El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha dado a conocer este jueves un decálogo de buenas prácticas para el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en los despachos pequeños y medianos de auditoría, advirtiendo de que la IA introduce nuevos riesgos en las empresas cuyo seguimiento y mitigación harán que la labor de auditoría sea “determinante”.
El documento se ha presentado en el XXVII Congreso Nacional de Auditoría y 35.º Congreso Arco Mediterráneo de Auditoría, celebrado bajo el lema “Auditoría de cuentas: las personas, la clave de nuestra IA”. Según explica la entidad en una nota, el decálogo resalta, entre otros aspectos, que “el juicio profesional y el escepticismo son indelegables, que la confidencialidad de la información es irrenunciable, que todo resultado relevante de la IA debe someterse a verificación crítica y que su uso debe ser trazable y estar documentado”.
El presidente del ICJCE, Víctor Alió, ha sido el encargado de presentar en Valencia el decálogo “IA responsable en los despachos de auditoría”, en un acto en el que también han participado la presidenta del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de la Comunitat Valenciana, Lola Mor; el presidente del AMA, Joan Vall; la primera teniente de alcalde de Valencia, María José Ferrer San Segundo; y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán.
Al encuentro han acudido cerca de 800 profesionales de la auditoría, alrededor de 400 estudiantes de la Comunitat Valenciana y más de 100 firmas que concentran aproximadamente el 90% de la facturación del sector. El texto insta a analizar los riesgos derivados de la IA que emplea la entidad auditada y su impacto en los procesos internos, en los sistemas de control y en la fiabilidad de la información. La idea central es que la IA puede apoyar en determinadas tareas, pero no reemplaza el juicio profesional, la obtención de evidencia suficiente y adecuada ni la responsabilidad última del auditor.
“Este decálogo está concebido para que ninguna firma camine a ciegas y para que la tecnología esté siempre al servicio de lo que somos y seguiremos siendo: garantes de la confianza pública. Aún no sabemos cómo serán estos servicios, pero para acompañaros haremos un esfuerzo similar al vuestro: incorporaremos la IA para ofrecer servicios nuevos y mejores, no solo para hacer lo mismo con más eficiencia”, ha señalado Víctor Alió durante su intervención.
De acuerdo con el informe “El reto de la inteligencia artificial para la auditoría”, elaborado por el ICAC y la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (Asepuc), el 62% de los profesionales de la auditoría ya utiliza IA en su trabajo cotidiano, aunque únicamente el 45% ha recibido formación específica y solo el 27% de las firmas dispone de una estrategia integral en esta materia.
Lola Mor ha subrayado que “la IA está transformando nuestra manera de trabajar y nos ofrece nuevas posibilidades para avanzar hacia una auditoría más eficiente, ampliar nuestra capacidad de análisis y mejorar la identificación de riesgos”, y ha añadido que “el reto está en integrar estos avances en nuestra actividad, desarrollar nuevas competencias y mantenernos actualizados para responder a las necesidades de un entorno que evoluciona constantemente. Pero también debemos tener presente que ninguna herramienta puede sustituir el criterio profesional, la experiencia, la ética o la capacidad de interpretar la realidad que hay detrás de los datos”.
Reformas clave para la próxima legislatura
El ICJCE, que agrupa a firmas responsables de cerca del 90% de la facturación del sector, plantea cinco líneas de reforma prioritarias para la próxima legislatura: la creación de un supervisor verdaderamente independiente; la revisión de las cargas administrativas y obligaciones de cumplimiento que soportan los auditores; la aprobación del marco regulador de la información sobre sostenibilidad para la próxima década; el reconocimiento oficial de la figura del experto contable; y el desarrollo de una normativa que permita aprovechar plenamente las oportunidades de la Inteligencia Artificial.
Respecto al supervisor independiente, la corporación defiende que el ICAC debería operar de forma similar a otros reguladores ya existentes en España, como la CNMV o la CNMC, con autonomía orgánica y funcional, plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado, y sometido al control de las Cortes y de los tribunales.
En relación con las cargas administrativas, el ICJCE reclama estabilidad normativa y que no se impongan nuevas obligaciones innecesarias. A su juicio, una regulación que reduzca la carga burocrática del auditor, combinada con el uso de la IA, contribuiría a hacer la profesión más atractiva para las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, advierte de que es un error considerar la auditoría como una mera carga administrativa, ya que se trata de una herramienta de gestión que incrementa la eficiencia de las compañías. “Una auditoría da información más fiable a los accionistas, a las entidades financieras y a las administraciones públicas, reduce los errores contables y refuerza el control interno de las empresas. Además, contribuye a la lucha contra la evasión fiscal y otros delitos económicos”, ha recordado Alió.
La organización insiste también en la urgencia de fijar el marco que regirá la información de sostenibilidad en los próximos años y reclama reglas “claras y homogéneas, las mismas para todos los profesionales que verifiquen esta información”, al tiempo que defiende la verificación obligatoria como instrumento esencial frente al greenwashing, una de las grandes preocupaciones de los supervisores a escala internacional. El ICJCE propone mantener la obligación de verificación para las empresas que ya están sujetas a ella y advierte de que reducir el número de compañías obligadas debilitaría el sistema.
Asimismo, recuerda que, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países de la UE, en España la figura del experto contable carece de reconocimiento y regulación específicos. Por ello, el REC, promovido por el ICJCE y el Consejo General de Economistas, reclama una ley que defina este perfil profesional y equipare su cualificación a la del resto de Europa.
Por último, la corporación propone impulsar un marco regulatorio que permita explotar de forma segura y eficaz el potencial de la IA. “Si nuestros políticos deciden en algún momento apostar por el entendimiento les podemos asegurar que la auditoría de cuentas es un activo en el que van a poder asentar futuros acuerdos y desatacan que ahora mismo ICAC, Corporaciones, AECA, Universidades, CNMV, y el resto de los actores relacionados con el sector mantienen unas relaciones “muy constructivas” y coinciden en las principales reformas que necesitamos por lo que “hay que aprovechar este clima para avanzar en estas grandes asignaturas pendientes”, ha subrayado Alió.