PSOE y Frente Amplio han vuelto a respaldar las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler y las ventajas fiscales incluidas en los últimos reales decretos de vivienda, mientras que el PP ha centrado su alternativa en levantar un millón de nuevas viviendas y Vox ha colocado la “remigración” y la reducción de la demanda ligada a la inmigración entre sus principales ejes.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (PSOE), el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Frente Amplio), el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, han confrontado este viernes en La Sexta sus recetas económicas ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
La vivienda ha sido uno de los asuntos centrales del cara a cara, en un contexto en el que el acceso a una casa se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y ha estado en el origen de la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Cuerpo ha planteado que la cita del 29 de noviembre enfrenta “dos opciones” en política de vivienda y ha alertado sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría tumbar las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Ha calculado en 1,9 millones los hogares, alrededor de cinco millones de personas, que podrían acogerse a una prórroga de dos años en sus contratos de arrendamiento.
El responsable de Economía ha negado que estas iniciativas enfrenten a propietarios e inquilinos y ha subrayado que los pequeños arrendadores también salen favorecidos. A su entender, un casero que rebaje la renta puede ver aumentada su renta disponible gracias al tratamiento fiscal previsto. “Los dos se benefician de alquilar bien”, ha señalado.
Bustinduy ha ligado la aprobación del último decreto de vivienda a la presión de las movilizaciones sociales y ha agradecido la participación en la huelga general, así como el papel de los jóvenes en las protestas por el derecho a una vivienda digna.
“Nosotros defendiendo a los inquilinos, a la clase trabajadora, y el Partido Popular y Vox votando a favor de los grandes propietarios y de los fondos buitre”, ha recriminado.
El dirigente de Frente Amplio ha recordado que su formación ha puesto sobre la mesa un impuesto a la acumulación de viviendas que gravaría, a partir de la cuarta vivienda en alquiler, con un 10% del valor total del inmueble. Ha defendido que esta figura fiscal alcanzaría al 1% de los propietarios y permitiría movilizar 1,3 millones de viviendas hacia el alquiler asequible.
El ministro de Derechos Sociales ha abogado igualmente por impulsar un parque de vivienda pública protegida de forma permanente y ha cuestionado que los jóvenes puedan competir, con los actuales precios de mercado, frente a fondos de inversión que compran inmuebles sin necesidad de recurrir a una hipoteca.
El PP propone “construir, facilitar y proteger”
En su intervención, Bravo ha achacado la situación actual del mercado de vivienda a la “mala gestión” del Gobierno y ha resumido la propuesta del PP en tres pilares: “Construir, facilitar y proteger”. Apoyándose en datos que ha atribuido al Banco de España, ha situado el déficit en 750.000 viviendas y ha advertido de que podría alcanzar el millón en 2028 si no se acelera el ritmo de construcción.
El dirigente popular ha reiterado el compromiso de su partido de promover un millón de viviendas en la primera legislatura y ha abogado por reformar la legislación del suelo, aprobar una ley específica contra la ocupación y aplicar rebajas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda.
Entre estas medidas, ha citado una reducción del IVA del 60%, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una “hucha Hogar Joven” con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros acompañadas de deducciones fiscales.
En cuanto al alquiler, ha defendido la posibilidad de prorrogar voluntariamente los contratos durante tres años, mediante incentivos tanto para el arrendador como para el inquilino. Bravo ha contrapuesto este planteamiento al “intervencionismo” y ha interpelado a Cuerpo por un artículo de 2014 en el que, según ha dicho, advertía de que los costes de los controles de alquiler superaban sus beneficios.
Vox sitúa la inmigración en el centro del debate
Por su parte, Figaredo ha atribuido la crisis de acceso a la vivienda a la combinación de una oferta insuficiente y un incremento de la demanda que ha vinculado directamente a la política migratoria del Gobierno. “En España cada vez hay más gente y menos casas”, ha defendido.
El portavoz económico de Vox ha incluido entre sus prioridades la “remigración”, que ha concretado en el retorno a sus países de origen de las personas extranjeras que cometan delitos, así como la prohibición de alquilar a inmigrantes en situación irregular. También ha reclamado una menor regulación, mayor seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la supresión de impuestos para la primera vivienda.