La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha vuelto a poner el foco en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y simplificar la burocracia para poder desarrollar vivienda asequible, después de que Casa 47 haya anunciado una inversión de 200 millones de euros para levantar hasta 2.500 viviendas en suelos de titularidad pública. La patronal del sector aplaude la iniciativa, aunque recuerda que incrementar el parque residencial requiere una política continuada de inversión, suelo disponible y una colaboración público-privada real y estable.
Según la organización, la cooperación entre las administraciones y las compañías constructoras resulta “imprescindible” para hacer frente al déficit de vivienda existente. En esta línea, subraya que el sector público puede aportar el suelo, la ordenación urbanística y los programas de apoyo económico, mientras que las empresas privadas ponen sobre la mesa su capacidad técnica, su experiencia y los recursos necesarios para sacar adelante las promociones.
Pese a ello, la CNC alerta de que las actuaciones deben garantizar su viabilidad económica y rechaza que las compañías asuman cada vez más riesgos, soporten unos costes de construcción al alza y se enfrenten a trámites administrativos excesivamente largos, sin un marco de condiciones económicas que haga posible culminar los proyectos con garantías suficientes.
En consecuencia, la patronal reclama un entorno regulatorio claro, con seguridad jurídica, procesos de licitación bien planteados y precios acordes con los costes reales de edificación. Al mismo tiempo, sostiene que las ayudas públicas son relevantes, pero no bastan si no se resuelven otros cuellos de botella, como la falta de suelo finalista, la lentitud de los procedimientos administrativos, las dificultades para asegurar la rentabilidad de determinadas promociones y la escasez de mano de obra cualificada.
El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha advertido de que la financiación por sí sola no resulta efectiva si el suelo no está urbanizado, las licencias se retrasan durante años o no hay profesionales suficientes para ejecutar los trabajos. Por este motivo, apuesta por una hoja de ruta estable y ambiciosa, con objetivos de construcción sostenidos en el tiempo y una mayor coordinación entre las distintas administraciones.
“España no necesita únicamente más anuncios de viviendas. Necesita más viviendas terminadas, disponibles y asequibles”, ha afirmado Fernández Alén, insistiendo en la importancia de ampliar el suelo disponible, acortar los plazos administrativos, facilitar el acceso a la financiación y asegurar un marco de actuación previsible para todos los agentes implicados.
En su intervención final, el máximo responsable de la patronal ha recalcado que el problema de acceso a la vivienda no se solucionará enfrentando al sector público con el privado, sino reforzando la cooperación entre ambos para levantar más viviendas en menos tiempo y a precios asequibles para la población.