Oxfam Intermón ha advertido de que la decisión de la Diputación Permanente del Congreso de rechazar el real decreto que incluía la renovación automática de los contratos de alquiler puede provocar que cerca de un millón de inquilinos adicionales entren en una situación de sobreesfuerzo económico en 2029. Ese año concluirá la prórroga extraordinaria de dos años que sí ha sido convalidada, momento en el que muchas familias podrían verse obligadas a destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.
De acuerdo con los cálculos de la organización, si al término de esta prórroga extraordinaria, a finales de 2028, los contratos tuvieran que actualizarse a precios de mercado, el volumen de arrendatarios en sobreesfuerzo pasaría de los 2,3 millones previstos para 2025 a más de 3,3 millones en 2029.
En ese escenario, la proporción de inquilinos que pagan alquiler a precio de mercado y se encuentran en situación de sobreesfuerzo se incrementaría desde el 27,7% hasta el 39,3%.
La entidad ha alertado igualmente de que más de cinco millones de personas que viven de alquiler podrían quedarse sin una respuesta estable una vez expire la prórroga extraordinaria. Cataluña, con cerca de 1,2 millones de potenciales afectados; la Comunidad de Madrid, con algo más de un millón, y la Comunidad Valenciana, con alrededor de 600.000, figuran como las autonomías con mayor número de hogares expuestos a tener que renovar sus contratos en condiciones de mercado.
Además, Oxfam Intermón estima que una persona que firmó su contrato en 2022 y tuviera que renovarlo en enero de 2029 a precio de mercado podría enfrentarse a un encarecimiento del alquiler de hasta el 48%. Si la renovación se produjera en la actualidad, el incremento sería del 31%.
“La votación de hoy demuestra que la vivienda no puede seguir abordándose con una sucesión de medidas de emergencia”, ha señalado el responsable de vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil, quien ha valorado positivamente que haya salido adelante el decreto que refuerza la función social de la vivienda.
Pese a ello, Oxfam Intermón ha subrayado que varias de las medidas aprobadas tienen una duración limitada y ha instado a los partidos políticos a que, de cara a la próxima legislatura, aseguren la estabilidad de los contratos de alquiler y amplíen la disponibilidad de vivienda asequible y social.
Entre las iniciativas que propone, la organización plantea implantar un sistema de renovaciones automáticas de los contratos, poner en uso viviendas ya existentes y aumentar el parque público y social, además de impulsar actuaciones que frenen la especulación inmobiliaria.
“Una crisis estructural no se resuelve encadenando soluciones excepcionales”, ha afirmado García-Gil, que ha reclamado a las formaciones políticas que transformen las reivindicaciones expresadas durante la huelga general y las manifestaciones del 11 de noviembre en “garantías duraderas”.