SpainDC, la patronal española de 'data centers', considera especialmente “revelador” que el nuevo borrador de real decreto para regular estos centros incluya un régimen particular para ciertos proyectos, entre ellos los ligados a la gigafactoría de inteligencia artificial (IA) de Mora la Nova (Tarragona), promovida por el Gobierno.
De acuerdo con el texto remitido por el Ejecutivo al Consejo de Estado, la futura norma contempla un régimen “específico para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la Unión Europea cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial (IA) y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias”.
“La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar”, ha señalado la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís. “Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles”, ha añadido.
La asociación subraya así la “incoherencia de flexibilizar ciertas condiciones exclusivamente para determinados desarrollos vinculados a propuestas públicas”. “Esta diferenciación refuerza las dudas sobre la proporcionalidad del régimen general y sobre el trato que recibirán las inversiones privadas que compiten por desarrollar la misma infraestructura digital”, ha indicado la patronal.
Críticas a la discriminación frente a la Administración
Fuentes del sector califican la norma de ilegal por entender que resulta imposible de aplicar y denuncian un trato de favor evidente, ya que el Ejecutivo se otorga una exención a sí mismo, deja fuera a los centros de datos de la Administración pública y, al mismo tiempo, excluye de las obligaciones a proyectos como la gigafactoría de IA de Mora la Nova (Tarragona).
Frente a lecturas en prensa que apuntaban a una rebaja de las condiciones, estas fuentes lo niegan rotundamente: “La lectura que le han querido dar de que se suaviza, no; se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos”.
Según estas mismas voces, el real decreto empuja a la industria a optar entre exigir un 80% de generación renovable con un 80% de correlación horaria —un requisito que tildan de desproporcionado y que implicaría multiplicar por 14 la capacidad de la red— o asumir el riesgo de interrupciones en el suministro, convirtiendo a los centros de datos en el único sector sometido a esta limitación.
SpainDC rechaza el nuevo borrador
La patronal ha mostrado su rechazo al nuevo texto del real decreto enviado al Consejo de Estado, al entender que mantiene los requisitos que ya hicieron “inviable” la propuesta original e incorpora, además, nuevos factores de riesgo para la operación, la seguridad jurídica y la atracción de capital.
Lejos de suponer una relajación, SpainDC sostiene que el documento añade una alternativa que considera especialmente preocupante. En concreto, denuncia que los centros que quieran acogerse a una transición gradual antes de cumplir íntegramente el objetivo del 80% renovable hora a hora deberán aceptar que el operador del sistema pueda provocar un apagón cuando lo estime necesario, sin fijar límites claros sobre su frecuencia o duración ni ofrecer la previsibilidad que requiere una infraestructura crítica.
“Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón”, ha criticado el presidente de SpainDC, Emilio Díaz. “Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión”, ha comentado.
Villacís, por su parte, reprocha que exista un señalamiento “específico” a los centros de datos que no aceptan esta opción. “No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado”, ha afeado.
En la misma línea, ha insistido en que “la transición no es una concesión sin contrapartidas”. “La elección es entre cumplir desde el principio una obligación que consideramos inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor”, ha lamentado.
El 80% renovable hora a hora y los proyectos en marcha
El borrador conserva como régimen general la obligación de que, en cada hora, al menos el 80% del consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable producida en ese mismo intervalo.
SpainDC sostiene que esto pasa por alto recomendaciones clave del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recogía buena parte de las críticas del sector, como la rigidez de la correlación horaria, el riesgo de sobredimensionar generación y almacenamiento y la ineficiencia de exigir nueva capacidad renovable cuando el sistema ya dispone de excedentes.
Tampoco se modifica uno de los aspectos que más inquieta a las empresas con proyectos avanzados: aquellas que cuenten con permisos de acceso y conexión pero aún no estén físicamente conectadas solo dispondrán de seis meses para ajustarse a las nuevas reglas, con la amenaza de perder permisos y garantías si no lo logran.
Al respecto, Díaz advierte de que “éste no es un debate sobre inversiones hipotéticas”, sino que “hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía”.
SpainDC activará las vías regulatorias y jurídicas
La asociación considera que la introducción del Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) —mecanismo al que se vincula la transición y que puede desembocar en un apagón— supone una modificación sustancial respecto al texto sometido a audiencia pública y sobre el que se pronunció la CNMC.
“Si después del informe del regulador introduces una vía que puede terminar en un apagón y la conviertes en una pieza central del decreto, la CNMC debería poder pronunciarse sobre esa meva realidad”, ha señalado Villacís.
SpainDC presentará nuevas observaciones y alegaciones, trasladará sus críticas al Consejo de Estado y reclamará que la CNMC emita un nuevo informe sobre el borrador actualizado.
Además, la patronal examinará la cobertura legal de las obligaciones previstas y promoverá la revisión del cumplimiento del procedimiento europeo TRIS, regulado en la Directiva (UE) 2015/1535, incluida la posible notificación a la Comisión Europea si fuera jurídicamente exigible.
“Vamos a utilizar todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance”, ha defendido Díaz, quien concluye que esta regulación “es capaz de alterar inversiones comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España”.