El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dejado este miércoles la puerta abierta a una revisión del complemento de residencia de los empleados públicos destinados en Canarias. Lo ha hecho después de que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, reclamara que su actualización se equipare a la propuesta para Baleares, y ha garantizado que el Gobierno abordará también este asunto una vez resuelta la situación "más urgente" del archipiélago balear.
López ha realizado estas manifestaciones durante el debate de convalidación del real decreto ley que recupera la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y actualiza el complemento de residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado en Baleares.
En el debate, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha avanzado el voto favorable de su grupo al considerar "justas" tanto la recuperación de la jubilación parcial como la mejora del complemento de residencia en Baleares. Sin embargo, ha exigido al Gobierno que extienda esa actualización a Canarias, denunciando que el plus lleva congelado desde 2007 pese al aumento del coste de la vida y las dificultades para cubrir plazas en el sector público.
Los grupos partidarios de la convalidación han subrayado que el decreto recupera un derecho para el personal laboral de las administraciones públicas y facilita el relevo generacional. En esta línea se han pronunciado el diputado del PNV Mikel Legarda, el portavoz de EH Bildu Oskar Matute, la diputada de ERC Pilar Vallugera y la diputada de Sumar Engracia Rivera, que, con matices distintos, han pedido también que la futura reforma de la Función Pública contribuya a reducir la temporalidad y a dar una salida a la situación del personal interino.
Desde Sumar, el diputado Vicenç Vidal ha valorado positivamente la actualización del complemento de residencia en Baleares, aunque ha reclamado medidas adicionales para afrontar el elevado coste de la vivienda y de la vida en el archipiélago.
Por su parte, la diputada de Podemos Ione Belarra ha centrado su intervención en denunciar el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas y ha reiterado la exigencia de "fijeza ya" para los interinos en fraude de ley. Ha condicionado además el apoyo de su formación a una futura reforma de la Función Pública a que el Gobierno atienda primero esta problemática.
En el bloque crítico, el diputado de Junts Josep Pagès, el del PP Ángel Ibáñez y el de Vox Emilio Jesús del Valle han coincidido en cuestionar el uso del decreto ley, aunque por razones distintas. Pagès ha reprochado al Ejecutivo recurrir a esta vía mientras mantiene sin resolver otros asuntos que afectan a Cataluña; Ibáñez ha defendido que el Gobierno intenta corregir con este texto un problema generado por su propia gestión y ha pedido una reforma integral de la Función Pública; y Del Valle ha anunciado el voto en contra de Vox, ha censurado que el decreto deje fuera a los funcionarios y ha tildado de insuficiente la actualización del complemento de residencia en Baleares.
En su réplica, López ha recalcado que el principal foco de temporalidad se encuentra en las comunidades autónomas, ha solicitado colaboración para sacar adelante la futura Ley de Función Pública y ha agradecido el apoyo de los grupos que permitirán la convalidación del decreto.
Durante la sesión, Coalición Canaria, PNV, EH Bildu, ERC, Sumar y PSOE han manifestado explícitamente su voto favorable al real decreto, mientras que Vox ha confirmado su rechazo. Junts ha expresado su acuerdo con el contenido de la norma sin precisar el sentido de su voto, al igual que Podemos y el PP, que han centrado sus intervenciones en otras críticas al Gobierno.