Las compañías del Ibex 35 han afianzado la difusión de datos sobre los componentes esenciales de sus sistemas de 'compliance' (cumplimiento normativo). No obstante, el último informe “Transparencia y buen gobierno de las prácticas de compliance de las empresas del IBEX 35”, elaborado por la Fundación Haz con el respaldo de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), constata que aún no explican con suficiente detalle cómo operan estos mecanismos, qué resultados concretos obtienen ni qué mejoras introducen.
Según la edición de 2026 del estudio, el conjunto de las empresas del principal índice español alcanza un nivel medio de cumplimiento del 62% respecto al estándar fijado por la fundación. Pese a ello, únicamente 13 cotizadas se incluyen en el grupo de firmas “transparentes”, al rebasar el 65% de los indicadores de evaluación. Otras 21 quedan clasificadas como “translúcidas” y solo una, ArcelorMittal, figura como “opaca” al situarse por debajo del 32% de cumplimiento.
En el extremo opuesto, ACS, Iberdrola e Inditex lideran el ranking con 31 puntos sobre 34, lo que supone un 91% de cumplimiento, seguidas por Enagás, con 30 puntos (88%), y Acerinox, con 27 puntos (79%).
A pesar de las lagunas detectadas en la rendición de cuentas sobre la eficacia real de estos sistemas, el documento subraya la mejora experimentada desde la primera edición del análisis, publicada en 2021, cuando solo el 8% de las integrantes del índice alcanzaba la categoría de transparente y el 31% se encuadraba en el grupo de opacas.
De esta manera, el informe concluye que el umbral básico de transparencia formal está “razonablemente asentado” entre las grandes cotizadas españolas. El 100% de las empresas difunde su código ético o de conducta y ofrece información sobre sus principales riesgos de incumplimiento, así como sobre las medidas diseñadas para mitigarlos.
Además, el 91% declara de forma completa su programa o sistema de compliance; el 94% detalla el procedimiento de gestión del canal ético, y el 86% identifica correctamente a la persona responsable de cumplimiento, aportando también datos sobre la formación en esta materia.
“El reto, por tanto, ya no consiste en acreditar la existencia de estos elementos, sino en explicar mejor su funcionamiento, sus resultados y su contribución efectiva al sistema”, aseveran desde la Fundación Haz.
Con este objetivo, la organización ha revisado en el estudio el indicador 4.3, relativo a las acciones derivadas del canal ético, y el 5.2, centrado en la información que el comité de auditoría o la comisión competente debe facilitar sobre la supervisión del sistema.
Ambas modificaciones buscan avanzar desde una transparencia meramente formal, limitada a constatar la existencia de herramientas, hacia una rendición de cuentas “más sustantiva, capaz de ofrecer evidencias sobre el funcionamiento real del modelo”, tal y como han resaltado los autores del informe.
Esta distancia entre la forma y el fondo se aprecia con claridad en los órganos de gobierno. Aunque el 71% de las cotizadas informa de manera completa sobre la labor de supervisión de su comité de auditoría, y otro 23% lo hace de manera parcial, solo ACS demuestra que evalúa la eficacia real del sistema ante el consejo de administración, según la investigación. Por detrás, únicamente cinco empresas cumplen parcialmente este criterio (14%), mientras que las 29 restantes (83%) no alcanzan el estándar exigido.
Canal ético y rendición de cuentas
En paralelo, el estudio refleja que el 94% de las compañías publica de forma completa su procedimiento de gestión del canal ético y el 72% informa de manera adecuada sobre las consultas y denuncias recibidas a través de este mecanismo. Sin embargo, únicamente el 6% cumple íntegramente el nuevo indicador 4.3, centrado en las acciones emprendidas a partir de esas comunicaciones, mientras que el 57% lo hace de manera parcial.
“La mayoría informa de medidas disciplinarias, correctivas o contractuales, pero son pocas las que explican los aprendizajes obtenidos y su incorporación a los controles, la formación, la evaluación de riesgos o la planificación del sistema”, han defendido los expertos. Iberdrola e Inditex son las dos únicas empresas cuya información permite acreditar el estándar ampliado.
En lo que respecta a la función de compliance, la Fundación Haz constata que está ampliamente reconocida en las estructuras internas, pero advierte de que la transparencia sobre su autonomía, los recursos de que dispone y su rendición de cuentas “continúa siendo insuficiente”.
“Aunque el 86% de las compañías identifica adecuadamente al responsable, solo el 6% informa de forma completa sobre el presupuesto y el personal asignados a la unidad y únicamente el 34% acredita plenamente la intervención del consejo o de una de sus comisiones en su nombramiento y destitución”, han subrayado los autores. Por este motivo, a pesar de que la publicación del informe anual de compliance avanza del 11% al 20%, el estudio considera que sigue siendo “minoritaria”.