2024, a lo que se añadió el impacto de la venta de Cytasa, su filial en Paraguay, operación que generó un beneficio neto de 29 millones de euros.
Estos resultados, refrendados este jueves por los 72 socios que integran las Juntas Generales de Accionistas de Tragsa y Tragsatec, consolidan “la senda de crecimiento y la evolución” de la compañía y permiten al grupo “encarar el actual ejercicio con la fortaleza suficiente para responder de forma ágil y eficaz”, según recoge la nota difundida.
Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la confianza de las administraciones públicas en el grupo, según subraya el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas, quien remarca el papel de la entidad como un “instrumento de cohesión territorial al servicio de todas las administraciones a nivel local, autonómico y estatal”.
En 2025, el Grupo Tragsa llevó a cabo 5.636 actuaciones, de las que 3.112 se corresponden con nuevos encargos formalizados durante ese ejercicio, lo que supone un aumento del 13,9% en comparación con los de 2024.
Por áreas de actividad, sobresale el ámbito de medio ambiente, con 1.967 actuaciones por un importe de 602 millones de euros, y el área de agua, con 701 intervenciones que suman 523 millones. En el segmento de construcción se ejecutaron 594 actuaciones por un valor de 507 millones, equivalentes al 1,5% del volumen total licitado por las distintas administraciones públicas.
La Junta General de Accionistas dio también luz verde al reparto del dividendo entre las administraciones públicas que son propietarias del grupo, y las cuentas anuales incluyen el ‘Estado de Información No Financiera’.