La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha avisado de que la intención de incorporar en el nuevo decreto de vivienda una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028, tal y como han informado desde Sumar, podría reducir todavía más el número de viviendas disponibles en arrendamiento y elevar la tensión en este mercado.
La federación ha pedido al Gobierno que analice en profundidad el impacto de esta iniciativa antes de sacarla adelante y ha remarcado que, mientras no se actúe para aumentar de forma efectiva la oferta de vivienda en alquiler, cualquier cambio normativo que limite la capacidad de decisión de los propietarios sobre sus contratos puede acabar siendo perjudicial para los propios inquilinos.
De acuerdo con los datos recabados por las agencias inmobiliarias integradas en FAI, el 21,9% de los propietarios con viviendas gestionadas por estas firmas ha decidido en el último año abandonar el mercado del alquiler residencial de larga duración.
La organización ha subrayado que las medidas que, a su entender, generan mayor inseguridad jurídica o incertidumbre a los propietarios terminan desincentivando que las viviendas se mantengan en el mercado del alquiler residencial y no han servido para incrementar la oferta disponible.
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha defendido que las políticas de vivienda deben diseñarse atendiendo al funcionamiento real del mercado y ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar oferta para facilitar el acceso al alquiler. En esta línea, ha advertido de que endurecer las restricciones sobre los propietarios puede acabar provocando una caída del parque de viviendas en alquiler y una presión adicional sobre los precios.
Por este motivo, la federación se inclina por desarrollar medidas que favorezcan la incorporación de nuevas viviendas al alquiler residencial y refuercen la confianza de los propietarios, con el fin de ampliar la oferta de vivienda de larga duración.